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Jueces de la Corte Nacional niegan segundo ‘habeas corpus’ planteado dentro de caso Metástasis

El martes último, de forma unánime, un Tribunal de la Corte Nacional negó el 'habeas corpus' solicitado por Wilman Terán, presidente de la Judicatura.

QUITO (20-12-2023).- De forma unánime integrantes del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negaron el 'habeas corpus' solicitado por el juez Émerson C., uno de los 31 procesados en el caso Metástasis. Captura de pantalla. Foto: Captura de pantalla

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Los jueces de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) María Mier (ponente), Alejandro Magno y Consuelo Heredia negaron el habeas corpus solicitado por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Émerson C., uno de los 31 procesados por el delito de delincuencia organizada, parte del caso Metástasis. Con esa decisión Émerson C. deberá cumplir su medida cautelar de prisión preventiva en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito.

De forma unánime los miembros de la sala decidieron rechazar los cuatro argumentos que planteó Diego Córdova, abogado de Émerson C. Según él, en la detención de su cliente existió una privación de la libertad ilegal y arbitraria, la orden de prisión preventiva vulnera el derecho a la igualdad, no contó con el tiempo suficiente para ejercer el derecho a la defensa y el juez en su decisión no cumplió con la garantía de la motivación.

Caso Metástasis: Wilman Terán seguirá en prisión; juez negó pedido de ‘habeas corpus’

Una negativa unánime al habeas corpus planteado también recibió Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y otro de los investigados en el caso Metástasis. En su caso, la negativa a su solicitud de habeas corpus fue al definir que no se han vulnerado los derechos constitucionales del accionante durante la detención.

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La jueza Mier señaló en su resolución oral que la decisión del juez nacional Felipe Córdova fue legítima, no arbitraria, ni ilegal. Agregó que el magistrado para imponer la medida de prisión preventiva observó el actual ordenamiento jurídico en torno a los requisitos que deben observarse para dictaminar.

“Si la pretensión del legitimado activo es lograr la libertad sin la configuración de la vulneración de derechos constitucionales como se ha evidenciado en este fallo, se está desnaturalizando la garantía constitucional del habeas corpus. El ordenamiento jurídico en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ha establecido mecanismos legales de los cuales puede servirse el procesado a efecto de que esta sea revocada o sustituida por otras medidas cautelares no privativas de la libertad individual”, señaló la sentencia.

Salazar, la madrugada de este viernes, dio a conocer los elementos de convicción que tenía para formular cargos contra 31 personas que serían parte de una delincuencia organizada que operó para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Leandro Norero, procesado por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, dos de sus hermanos y su esposa. La operación simultánea para allanar y detener en este caso se dio entre el 13 y 14 de diciembre pasados en siete provincias de Ecuador.

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El asesinato de Norero dentro del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, el 3 de octubre de 2022, y las investigaciones emprendidas respecto a ese crimen generaron la obtención de evidencias, entre las cuales se encontraban dispositivos celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad.

Desde la organización Participación Ciudadana se ha dicho que las revelaciones hechas por la Fiscalía en el caso Metástasis han dejado ver la lamentable situación de la contaminación del sistema judicial por actos de corrupción.

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“Participación Ciudadana hace un llamado a que las investigaciones continúen, de forma firme, independiente, transparente y con garantía del debido proceso a los involucrados. El aparente involucramiento, no solo de jueces, sino también de fiscales, policías y otros implicados de instituciones públicas y privadas, es un ejemplo claro del alcance que pueden llegar a tener los tentáculos de las mafias al interior del Estado”, explicó la organización mediante un comunicado. (I)

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