“Señor fiscal, temo por mi vida. No tengo las garantías necesarias para poder rendir la versión, por lo tanto, no voy a contestar ninguna pregunta de Fiscalía, no voy a contestar ninguna pregunta de ningún abogado patrocinador de los diferentes procesados, no voy a rendir versión hasta que se garantice mi seguridad”, expresó Mayra S., una de las 39 personas procesadas dentro del caso Metástasis el pasado 16 de febrero, según consta en el expediente.

De esa forma terminó la diligencia en la que se iba a tomar la versión de la comunicadora institucional de la Corte Provincial de Justicia del Guayas por el delito de delincuencia organizada. Ella se conectó por vía telemática el viernes pasado desde la Casa de Confianza de Chillogallo, ubicada en el sur de Quito, para la versión para la que fue convocada. Asistió junto con su abogado y usando chaleco antibalas.

Según la Fiscalía, Mayra S. mantenía contacto directo con el narcotraficante Leandro Norero, líder de la “empresa criminal” que es investigada en el caso Metástasis. La fiscal general, Diana Salazar, dijo de esta procesada que su rol de colaboración se efectuó desde el ámbito administrativo armando escenarios idóneos que podían favorecer los fines de impunidad y libertad que buscaba la organización criminal liderada por Norero, lo que comprendía identificar jueces dispuestos a “suicidarse”, así llamaban a los jueces que apoyaron a la delincuencia.

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“Ella negociaba de manera directa con jueces que estaban a cargo de los casos de Leandro Norero, pactaba los sobornos con los administradores de justicia de la sala de la Corte Provincial de Cotopaxi y además manipulaba el sistema de sorteo para que caigan donde los jueces suicidas, que no eran otros, por ejemplo, que los jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi. (...) Con la acción de Mayra S. se desvió la correcta administración de justicia de forma sistemática a favor de la organización criminal”, explicó Salazar en la formulación de cargos de diciembre pasado.

Antes de confirmar que no rendiría su versión hasta que se le garantice su seguridad, Mayra S. contó al fiscal del caso y a los abogados presentes que a partir del 14 de febrero que se le solicitó rendir su versión ha recibido todo tipo de amenazas contra su vida. Incluso dejó sentado que a partir de las amenazas se ha dado cierto tipo de movimientos inusuales en el centro penitenciario en donde se encuentra privada de su libertad por la orden de prisión preventiva que se le impuso.

“Tanto es así que el día de ayer (15 de febrero pasado) nos encontrábamos en un solo pabellón tres personas procesadas del caso Metástasis y en horas de la tarde y noche nos invaden en el pabellón con otras doce personas procesadas que ya se encuentran cumpliendo sus diferentes sentencias”, explicó Mayra S.

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Con este corto relato concluyó la diligencia y en la parte final del documento que firmó la procesada se aclara que queda adjunto un sobre con la grabación de audio y video de lo que se había dado en la versión convocada.

Uno de los abogados que estuvieron en la versión de Mayra S., Diego Chimbo, defensor del expresidente del Consejo de la Judicatura y también procesado en el caso Metástasis Wilman Terán, asegura que los abogados de la versionante entregaron un sobre cerrado en la Fiscalía y no se conoce cuál es su contenido.

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Lo que sí dijo conocer es que una vez que se entregó el sobre a la Fiscalía, inmediatamente desde la institución se habría tomado contacto con agentes de Criminalística para que ingresen el sobre en cadena de custodia. Chimbo dijo que el paso siguiente es que el contenido del sobre sea periciado y para ello se convoque a las partes procesales para conocer qué fue lo entregado y se anexará al expediente del proceso, el cual a este momento cuenta con 320 cuerpos.

Hasta el momento desde la Fiscalía no se ha dado una nueva fecha para que Mayra S. rinda su versión, ni tampoco ha existido un pronunciamiento oficial sobre las amenazas y alguna acción por adoptar o sobre lo entregado por la procesada. (I)