La Contraloría General del Estado se prepara para ejecutar exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de 50 jueces de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El titular de la Contraloría, Mauricio Torres Maldonado, informó este 21 de marzo de 2024 que se están realizando aproximadamente 120 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juramentadas; de estos, 63 corresponden a jueces de Guayas.

En esa jurisdicción, según Torres, se han cuantificado 423 declaraciones que se van a contrastar, tanto del inicio como las periódicas y finales. Producto de ello se determinará a quiénes se auditará.

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Esto se da en el contexto del caso Metástasis, en el que la Fiscalía General del Estado indaga el delito de delincuencia organizada y en el que están procesados 39 personas, entre jueces, policías, servidores judiciales, políticos, exautoridades y líderes de grupos de delincuencia organizada (GDO) vinculados al narcotráfico.

El contralor informó que está por notificarse a los siete exjueces que están presos, procesados en el caso mencionado, y uno que está con arresto domiciliario.

En Santo Domingo de los Tsáchilas se examinarán las declaraciones de 50 jueces; otras adicionales por solicitud de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz; y, algunas por pedidos que se han hecho -también por el Legislativo- para servidores de la provincia de Zamora Chinchipe, aunque no se precisó a quiénes.

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Torres reveló de estas acciones de control en el evento de rendición de cuentas de la Contraloría, que se dio el jueves último.

Las cifras oficiales indican que en el 2023 se realizaron 1.292 acciones de control y se aprobaron 1.457 informes generales.

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De ese número, 301 informes que resultaron con indicios de responsabilidad penal (IRP) se enviaron a la Fiscalía para su investigación, observando que las provincias con mayor cantidad fueron Pichincha con 87, Guayas con 66, Esmeraldas con 23 y Los Ríos con 22.

Adicionalmente, se emitieron 7.346 resoluciones con responsabilidades administrativas y civiles que ascienden a $ 293 millones.

Se recuperaron $ 9,8 millones para el Estado, a través de procesos de coactiva.

Hace pocos días, la institución informó que en los cien días de gestión de Torres se aprobaron 426 auditorías y 62 expedientes concluyeron con IRP que se trasladaron a la Fiscalía General, ante la sospecha de un perjuicio al Estado por $ 46,6 millones.

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En este primer trimestre también se habían establecido responsabilidades civiles y administrativas por $ 38 millones. (I)