Pablo Celi de la Torre se convirtió ayer en el segundo contralor general del Estado, en los últimos catorce años, envuelto en denuncias de presuntos hechos de corrupción que investiga la Fiscalía, en el denominado caso Las Torres. Su predecesor, Carlos Pólit Faggioni, también fue sentenciado por el delito de concusión, relacionado con la trama de sobornos en la constructora brasileña Odebrecht.

La Contraloría del Estado es el máximo órgano de control de los recursos públicos, y su contralor subrogante fue detenido la madrugada de ayer, junto a otras nueve personas, en un operativo que integró 21 allanamientos en Quito, Guayaquil y Samborondón.

Según la Fiscalía, se investiga su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, relacionado con el pago de dineros en la empresa pública Petroecuador.

En el domicilio de Celi se incautaron cuatro computadoras, cinco celulares, 24 dispositivos de almacenamiento. Y en el edificio de la Contraloría, once computadoras y seis dispositivos de almacenamiento.

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Con esto, Celi pasa a ser el segundo alto funcionario de esta entidad investigado por hechos de corrupción.

Pólit fue contralor desde el gobierno de Rafael Correa y fue reelegido para ese cargo en el 2017. En junio de ese año huyó a Miami, y desde ahí renunció, una vez que la Asamblea Nacional le inició un juicio político, que concluyó con su destitución y censura por su involucramiento en el caso Odebrecht. A la par, la justicia inició las investigaciones.

Celi entonces era subrogante, y asumió la titularidad de la institución en medio de un forcejeo con funcionarios que le pidieron que firmara un documento aceptando su renuncia.

Pero él no lo hizo, y se mantuvo en el cargo, el mismo que fue ratificado por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio.

El CPCCS-T, en una resolución del 8 de mayo de 2019, abrió dos posibilidades para realizar el concurso de designación de un nuevo contralor.

Dictaminó que el ascenso de Celi cumplió el artículo 33 de la Ley de la Contraloría y que permanecería en funciones hasta que concluya el periodo para el que fue elegido el titular. Es decir, hasta marzo del 2022.

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O, que Celi estará en funciones “en tanto decurra el proceso de transformación de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas”.

Pero esta última opción no sucedería por el momento, ya que el proyecto de ley, que envió el mismo contralor subrogante al Legislativo, no tuvo los votos para se tramitado en la Asamblea Nacional.

El asambleísta Henry Cucalón (PSC), integrante de la Comisión de Justicia, recordó que en diciembre del 2020, la propuesta no tuvo los votos para su debate porque incumplía aspectos constitucionales.

“El proyecto quedó muerto. Nunca pasó, y por eso nunca se discutió en el pleno, porque para que la Contraloría pase a ser un Tribunal de Cuentas debe hacerse una enmienda constitucional, no solo una reforma legal como se planteó, porque en la Constitución se establecen mecanismos específicos que van desde el nombre hasta sus funciones”, explicó Cucalón.

La Ley Orgánica de la Contraloría, en su artículo 33, manda que el subcontralor, subrogará al contralor titular en caso de su ausencia temporal o definitiva, hasta la designación de una nueva autoridad.

El subrogante es designado por el contralor titular y, según información de la Contraloría, hay dos subcontralores después de Celi: Héctor Pérez, subcontralor de Auditoría; y, María Zárate, subcontralora de Responsabilidades.

Bajo ese escenario, en el actual CPCCS hay prudencia sobre si iniciar o no el concurso de designación.

Una alta fuente del organismo, que pidió la reserva, explicó que al tratarse de una investigación de la Fiscalía, no se podría tomar todavía una postura.

“Hay que esperar a conocer si la Fiscalía le formula cargos, porque aun con la formulación de cargos se puede ejercer un cargo, aunque sea con grillete electrónico. Esto no significa que inmediatamente puede haber un concurso, además que existe un blindaje de la Corte Constitucional de que no se pueden tocar las decisiones del Transitorio”, indicó la fuente consultada.

En el interior de la Contraloría había expectativa sobre si después de la audiencia de formulación de cargos se dictamina prisión preventiva o una medida cautelar, como el uso de grillete electrónico en contra de Celi.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocía su situación legal. La audiencia estaba prevista a realizarse pasadas las 18:30 en la Corte Nacional de Justicia, pues el implicado tiene fuero de corte. (I)