La mañana de este martes, 18 de noviembre, la fiscal Lidia Sarabia ingresó en su décimo día de presentación de la prueba pericial y testimonial que mantiene para acusar de haber cometido supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones y el israleí Sheinman Oren.
Esta audiencia de juzgamiento del caso Pruebas COVID-19, por el delito de delincuencia organizada, se reinstaló el lunes 17 de noviembre, luego de una suspensión de casi cuatro meses. La suspensión se dio el 29 de julio pasado por temas de agenda de los jueces que integran el Tribunal Penal de Juicio de Pichincha: Gandhy Cervantes (ponente), Ivonne Vásquez y Pablo Coello.
Publicidad
El décimo día de la audiencia de juicio se instaló en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Hasta allí llegaron de forma presencial la fiscal Sarabia y los procesados Berrones y Oren Sheinman con sus abogados. De los acusados, únicamente los Bucaram, padre e hijo, asistieron a la diligencia usando la vía telemática. Temas de salud hacen que ambos se mantengan en Guayaquil.
Según la Fiscalía, los procesados son acusados de, entre marzo y octubre de 2020, haber planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas con la negociación de pruebas para la detección de COVID-19 y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador, obteniendo réditos económicos. Para ello, según la Fiscalía, habrían incurrido en otras infracciones penales, como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público y evasión tributaria.
Publicidad
La fiscal Sarabia espera al final de esta semana haber presentado toda su prueba pericial, testimonial y documental que ha anunciado. Luego será el turno para intervenir de quienes actúan como acusación particular y víctimas en esta causa. Finalmente, será el turno de la defensa de los cuatro procesados para evacuar los elementos de prueba que sostienen su teoría de inocencia.
A decir de la Fiscalía, las pruebas testimoniales y periciales practicadas hasta el momento durante la audiencia de juicio revelan que, para adecuar su conducta criminal, los procesados habrían movilizado bienes y servidores públicos de la AMT. Por ejemplo, los tres agentes de la AMT procesados habrían brindado seguridad a los extranjeros Sheinman Oren, procesado ,y Shy Dahan, asesinado el ocho de agosto del 2021 en la Penitenciaría del Litoral, para el traslado de pruebas hasta Guayaquil.
Entre esos agentes están Leandro Berrones, actualmente procesado, y Klever Armijos y Jhonny Solís, exagentes de la AMT que ya fueron sentenciados a cinco años de privación de libertad mediante una audiencia de procedimiento abreviado desarrollada el 15 de abril de 2021. Ambos aceptaron su participación en esta trama de delincuencia organizada, pues la Fiscalía demostró que los exfuncionarios se valieron de sus cargos como escoltas de seguridad presidencial para acompañar a los extranjeros. En la custodia prestada por Armijos y Solís se utilizaron motocicletas proporcionadas por la MT. Por brindar seguridad, el primero recibió incluso $ 5.000, beneficiándose directamente de la organización delictiva.
“Jacobo B. P. (Bucaram Pulley) habría pagado $ 321.600 en efectivo por estos insumos médicos. Entre las pruebas expuestas por la Fiscalía consta una pericia que reveló cómo Abdalá B. O. (Bucaram Ortíz) y Jacobo B. P. ejercían -mediante llamadas telefónicas- presiones sobre Shy D. para que modificara sus declaraciones sobre los hechos que los involucraban directamente en esta trama de delincuencia organizada. Incluso, Abdalá B. O. ofrecía interferir en decisiones judiciales para mejorar su futuro jurídico. Finalmente, Shy D. fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral”, señaló la Fiscalía en un comunicado. (I)