“La situación de violencia y criminalidad organizada no solo persiste, sino que se ha intensificado y extendido territorialmente, evidenciándose una dinámica delictiva interconectada entre corredores logísticos y zonas de influencia que demanda una respuesta estatal integral, coherente y focalizada”. Este es un grave resumen que consta en el decreto de estado de excepción que firmó el presidente Daniel Noboa para cerrar el 2025.

El 9 de enero de 2024, el mandatario declaró el conflicto armado interno, reconoció como terroristas a una veintena de grupos de delincuencia organizada transnacional y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a las bandas señaladas por sus actos delictivos. Efectivamente el país, a los casi dos años de este decreto, sufre el embate brutal de la violencia y el régimen está en la obligación de recurrir a las herramientas constitucionales para frenarlo.