Un total de trece personas son parte del primer proceso penal por el delito de terrorismo que se sigue por hechos relacionados con el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y que arrancó el lunes 22 de septiembre pasado.

Los hechos ocurrieron en Otavalo (Imbabura), pero la audiencia de calificación de flagrancia contra los detenidos se dio el martes 23 de septiembre en la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito.

Luego de varias horas de audiencia, a las 23:41 del martes último, la jueza anticorrupción Gissela Zambrano dispuso la prisión preventiva de Alfredo P. C., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Luis Henry J. E., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Diego Armando L. R., Juan Sebastián M. T., Elvis Damián L. M., Luis Enrique M. F. y Luis Alberto C. B. Solo para Gina Betel C. T. se dispuso la medida alternativa de presentación periódica.

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A los hoy procesados se les acusa de intervenir en los actos violentos suscitados en Otavalo, entre ellos, el ataque al comando policial de Otavalo, el cual terminó con el incendio de las instalaciones y varios vehículos policiales y particulares que se encontraban en los patios de la sede policial en ese cantón imbabureño.

Una vez que se conoció que la Conaie hacía un llamado a movilizarse en rechazo al retiro del subsidio al diésel, el Gobierno del presidente Daniel Noboa advirtió que quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías y violencia organizada serán sancionados conforme a la ley. “Esto no es represión: es cumplirla (la Ley). Nadie está por encima de la Ley”, se indicó en un comunicado difundido por la Presidencia de la República.

Para el expresidente de la Conaie Leonidas iza, la formulación de cargos contra estas trece personas, de las más de 20 que hasta el momento habrían sido detenidas en la provincia de Imbabura, es la confirmación de que en Ecuador salir a las calles para exigir derechos es un delito y de que el Gobierno criminaliza a los ciudadanos por ejercer su legítimo derecho a la protesta.

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“La Fiscalía formula cargos contra trece de los más de 20 detenidos en la provincia de Imbabura por participar en las jornadas del paro nacional 2025 por el supuesto delito de terrorismo, cuya condena estipula 30 años de prisión, siendo judicializados sin el debido proceso. (...) Pese a la desmedida y temeraria acusación, se conoce que se logró la liberación de cinco de los compañeros pertenecientes al pueblo kichwa de Otavalo, detenidos injustamente, de forma ilegal y arbitraria. Son campesinos y agricultores, no son terroristas”, refirió Iza en su cuenta de la red social X.

Protestas ocurridas en los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, en Quito.(Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) Foto: AFP

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que de los datos que mantienen existen entre 59 y 60 personas que han sido detenidas.

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En su mayoría estas han sido detenidas en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi, zonas en las que se han centrado los bloqueos de vías y las protestas.

Una vez que terminó la audiencia por los hechos ocurridos en Otavalo, explicó el ministro de Noboa, hoy se darían otras diligencias judiciales contra las personas que fueron detenidas el martes último.

Además de los civiles detenidos, las últimas jornadas de protestas habrían dejado un saldo de cinco policías heridos, los cuales se suman a una lista de trece servidores policiales que ya habían sido reportados con heridas de diferentes proporciones. Otros siete militares también habrían sido heridos dentro de los actos de protestas y movilización registrados en estos primeros dos días de paro nacional.

“Lo que ha venido sucediendo en las paralizaciones, el tema de lo que pasó inclusive en el cuartel (de Otavalo), definitivamente tiene una agenda que se ve marcada por el tema político principalmente y esto con la delincuencia para ocasionar los diferentes enfrentamientos que existieron y que están tratando de incitar que suceda. Lo que están buscando estos pseudolíderes indígenas es victimizarse. ¿Y cómo buscan victimizarse? Están buscando que nosotros apliquemos la fuerza de tal forma que salga herido o pueda caer un indígena”, indicó el ministro Reimberg.

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Desde la madrugada de este miércoles, 24 de septiembre, el presidente Noboa se halla en Imbabura, más específicamente en Otavalo.

Noboa llegó a la zona que hasta el momento sería el epicentro de las protestas para hacer entrega de beneficios a ciudadanos de la provincia. La reunión se dará en el coliseo de la Unidad Educativa Jacinto Collaguazo, en Otavalo, localidad que mantiene bloqueos en los sectores de Ilumán, Pinsaquí y San Roque.

Se conoció que Daniel Noboa nombró a Elsy Mayte Landeta Sánchez como nueva gobernadora de Imbabura en reemplazo de Luis Efraín Amaguaña, quien duró solo cuatro días en el cargo, y que los dos policías retenidos por indígenas en Imbabura ya habrían sido liberados en buenas condiciones de salud.

Para la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, desde las comunidades aún sigue siendo algo inexplicable el porqué se dio esta situación en el cuartel policial de Otavalo.

“Estamos solicitando que se realice toda la investigación. No se puede vincular, responsabilizar al movimiento indígena de estos actos violentos, y, en ese sentido, serán las instancias respectivas que realicen la investigación.(...) Lo desmentimos. Este acto no proviene del movimiento indígena. Que hayan existido personas infiltradas o que haya sido un falso positivo, eso ya determinará la investigación y para lo cual se cooperará. Estos hechos no deben quedar en la impunidad”, sostuvo la dirigente, quien rechaza que se use el delito de terrorismo, el cual es para bandas criminales organizadas de delincuencia, en adolescentes, jóvenes y madres de familia que salen a protestar por sus derechos.

El artículo 366 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla sobre el terrorismo, registra penas de privación de la libertad que van desde los 10 a los 26 años.

Sobre este delito se señala que se aplica a la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, pongan en peligro o atenten contra las edificaciones públicas o privadas, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, entre otras características propias de la figura penal. (I)