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Con la acción de protección se busca que se instalen las audiencias para impugnar a candidatos como Mario Godoy, Ivonne Núñez y Fabián Fabara.
En la provincia, de las 51 dependencias judiciales, el 70,6 % se encuentra en mal estado y el 29,4 % en estado regular.
Una denuncia fue presentada en mayo pasado por el abogado Néstor Marroquín.
La vinculación de Édison Andrés V. T. hace que se sumen 30 días a los 90 que inicialmente duraría la etapa de instrucción fiscal por asociación ilícita.
Según Óscar Guerrero, director de la Judicatura en Guayas, las delegaciones provinciales preparan los informes que sustentarán la emergencia.
(...) cuidar los valores de la justicia es, en última instancia, cuidarnos a nosotros mismos.
¿Cómo se armoniza, en la teoría de los pesos y contrapesos del poder, la existencia de un superpoder que controle a todos menos a sí mismo?
La posibilidad de una declaratoria de emergencia en el sector justicia fue incorporada en la Ley Orgánica de Integridad Pública publicada el26 de julio pasado.
La historia de nuestro país es, en cambio, una historia de irrespeto al equilibrio constitucional.
La causa por asociación ilícita arrancó el 13 de junio pasado con la formulación de cargos de tres exfuncionarios judiciales y dos exabogados de Jorge Glas.
El Gobierno de Daniel Noboa encabeza un campaña política en contra de los nueve magistrados, que deben calificar la vía para ir a una consulta popular.
El exlegislador socialcristiano Pablo Muentes fue condenado a trece años de cárcel al ser uno de los líderes de la organización delictiva analizada.
En seis juicios políticos contra integrantes de la Judicatura, el Legislativo censuró a dos exvocales y censuró y destituyó a otro vocal en funciones.
La denuncia fue presentada por el proponente de la revocatoria del mandato del alcalde de Quito.
(...) debe evaluarse su idoneidad antes de usarse en temas trascendentales como los que conllevan privación de libertad.
La Asamblea Nacional negó la moción de censura contra la vocal del CJ Solanda Goyes planteada por el legislador del oficialismo Fernando Jaramillo.
Este 14 de agosto la instrucción fiscal completó 62 de los 90 días definidos para esta etapa del proceso en el que se investiga el delito de asociación ilícita.
La jueza de la Sala Penal de la Corte de Pichincha avisó que en caso de que el alcalde de Quito no asista a la audiencia se dispondrá su detención.
La interpuso Néstor Marroquín, quien impulsa la revocatoria del mandato del alcalde.
La defensa de Luis Gonzalo H. Ch., requerido por delito sexual, expone sus argumentos para evitar el proceso de extradición a Estados Unidos.