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Tercera convocatoria de la Asamblea Nacional para designar vocales suplentes en el Consejo de Participación Ciudadana

El llamado se hizo para las 19:00 de este lunes, luego que cuatro consejeros –censurados, destituidos y restituidos– designaron superintendente de Bancos.

El pasado 24 de noviembre, el pleno de la Asamblea Nacional no pudo posesionar a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no asistieron. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

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En un tercer intento, la Asamblea Nacional prevé sesionar para completar un banco de vocales suplentes en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tras la censura y destitución por un juicio político de cuatro de los siete consejeros, que se resolvió el pasado 18 de noviembre

La convocatoria a la sesión se hizo para el lunes 5 de diciembre del 2022 a las 19:00 en modalidad virtual, con el objeto de tratar en el segundo punto del orden del día la posesión de consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana, con base en una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que contiene el listado de los candidatos más votados en los comicios del 2019.

Esta es la tercera vez que la legislatura intentará completar las vocalías suplentes del CPCCS, luego que censuró y destituyó por un juicio político a María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, el 18 de noviembre. Solo los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos no fueron interpelados.

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No obstante, los cuatro consejeros retornaron a sus cargos con la vigencia de una medida cautelar emitida por el juez de La Concordia, Ángel Lindao, quien tramita una acción de protección en contra de la interpelación política.

Debido a esta disputa, en una primera ocasión, el Legislativo convocó a Mónica Moreira, Karina Ponce, Carlos Figueroa y Jaime Chugchilán para que asuman las suplencias y se principalicen.

Los tres primeros no acudieron al llamado, en tanto que Chugchilán, representante de los pueblos y nacionalidades, renunció a esa posibilidad, pues está fuera del país al ser procesado por el delito de fraude masivo.

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El pasado 27 de noviembre, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó nuevamente a una sesión en la que solo posesionó a Olindo Nastacuaz, quien representa a los pueblos y nacionalidades en las elecciones del 2019.

En esa ocasión se convocó a otros tres ciudadanos: Gina Alcívar, Aland Molestina y Joba Fon Fay. Los dos primeros no se conectaron en la plataforma de Zoom y la última falleció en el 2020.

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Por el momento se desconoce a cuáles de los candidatos que participaron en las elecciones de hace tres años se notificó para que se posesionen en estos cargos en la plenaria prevista para este lunes.

A este acto se convoca en una coyuntura en la que los cuatro vocales censurados y destituidos, y restituidos por dicha medida cautelar, designaron a Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos, durante una sesión que se realizó el viernes último y madrugada de este sábado.

En respuesta a esta decisión, este 3 de diciembre, ocho asambleístas, entre ellos el presidente Virgilio Saquicela, firmaron un documento en el que a nombre de la Asamblea Nacional declaran que lo actuado por el juez Ángel Lindao viola la Constitución y la independencia de funciones, al desconocer los resultados del juicio político a Ulloa, Estupiñán, Rivadeneira y Bravo.

“Un juez no puede dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por todo un pleno legislativo y peor aún arrogarse funciones que no le corresponden, tratando de cumplir con las funciones de legislar y fiscalizar atribuibles únicamente a la Asamblea Nacional”, señala el documento.

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Se añadió que los servidores destituidos que desconocen una orden de autoridad legítima deben ser denunciados por tal delito; al igual que el juez auspiciado por el Consejo de la Judicatura. Y, en ese sentido, las máximas autoridades del país, incluida la fiscal general del Estado, deben adoptar las gestiones conducentes a fin de garantizar el respeto pleno hacia las demás funciones del Estado, de tal manera que pueda asegurarse la democracia”.

De esta forma, “la Asamblea Nacional NO reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos”.

Los asambleístas previnieron que están actuando “con mucha serenidad y prudencia, que bajo ningún concepto debe ser confundida con debilidad”.

“No permitiremos que ninguna otra función del Estado pretenda realizar injerencias en el Poder Legislativo; mucho menos en las decisiones que adopte ejerciendo sus facultades constitucionales privativas. (…) Nos haremos respetar aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional”, detalla la comunicación.

Por su parte, el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, difundió también la noche de este sábado, una misiva en la que cuestiona al palacio legislativo por no acatar la decisión de una autoridad competente, como es el juez Lindao.

“Se evidencia una contradicción institucional porque deja ver la necesidad de la Asamblea Nacional de controlar a la Función Judicial amenazando a los jueces con posibles controles a sus actuaciones cuando están en contra de sus transgresiones y limitada visión de cómo funciona el sistema político, sin respetar el principio de independencia”, cita el documento.

Ulloa rechaza enérgicamente las actuaciones del presidente de la Asamblea Nacional que buscan una desestabilización en la democracia, en el sistema legal, así como la afectación de la institución, y defendió la actuación de él y los otros tres consejeros en la toma de decisiones.

Finalmente, responsabiliza a Virgilio Saquicela y a otros legisladores por las consecuencias en la institucionalidad del Estado al no posesionar al nuevo superintendente de Bancos, basados en un “errado criterio jurídico”. (I)

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Redacción
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