No menos de 60 abogados pertenecientes a la Fiscalía General, la Defensoría Pública, la Procuraduría y las defensas particulares de las 37 personas contra quienes se formulará cargos por el delito de cohecho asistirán la mañana de este jueves 02 de marzo a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para intervenr dentro del denominado caso Sinohydro.

Hasta este momento, no se conoce si el conjuez nacional Luis Adrián Rojas dará o no paso al pedido de diferimiento hecho por David Meza, abogado del expresidente Lenín Moreno. Defensas consultadas creen que si Rojas no se ha pronunciado sobre el pedido generado ante el cambio repentino de defensor del exmandatario, ese tema se resolvería antes de instalar la audiencia.

Publicidad

Meza ha fundamentado el pedido señalando no solo que él como abogado necesita del tiempo adecuado para preparar la defensa, sino tambén por haber sido convocado a dos audiencias en casos distintos.

Caso Sinohydro: transferencias, compras de bienes muebles e inmuebles y creaciones de empresas ‘offshore’, en la mira de la Fiscalía ecuatoriana

La Fiscalía sostiene que entre 2009 y 2018 la estructura de corrupción investigada alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la cual estaría conformada por 37 personas, habría desarrollado acciones ilícitas que generaron un cohecho estimado en $ 76 millones o el equivalente al 4 % de la obra contratada por la empresa china Sinohydro por $ 1.979 millones.

Publicidad

Frente a las acusaciones, la defensa del exmandatario ecuatoriano niega que su cliente tenga que ver con los pagos hechos a modo de sobornos por la empresa china Sinohydro a cercanos a Moreno. “Cada quién tendrá que responder tributariamente y penalmente por las transferencias. (...) Tiene que existir la materialidad y estoy seguro que las personas que realizaron esas transferencias podrán repsonder sobre ello. (...) Lenín Moreno no se benefició en absolutamente en nada”, indicó Meza.

Junto a Lenín Moreno, exfuncionario público a quien se lo porcesa por acciones cometidas cuando fue vicepesidente de Rafael Correa, son llamadas a formulación de cargos su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, dos de sus hermanos y dos cuñadas. También Conto Augusto Patiño, cuatro de sus hijos y otros familiares (Xavier José M.C., María Patiño, Juan Carlos P.H., Patricia de las Mercedes P.H., Manuel Ignacio P.H., Victoria María P.CH., Juan Manuel D.P. y Francisco José Ch.C.).

Quito. 07/09/2022. La Fiscalía como pare de la investigación previa en el caso INA Papers allanó las oficinas de la empresa china Sinohydro, la cual formó parte del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Cortsía FGE/El Universo. Foto: El Universo

Además serán procesados dos exgerentes general y técnico de Coca Codo, Henry de Jesús G.C, Luciano Enrique C.V.; la esposa de uno de ellos, María Augusta del Rocío B.C. y Francisco Enrique C.L. El exembajador chino Cai Runguo y Yang H., quienes en su momento fueron representantes legales de Sinohydro; y los ciudadanos chinos Song D., Wu Y. y Alie A.

Para el caso de los ciudadanos chinos se ha dispuesto que comparezca un interprete para la audiencia. La diligencia se dará de forma mixta, es decir, a más de la posibilidad de acudir a la diligencia de forma física al octavo piso de la Corte Nacional, quienes participen de la diligencia podrán acceder a la vía telemática para intervenir.

Finalmente a quienes se les formuará cargos se les suma un grupo de entonces funcionarios públicos como Ximena del Rocío D.V., Pablo Aníbal A.A., Mónica Alexandra O.J., Mauricio Javier P.D.A.D., Pablo Honorio Z.M., Francisco Esteban E.N. y personal de confianza de la empresa Comercial Recorsa S.A., incluidos su asesor jurídico y representantes legales de varias personas jurídicas: José Eduardo C.V., Juan Cristobal S.S., Rocío del Carmen G.E. Mercedes del Pilar C.A., Carlos Oswaldo A.A.

Otra de las dispoisicioes hechas por el magistrado a cargo del caso es que asistan a la diligencia varios defensores públicos que pudan tomar la represnetancion legal del procesado que no asista con su abogado partcular.

Varios abogados de los porcesados a quienes se les ha consultado sobre sus expectativas frente a la formulación de cargos indican que podrán referirse al caso una vez conozcan exactamente cuáles son los cargos que se imputa a cada uno de los llamados a esta etapa del proceso.

Los defensores inidcan que ahí recien sabrán si se les está acusando por un delito de $ 18 millones, que fue la cifra inical con la que se les abrió la investigación previa; por $ 76 millones, que es lo que ahora refiere la fiscal general Diana Salazar; y en qué calidad habrían supuestamente participado los hoy sospechosos del delito de cohecho.

Sinohydro declaró los ‘sobornos’ a Alianza PAIS en sus impuestos

La Fiscalía ha explicado que los $ 76 millones fueron entregados como comisión por la suscripción del contrato con Sinohydro. Reconoce que la investigación arrancó con una cifra menor relacionada con el círculo cecano del expresidente Moreno, pero aclara que se fue al origen de esos fondos, es decir, quién transfirió los recursos a esa cuenta de Balboa Bank.

“Resulta que la cuenta que se abrió de parte de Recorsa tenía como sustento que iban a recibir el 4 % de comisión por la suscripción de ese contrato. De ahí surgen esos $ 76 millones que ahora hemos logrado identificar que cada una de estas personas que van a ser procesadas han sido beneficiarios, a través del cobro de cheques o de transferencias de estos recursos”, apuntó Salazar.

Ante la duda de por que en esta causa no están siendo procesados los responsables políticos del proyecto, la fiscal general anotó que aún no ha podido la Fiscalía identificar que hayan sido beneficiarios de esos $ 76 millones que han sido transferidos por la empresa Sinohydro a Recorsa y luego trasladados al Ecuador para ser repartidos.

La gran cantidad de sujetos porcesales, la Fiscalía, la Procuraduría General y los abogados de los 37 procesados, hace pensar que la diligencia durará varios días. Solamente en la formulación de cargos, la singularización de hechos y responsabilidades y la solicitud de medidas cautelares reales y personales -situación que estará en manos de la fiscal general Salazar- se cree que tomará entre la mañana y tarde del jueves último.

Luego sería el turno de la Procuraduría y de cada una de las defensas para pronunciarse respecto a las medidas cautelares que se solicite. Si solo se diera diez minutos a cada defensa, esta fase de la audiencia tomaría poco más de seis horas. (I)