Fiscalía acusa como coautores del delito de tráfico de influencias a los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo

Tres horas de análisis a los argumentos presentados en la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Vocales le permitieron al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, resolver que no existen vicios que anulen todo lo actuado hasta el momento por la Fiscalía General del Estado. Con la declaratoria de validez procesal, el proceso avanza a la segunda parte de la diligencia que se instaló la mañana de este miércoles 27 de septiembre.

Macías rechazó las cinco causales de nulidad alegadas por los abogados de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno y Juan José Morillo, investigados por el delito de tráfico de influencias. La defensa del juez de Pichincha , Vladimir Jhayya, el tercer procesado en esta causa, no plateó vicio de nulidad alguno, sino más bien solicitó al magistrado nacional que declare la validez procesal de todo lo actuado y se entre a dilucidar si hay o no los elementos suficientes para llamar a juicio a los procesados.

Al no haber sido notificado de que su competencia estaba suspendida mientras se resuelve la recusación presentada por la vocal Barreno contra Macías, el juez instaló en su quinto intento la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. El lunes último, la defensa de Barreno interpuso una segunda demanda de recusación con el fin de que Macías se aleje del proceso penal.

La denuncia aún no ha sido aceptada a trámite, pues el juez a cargo, Felipe Córdova, también de la CNJ, decidió que al no ser claro lo que se solicitaba desde la defensa de Barreno, daba cinco días para que complete, aclare y se especifique lo que requiere.

La investigación del caso Vocales arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la vocal Barreno, pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.

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Una vez resuelto que no existen vicios de nulidad y que no se han violentado derechos de los investigados ni tampoco ha existido ninguna vulneración al procedimiento o al trámite, el juez Macías dio paso a la fiscal general Diana Salazar para que fundamente su dictamen contra Barreno, Morillo y Jhayya.

La vocal Barreno estuvo conectada vía telemática en la primera parte de la diligencia, pero para el momento del dictamen de Fiscalía no se se volvió a conectar. Morillo se mantuvo conectado vía telemática, mientras Jhayya fue el único procesado que de manera presecial acudió a la Sala de la CNJ.

“Debemos escuchar su dictamen, puesto que en su petición, que consta en el proceso, usted radicó en que iba a manifestar un dictamen acusatorio sobre las personas procesadas”, dijo Macías.

Inmediatamente, Salazar señaló que el grado de participación en el delito de tráfico de influencia investigado por el que se acusa a Barreno y Morillo es el de coautores, mientras que a Jhayya lo acusó como cómplice. Todos, dijo la fiscal, son acusados por el delito determinado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 42.3 del mismo cuerpo legal.

El artículo 285 del COIP, el tráfico de influencias señala que los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otro servidor para obtener un acto o resolución que generare un beneficio económico o inmaterial favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena de tres a cinco años de cárcel.

Según la normativa, están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales o miembros de los organismos administradores del Estado o del sector público en general que, conociendo de esta arbitraria influencia, con su voto, cooperen a la comisión de este delito.

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La fiscal general luego de dar a conocer los elementos de convicción comunes y particulares que mantiene para acusar a los vocales Barreno y Morillo y el juez Jhayya, acción que le llevó más de dos horas, Salazar pidió al juez que, al existir los elementos suficientes que revelan la particiapción de los tres procesados en el acto ilícto que se investigó, emita un auto de llamamiento a juicio para todos.

Además, Diana Saalzar explicó que una vez esté ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio se oficie al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Contrsol Social (CPCCS), como entidad nominadora, y al director general del Consejo dela Judicatura para que se emita la resolución motivada con la remoción de los funcionarios que sean llamados a juicio en este proceso penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, numeral 3, y 122.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En el caso de incumplimiento, agregó la fiscal general, solicitó se oficie al Contralor General del Estado para que proceda conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 8 de su Reglamento General. En el mismo sentido, se pidió se oficie al Ministerio de Trabajo para que se realice el registro de inhabilidad de cargo público, en cumplimiento de lo establecido en la norma vigente.

Luego anunció la prueba pericial, testimonial y documental que usará si la decisión del juez Macías es llamar a juicio a los procesados.

Ya en lo que respecta a las medidas cautelares, Diana Salazar pidió que se ratifique las emitidas inicialmente (presentación periódica y prohibición de salida del país) únicamente para el vocal Juan José Morillo y el juez provincial Vladimir Jhaya.

Para la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, la fiscal general solicitó que se le cambie las medidas cautelares de presentación periódica y prohinición de salida del país y se le disponga la orden de prisión preventiva. Según Salazar, la investigada ha demostrado a lo largo de este caso la clara intención de entorpecer la administración de justicia y de obstaculizar el normal desenvolvimiento del proceso. “Las medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país no alcanzan para evitar que la procesada continúe siendo un riesgo para obstaculizar la justicia”.

Finalmente, la titular de la Fiscalía General pidió que el juez Macías emita y ratifique las medidas de protección a favor de la testigo protegido del caso. Además, con base en los últimos hechos ocurridos, solicitó medidas de protección también para el fiscal general subrogante Wilson Toainga y el fiscal Jefferson Aquieta Tamayo, de Unidad de Fuero de Corte Nacional donde se tramita este expediente.

De ser procedente, dijo Salazar, también pidió que estas medidas de protección se extiendan a los jueces de la Sala Penal de la CNJ. “Ante la reprochable actuación de los miembros del CJ nada garantiza que haya respeto al principio de independencia. Todo esto para que puedan actuar en libertad con base en lo que se está exponiendo y que no fallen por miedo, por miedo a qué: a ser suspendidos o ser destituidos”, aclaró la fiscal en la parte final de la acusación.

Después de la Fiscalía será el turno de los abogados de la Procuraduría General del Estado, pues son acusación particular en este caso, y luego vendrán las defensas de cada uno de los encausados que han recibido un dictamen acusatorio desde la Fiscalía. (I)