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Caso abuso de garantías: Fiscalía pide llamar a juicio por prevaricato a tres jueces del Guayas que dieron paso a acción de protección en contra de la norma

En este caso como acusadores particulares de los tres jueces investigados por prevaricato intervienen la Procuraduría General del Estado y el Banco Central.

QUITO (14-02-2024).- Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) contra tres jueces de la provincia del Guayas que son acusados del delito de prevaricato, dentro del caso Abuso de Garantías. Captura de Pantalla. Foto: Captura de pantalla.

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Una vez que en la etapa de investigación se habrían podido establecer con “claridad y certeza” “la presunción necesaria que permite verificar la existencia de su participación y responsabilidad” en la infracción de prevaricato que se investiga, el fiscal general subrogante Wilson Toainga solicitó, este miércoles 14 de febrero, al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova que llame a juicio a los jueces de la Corte Provincial del Guayas Lenín Zeballos, Jessy Monroy y Roberto Angulo.

Zeballos, Monroy y Angulo son acusados del delito de prevaricato, tipificado en el artículo 268, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esa norma señala que los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados, procuradores, serán sancionados con pena de cárcel de cinco a siete años y una multa de 20 a 30 salarios básicos unificados.

Además, define en el inciso primero que si se ha beneficiado a un grupo de delincuencia organizada o en delitos contra la administración pública, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

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Jueces que otorgan medidas como acciones de protección sí son sujetos de prevaricato, aclaró la Corte Constitucional en sentencia

El procesamiento penal de Zeballos, Monroy y Angulo se dio como parte de una sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC) en junio de 2023 para evitar el abuso de acciones constitucionales. La CC emitió un fallo el 8 de junio luego de analizar una acción de protección concedida en ambas instancias en contra del Banco Central. En ella se determinó que los jueces que conozcan garantías jurisdiccionales como habeas corpus, habeas data o acciones de protección pueden ser sujetos de sanción penal por prevaricato, si proceden en contra de norma expresa.

En el caso analizado, la CC revocó las decisiones revisadas después de concluir que hubo una desnaturalización de la acción de protección al habérsela concedido en contra de una decisión jurisdiccional adoptada en un proceso penal. Además, concluyó que los jueces ejecutores se extralimitaron en sus competencias al reformar ilegalmente la sentencia de segunda instancia para extender sus efectos a personas no contempladas en ella.

La CC escogió este caso en junio pasado para regular el abuso de las acciones de protección. En su sentencia, no solo determinó que los jueces que incurran en esa práctica sí pueden ser procesados penalmente por prevaricato, sino también que resolvió que los tres jueces cometieron un error inexcusable al mal usar esa garantía en un caso puntual en el que beneficiaron a empresas privadas y obligaron al Banco Central a devolver $ 12,5 millones retenidos en un juicio.

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Lenín Zeballos, Jessy Monroy y Roberto Angulo actuaron contrario a las normas procedimentales que regulan la garantía constitucional de la acción de protección, mal usando las garantías jurisdiccionales y creando un escenario repetitivo de corrupción sistemática al haber concedido una acción de protección propuesta en contra de una decisión jurisdiccional, procediendo en contra de las normas que regulan su competencia material”, señaló el fiscal Toainga.

Los siguientes en intervenir en la audiencia fueron las acusaciones particulares: la Procuraduría General del Estado y el Banco Central del Ecuador. Los representantes legales de ambas instituciones se han adherido a la acusación hecha por la Fiscalía y presentan los elementos de prueba pericial, testimonial y documental que presentaría de ser el caso que el juez Córdova llame a juicio a los tres procesados.

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Luego de un receso de poco más de una hora aproximadamente, el turno para actuar en audiencia fue de los abogados de los tres procesados. En general, las defensas descartaron cualquier intervención en calidad de autores directos del delito de prevaricato e indicaron que no existían los elementos que constituyen el tipo penal que se investiga.

Pos casi dos horas las defensas de los procesados dieron sus argumentos de porque era una equivocación este procesamiento penal, pero aún así anunciaron la prueba testimonial, pericial y documental que presentarían de ser la resolución un auto de llamamiento a juicio. Al final de las expopsiciones, el juez Córdova dio por termonada la jornada e ingresó a deliberar sobre la resolución que adoptaría. Explicó a las partes que cuando tenga la decisión les convocará para darles a conocer oralmente el fallo. (I)

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