Pasa el tiempo, pero el dolor y la frustración persisten entre quienes fueron víctimas directas del terremoto de abril de 2016, con epicentro en Pedernales, norte de Manabí, y efectos en muchos otros parajes del país. Cómo no, si hasta el poder de entonces los mandó a callar públicamente cuando se quejaban de su desgracia y hasta con amenazas de prisión si seguían insistiendo en pedir ayuda desesperada, lo que el Gobierno de la época sentía como una ofensa, pues todos debían estar seguros de que la ayuda y la reparación llegarían.

Diez años después, que se cumplieron ayer, tal ayuda llegó muy parcialmente, y por mucho tiempo los damnificados que lo perdieron todo en un minuto debieron vivir en carpas y refugios, hasta que juntaron su propia plata y pudieron levantarse desde las cenizas. Y de esos alrededor de 3.500 millones de dólares que se recaudaron a través de impuestos y donaciones, y que recibieron de entrada el membrete de que eran para los damnificados de Manabí, poco fue lo que se materializó. Quizás el mayor recuerdo de eso esté en los pocos judicializados por el manejo de esos fondos, alguno en la Cárcel del Encuentro y otros prófugos en México y otros destinos.