El presidente temporal del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, en entrevista con Diario EL UNIVERSO habló de cómo se maneja el nuevo pleno de la institución en cuanto al nuevo concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y de las razones que los llevaron a dar de baja decisiones aprobadas en la presidencia del ahora expresidente Wilman Terán.

Asegura que las decisiones que están tomando con los demás vocales son técnicas y no políticas. En esa línea, aclara que él no está manipulando ni está haciendo ninguna gestión para beneficiarse personalmente. “Yo no pienso en un futuro político mío”, aseguró.

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Apenas llegó a la presidencia del CJ se decidió cambiar a los directores de planta central, a quince directores provinciales. ¿Eso podría entenderse como que desestructuraron lo que estaba armado para algo en particular? ¿Qué encontró a su llegada que decidieron empezar el cambio por ahí?

El problema es que, cuando uno toma decisiones de desmontar las cabezas, que son los directores nacionales, es justamente para poder renovar el personal que era leal a la anterior administración. Por ese motivo es que se toma esa decisión de cesar en funciones y remover a todos los directores nacionales que se tuvo que remover y a los directores provinciales que representaban a la administración anterior.

¿Ese fue el criterio principal? ¿No encontraron quizá algo extraño?

Yo por lo menos todavía no tenía ninguna información cercana, porque como yo llegaba recién... Pero los vocales tenían ya la información de que había problemas de toda naturaleza y había alertas. No se han concretado mucho en denuncias, pero vamos poco a poco investigando y vamos a ver si encontramos algún problema de índole disciplinario o penal.

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Internamente están analizando las contrataciones hechas por la anterior administración. Hace unas semanas, un informe señalaba que la administración de Wilman Terán gastó, por ejemplo, $ 9.000 para la creación, difusión y colocación de 50 placas para “posicionar la imagen de funcionarios judiciales como personas trabajadoras, probas y honestas”. Terán siempre dijo que no había dinero.

Cuando yo llegué, creo que al tercer día, me enviaron la foto de una de estas placas y yo dispuse que se haga el estudio. Se encontró que esas placas no tenían que haber sido colocadas por el Consejo de la Judicatura. Es decir, tenía que haber sido, de acuerdo a la sentencia, porque respondía a una sentencia, colocada por la persona sentenciada. Por ese motivo, hemos ido dando la disposición a los directores provinciales de que saquen estas placas. Ahora, ese contrato será auditado por la Contraloría General del Estado, porque ya está viniendo un equipo, y va a auditar todas las contrataciones que se hicieron dentro del periodo del doctor Wilman Terán.

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¿Y cuándo empezaría?, ¿o ya empezó?

Todavía no me han comunicado que ha llegado el equipo auditor. Eso hablamos hace unas dos semanas con el contralor, y me imagino que tienen que organizar. Pensaría que en muy poco tiempo, quién sabe, en unos quince días, capaz ya esté el equipo aquí.

En el periodo pasado siempre se insistía en que no había dinero para copias, hojas, para cosas importantes. Pero cuando ustedes llegan se encuentran con gastos de $ 9.000 que podrían haberse hecho en otra necesidad. ¿Qué sensación le deja esto?

Siempre uno tiene que administrar el poco dinero que tiene eficientemente. Entonces, la política que se ha dado es que el nuevo director administrativo tenga en cuenta que debe coordinar con las direcciones provinciales sobre las necesidades que tienen los funcionarios judiciales, los jueces y los secretarios, más que todo, y tratar de satisfacerlas. Ya se hizo un diagnóstico de cada dirección para que justamente informen sobre la situación que encontró cada dirección bajo la administración de Wilman Terán.

¿Era real la falta de recursos que tenía la Función Judicial? Se pedían más de $ 270 millones.

El problema es que tenemos un presupuesto; que se le ha ido mermando, sí. Pero, con el presupuesto que tenemos, tenemos que trabajar. Ahora, de esa acción de protección no hemos recibido un solo centavo. Es decir, existieron mesas de trabajo, todo, pero de esos $ 275 millones que en sentencias se estableció no hemos recibido un solo centavo.

QUITO (19-12-2023).- Álvaro Román (c), presidente temporal del Consejo de la Judicatura, el 19 de diciembre pasado llegó a la institución a posesionarse en el cargo. Santiago Molina/ EL UNIVERSO. Foto: Santiago Molina

¿Cree que un hecho puntual real, la falta de recursos en la Función Judicial, se politizó?

A veces las personas tomamos decisiones, y unos, como yo, tomamos decisiones técnicas. Claro que mi cargo también tiene algo de injerencia política, pero tampoco la puedo llevar al ámbito solo político. Creería que deberíamos preguntarle a Wilman Terán si esa fue su intencionalidad; yo no lo sabría decir. Por lo menos de mi parte, creo que siempre hay que enfocarse en la parte técnica y no en la parte política.

¿Darle la sensación a la ciudadanía de que en este CJ hay decisiones técnicas mas no políticas ha sido complejo?

Creo que sí. Lo que más interesa es que el CJ sea una institución administrativa, técnica, jurídica. Nosotros no podemos distraernos desde el punto de vista político. Por eso, cada decisión hemos ido tomando como pleno de la Judicatura. Yo solamente funjo de presidente, pero yo no manipulo, yo no hago ninguna gestión para beneficiarme personalmente, sino que colaboro y converso con mis compañeros vocales, para que la decisión sea consensuada y que sea técnicamente avalada por los informes de las áreas técnicas. Entonces, si nosotros vamos tomando decisiones, como dejar sin efecto la resolución de ampliación de los plazos de los jueces, la nulidad del concurso de la Nacional, esas son cuestiones técnicas que hemos ido sustentándolas jurídicamente, porque tiene que ser seria nuestra institución. (...) Yo no pienso en la política; yo no pienso en un futuro político mío. Yo estoy pensando en que debo hacer bien las cosas para que la Función Judicial recupere su institucionalidad, que el CJ sea respetado.

Ya se declaró la nulidad insanable del concurso para jueces de la Corte Nacional. ¿Cuáles son los tiempos que se manejan para el nuevo concurso? ¿En cuánto tiempo la CNJ podrá tener los jueces que le faltan?

Estamos valorando y tenemos que ver qué tiempo los técnicos nos van a dar. Yo estimaría que ojalá en unos seis o siete meses. Si es en menor tiempo, mejor. Lo que hay que tomar en cuenta es que hay que tratar de hacer el concurso lo más transparente posible. (...) Hacerlo apresuradamente, por decir que yo puedo hacer el concurso en tres o cuatro meses, claro que lo puedo hacer, pero puedo comenzar a tener peores errores que el concurso anterior.

¿Es necesario y urgente tener jueces, pero en este momento para el CJ es más importante tener un proceso que sea transparente y le dé tranquilidad a la ciudadanía?

¿Acordémonos por qué la crítica al anterior concurso? Falta de transparencia, de control social, de un montón de cosas. Nosotros no podemos cometer lo mismo. Los vocales están conscientes de que tenemos que hacer eso. Y, por eso, ya estamos trabajando sobre la marcha. (...) Este proceso tiene que salir lo más pronto posible a convocarse, pero con reglamentos y normas que sean para que la gente tenga confianza y los jueces tengan legitimidad de origen. Tener un juez cuestionado, que digan que ese juez vino de ese concurso medio oscuro, eso es perjudicial para los jueces.

¿Asume usted un cargo en un CJ realmente golpeado? Dos exvocales llamados a juicio por tráfico de influencias; el presidente Wilman Terán renuncia porque está siendo procesado por dos delitos...

Creo que es el momento más complejo, más crítico de la Judicatura. Creo que ha sido el momento que ha topado fondo. Pero ahí están los retos del ser humano. Lo más fácil hubiera sido retirarse. (...) Pienso que, si uno logra por lo menos dejar a la institución parada, caminando y con esta visión de futuro, creo que tendré la tranquilidad de haber hecho algo por mi país.

Si este proceso para la selección de jueces tomara seis o siete meses, ¿ya analizan cómo se van a dar los reemplazos dentro de la CNJ para que siga funcionando?

Nosotros no tenemos que hacerlo arbitrariamente; lo hace la propia ley. La ley prevé que los conjueces titulares tienen que asumir el encargo de los despachos hasta que sean nuevos jueces los que ingresen como jueces titulares. (...) La ley nos permite que conjueces suban y llenen las vacantes hasta que venga el titular. Queda vacío un poco los conjueces. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya tuvimos experiencias anteriores. Cuando pasó en 2020 el problema de la evaluación a los jueces, comenzamos a tomar de los jueces provinciales los que llenen los perfiles y los criterios que vamos a establecer, para que lleguen a llenar esas vacantes. Esos son los jueces temporales, y hay que aceptar esa figura.

Y el tema de jueces temporales, ¿cuánto les podría llevar a ustedes?

Eso tenemos que hacerlo inmediatamente; eso hay que hacer en una semana, exagerando. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo único que entregamos es el insumo de los nombres. Quien organiza todo esto es el propio pleno de la Corte Nacional. En eso nosotros no nos metemos. (...) En la CNJ se tienen que reorganizar ellos mismos. Es la independencia que tenemos.

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¿Cómo debe ser entendida la revocatoria de la resolución que extendía hasta el año 2030 las funciones de seis jueces de la CNJ?

Como legal y constitucional. Debe entenderse que la decisión anterior era una decisión completamente ilegal. El asunto es que los jueces concursaron bajo unas reglas claras y precisas. ¿Qué decía? Era un proceso de transición y, por lo tanto, el artículo de la Constitución que establece que los jueces tienen que durar nueve años se ve afectado por esta transición. Esa transición hace que sean jueces de tres, seis y nueve años. Cuando concursaron ellos, sabían que tenían que quedarse tres y seis años; pero, cuando se les amplía el plazo, eso era ilegal. Por ese motivo es que se hace la derogatoria y se vuelve al estado anterior. Por eso, los jueces Walter Macías, Byron Guillén, Luis Rivera y Fabián Racines tienen que salir el 3 de febrero próximo, en que cumplen tres años.

Este nuevo pleno de la Judicatura le dice al país que todo lo que esté mal hecho, que sea una decisión ilegal, inconstitucional, ustedes lo derogarán. ¿Ese es el mensaje?

Claro, todo lo ilegal, todo lo inconstitucional nosotros tenemos que corregirlo. Llevémonos esto. Nosotros tenemos una Constitución que crea el debido proceso, y el debido proceso significa garantías mínimas para que las autoridades tomen decisiones.

¿Están analizando todas las decisiones del pleno anterior?

Las que rayan en la ilegalidad y rayando la Constitución. (I)