Los casos de jueces y fiscales asesinados, así como las explosiones, balaceras y amenazas de bomba a dependencias judiciales, se han vuelto más recurrentes. Solo en julio se registraron dos atentados violentos: la explosión de un artefacto arrojado a la Unidad Judicial de Portoviejo, Manabí; y una balacera en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, en Quito. Los dos eventos causaron heridas a dos menores de edad.

Gremios de jueces, fiscales y personal administrativo llevan meses demandando a las autoridades, incluso por la vía legal, que se adopten protocolos y medidas efectivas de protección a los trabajadores de la Función Judicial y a los usuarios del sistema.

Para abordar el problema se han instalado varias mesas interinstitucionales con el Consejo de la Judicatura (CJ), la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Fiscalía General del Estado (FGE), Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Economía, Defensoría Pública, entre otras, y se ha llegado a acuerdos y compromisos.

Publicidad

Sin embargo, los funcionarios judiciales reclaman que siguen desprotegidos pese a que los atentados no paran.

Por ese motivo, la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje) analiza realizar una movilización nacional para exigir a las autoridades seguridad.

Pablo Muñoz, asesor jurídico de la Fenaje, explicó que, al no haber soluciones concretas, el sindicato se retiró de la mesa interinstitucional y se declaró en asamblea permanente “con la finalidad de evaluar si es que los servidores y servidoras de la Función Judicial deben entrar en un periodo de movilización masiva en todas las provincias, en rechazo a la actitud del Ejecutivo frente al caso omiso de brindar seguridad y el presupuesto suficiente”.

Publicidad

“El abandono por parte de la fuerza de seguridad y por la falta de implementación económica que tiene la Función Judicial ha desencadenado que las unidades judiciales y complejos estén prácticamente sin seguridad alguna”, dijo Muñoz en una entrevista con este Diario el 18 de julio.

El asesor mencionó que la federación ha estado presta al diálogo; que respaldó al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, en la acción de protección que impulsó para exigir al Ministerio de Finanzas más presupuesto. Pero las respuestas del Gobierno han sido las mismas: no hay presupuesto ni personal suficiente.

Publicidad

“Hemos sido muy cautelosos y respetuosos de crear el diálogo, pero frente a tres meses de caso omiso, de silencio y de ataques sistemáticos, nos vemos obligados a tomar otro tipo de camino, porque nos están matando. En menos de un mes han asesinado a más de cinco funcionarios judiciales y han atacado a dos unidades judiciales”, lamentó. Adelantó que la Fenaje se reunirá la próxima semana para decidir sobre la movilización.

Ante la ineficacia de los anuncios, la falta de resguardo policial e incumplimiento de promesas, varios gremios de jueces y funcionarios se unieron e interpusieron a inicios de julio una medida cautelar contra el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, para que se refuerce la protección de las dependencias judiciales.

El recurso fue aceptado el 11 de julio y se dispuso a Zapata y a Salinas que de manera inmediata se designe personal policial para reforzar la seguridad en las unidades judiciales, Corte Nacional, cortes provinciales, fiscalías y Consejo de la Judicatura, tanto interna como externamente, a escala nacional.

En el pedido de medidas cautelares, los accionantes enumeraron siete puntos con sucesos y eventos críticos que habían ocurrido hasta ese momento:

Publicidad

  1. El 17 de marzo de 2023, amenaza contra el edificio matriz del Consejo de la Judicatura, en Quito.
  2. El 11 de mayo de 2023, nueva amenaza de bomba en la matriz del Consejo de la Judicatura; en el mismo día se suscitaron hechos similares en las direcciones provinciales de Manabí e Imbabura.
  3. El 2 de junio de 2023, atentado a la Unidad Judicial de Esmeraldas.
  4. El 6 de junio de 2023, en Santo Domingo hubo un atentado contra la vida de una persona privada de libertad, en el Complejo Judicial.
  5. El 20 de junio de 2023, amenaza de bomba en el Complejo Judicial de Santo Domingo.
  6. Durante los años 2022 y 2023 han sido asesinados cuatro agentes fiscales; además se ha identificado que funcionarios de fiscalías han sido objeto de constantes intimidaciones y amenazas en el cumplimiento de sus labores diarias.
  7. El 7 de julio de 2023, detonación de un artefacto explosivo de la Unidad Judicial Penal en Portoviejo, que dejó herida a una menor de edad.

Luego de la presentación del pedido de medida cautelar, 8 de julio sucedió la balacera afuera de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, en Quito.

Una semana después de la sentencia, las autoridades de la Policía y Ministerio del Interior informaron las acciones que aplicarán para atender la medida cautelar, aunque no dieron fechas acerca de cuándo se implementarán.

Fausto Salinas anunció que se integrarán 119 efectivos para las instalaciones judiciales. Con esto se cubrirá el déficit de personal policial que existe actualmente para las 251 unidades judiciales y aproximadamente 200 fiscalías que hay en el país.

Además se dispuso incrementar los programas de capacitación en seguridad y autoprotección para los funcionarios judiciales, que se aumenten servicios como los patrullajes intermitentes, pero esto dependerá de la disponibilidad de los servidores policiales.

El ministro Zapata reconoció que el Ejecutivo no está en capacidad de cumplir a cabalidad con las medidas cautelares. “Es muy difícil dar cumplimiento a esta sentencia judicial”, comentó, y afirmó que “se necesitarían más de 8.000 policías” para abarcar a toda la Función Judicial.

Así que la alternativa que se implementará es que la próxima semana, en una reunión, la Corte Nacional de Justicia entregará un listado con los nombres de los jueces y fiscales más expuestos a riesgos, la Policía analizará los perfiles y procederá con su seguridad.

Protocolo con medidas de protección provisionales

El Consejo de la Judicatura (CJ) ha condenado los actos violencia, asegurando que “la Función Judicial está atravesando una oleada de ataques”, que es una “arremetida sostenida” en contra de este poder del Estado.

En ese sentido, el CJ se comprometió a aprobar un Protocolo a la Integridad Física y Vida de los Servidores de la Función Judicial. Ese fue uno de los seis acuerdos de mesa de trabajo del 10 de julio; otro fue disponer al Ministerio del Interior el patrullaje constante de la Policía a las dependencias del sistema judicial.

Aunque el protocolo aún no ha sido emitido, la jueza Heidi Borja, vocera de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), adelantó que se incluirán, por primera vez, medidas de protección provisionales inmediatas, sin tener que esperar ciertas directrices de la parte administrativa.

Dichas medidas provisionales se aplicarán ante la peligrosidad de los sujetos procesales cuando un juez, por ejemplo, conozca un caso de crimen organizado o sicariato, pero que no esté ligado con corrupción. La idea es que haya coordinación con los jefes de los distritos o unidades de la Policía más cercanos, a fin de que se despliegue protección inmediata a los jueces, precisó Borja.

La Aemaj ha colaborado con propuestas para el protocolo y ha participado en su elaboración. Asimismo, el gremio fue parte de los accionantes que plantearon la medida cautelar.

“No podemos trasladarle toda la acción al funcionario amenazado para que él vea cómo salva su vida, sino que es el sistema el que tiene que dar un protocolo, un procedimiento, qué hacer en estos casos. Los protocolos no van a ser una garantía para erradicar este tipo de situaciones, pero ya es una herramienta en comparación a no tener nada”, puntualizó la jueza.

Borja contó que fue blanco de amenazas por su labor, por lo que tuvo resguardo policial. Varios de sus colegas también han sido amedrentados. Lamentó que la situación no les permite trabajar con tranquilidad y afecta el servicio a los usuarios.

“Lo inminente es que se emitan a través de un protocolo medidas de protección inmediatas, que sean provisionales y definitivas. Esto es urgente, porque ya no tenemos que esperar más muertes. Un sistema de justicia que está desprotegido por el Estado procura la inmunidad (...), porque el miedo va a influir en que el sistema de justicia ejerza su rol de manera objetiva e independiente”, advirtió la jueza.

EL UNIVERSO solicitó entrevistas con las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura y del Ministerio del Interior para abordar el tema, pero no hubo respuestas. (I)