En la semana que termina, un fallo arbitral incrementó la deuda pública en USD800 millones, a pagarse en el cortísimo plazo. Otra raya más al tigre.

La petrolera japonesa Inpex anunció un acuerdo con el Ecuador, en el marco del litigio que mantenían en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, por la terminación unilateral en 2010 de un contrato petrolero. Ecuador pagaría a su subsidiaria Teikoku una compensación de 319 millones de dólares, de lo cual el 57% será en 2018. Teikoku tenía una participación de 40% en el consorcio EcuadorTLC a cargo del bloque 18, operado por Petrobras. Si sumamos lo que habría que pagar a los otros socios, llegamos a USD800 millones.

El expresidente Correa se queja que siempre se pierden los casos de arbitraje; por eso se fue derogando los contratos bilaterales que lo permitían. Pero, ¿qué puede esperarse cuando un gobierno se apropia sin compensación de los activos de una compañía? El gobierno de Palacio confiscó a Occidental; Correa, a EcuadorTLC y Perenco, entre otros. La justicia ecuatoriana estaba sujeta al poder político, las empresas no tenían opción alguna de ganarle un caso al Estado. Tuvieron que irse, sin recibir nada por sus activos, quedándose con las deudas.

Estas confiscaciones le permitieron al Ecuador captar todo lo generado por la venta del petróleo a los precios altísimos a los que llegó, sin tener que pagar un centavo por la exploración y desarrollo de los campos. Lo que le permitió a Correa tener ingresos en las decenas de miles de millones de dólares, los que lamentablemente se los gastó como nuevo rico.

Con estos antecedentes, es inevitable que los tribunales fallen a favor de las empresas. USD800 millones parece una cifra altísima, pero habría que calcular cuánto hubiera recibido EcuadorTLC (para cubrir costos más utilidades) de no haber habido la confiscación. La diferencia entre ambas cifras sería menor.

Las confiscaciones le generaron al Gobierno rentas extraordinarias inmediatas, al costo que causarían deudas en el futuro. Es otra manera de gastarse los ingresos del Gobierno sucesor.

Correa se endeudó pignorando casi todas las exportaciones petroleras del Gobierno 2017-2021, por eso Petroecuador solo puede hacer esporádicas ventas de crudo. Estas ventas anticipadas de crudo y la confiscación tienen efectos muy similares: pan para hoy, hambre para mañana. Y ese mañana ya llegó. Por eso hoy, a pesar de precios de petróleo más que aceptables, la renta petrolera es mínima.

Poco a poco se va conociendo el verdadero monto de la deuda, que el Gobierno anterior ocultó. El contralor subrogante, en su auditoría de la deuda, admite que no ha logrado determinar aún su monto total, pero que la cifra parcial al cierre de 2016 es de USD66 mil millones. Ecuador siguió endeudándose en 2017, incluso bajo Lenín Moreno. La Cámara de Comercio de Quito le suma esos valores más otros pasivos y llega a 90 mil millones de dólares de deuda pública, más del doble de lo permitido por la ley.

La situación es insostenible. El Gobierno tiene que tomar el toro por los cuernos. El plan a presentarse a fines de mes no puede consistir en paños tibios. (O)