El presidente ha reiterado su intención de hacer una consulta, sin especificar preguntas, pero ha dicho que serán relativas a seguridad, empleo y al sistema de justicia.
Este es el momento más propicio para hacerla, cuando tiene más del 74 % de aceptación popular, positivo indicador para pensar que no tendría un revés en el intento de reformar la Constitución en los temas que considere pertinentes. Sabido es que la forma popular de expresar su rechazo al gobernante es contestando No a las preguntas que se le formulan aunque vaya en contra de sus propios intereses. También es necesario decir que estas tienen que ser hechas de tal manera que no se induzca a error o a malas interpretaciones del electorado, a fin de que el Sí o el No responda realmente a su intención. Lamentablemente el tiempo del que se dispone es bastante corto para difundirlas y explicar con claridad su alcance.
Como ya expresamos, uno de los planteamientos que hará el presidente tiene que ver con el empleo. En la Constitución existe la prohibición del trabajo por horas. Esto es una aberración. Si queremos disminuir la masa no asalariada, que bordea los 5 millones de personas, aproximadamente, lo lógico es permitir que se trabaje en esa modalidad respetando los derechos a la afiliación al IESS y demás beneficios que, por ley, reciben los trabajadores. No entendemos la razón de esta nefasta prohibición. Confiamos en que el presidente haga esta pregunta y que el electorado entienda el beneficio que esto traería a quienes, de entre esos 5 millones, deseen laborar acogiéndose a ese plan, que sería algo totalmente voluntario. Esta sería una forma muy eficaz de ayudar a disminuir el desempleo.
Noboa ya tiene una deuda con el Ecuador
En lo referente al sistema judicial, hay mucho por hacer y una de las preguntas debiera ser sobre la supresión del Consejo de la Judicatura. A este propósito, son muy alarmantes las expresiones del embajador de los EE. UU. vertidas en un evento universitario, en Quito, el 7 de diciembre. Según Diario EL UNIVERSO: “Indicó que existen irregularidades en la Función Judicial, por lo que pidió que se sancione ‘con mano dura a los jueces y fiscales que respondan a intereses particulares y que reciben dinero a cambio de impunidad’”. Dijo que a veces malos funcionarios han “negociado la justicia” y acuerdos políticos “directamente con criminales”. Además, señaló que el proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia “también ha generado preocupación”. Estas son voces de alerta que deben ser escuchadas. Más con el destape del caso denominado Metástasis.
Otro órgano que debiera desaparecer es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es posible que se concentre en un solo organismo la facultad de nominación de las máximas autoridades de los órganos de control del Estado. Esta es otra aberración. La experiencia no ha sido favorable a los ojos de muchos, por lo que el pueblo debiera también pronunciarse al respecto.
Además, sería necesario volver a consultar sobre la explotación del ITT. La pregunta fue mal formulada en la consulta pasada y los propios indígenas expresaron su inconformidad con la decisión. Necesitamos recursos, no malgastar los fondos inexistentes en el desmantelar el campo. (O)
