Aunque no se mencionan nombres ni cargos, en un comunicado suscrito por ocho miembros de la Asamblea Nacional se advierte que no reconocerán ningún acto o resolución de los servidores del Estado destituidos por juicios políticos y además, que harán respetar sus decisiones “aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional” a quienes las incumplan.