La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) pidió a la Superintendencia de Compañías que ejecute la liquidación forzosa de la compañía aseguradora Interoceánica por ‘incumplir’ con el pago de un valor por $ 2 millones de indemnización, luego del presunto atentado que sufrió el radar militar ubicado en Montecristi (Manabí).

Una de las primeras acciones del nuevo comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Celiano Cevallos Calderón, fue enviar un oficio, este 19 de diciembre de 2023, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para que disponga de forma inmediata la liquidación forzosa de Interoceánica de Seguros por incumplir una resolución en la que se ordenaba el pago de indemnización a favor del Ministerio de Defensa de $ 2 millones.

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El motivo: el «incremento en el costo de operación», que es parte de la póliza de seguros para el radar de Montecristi LTR-20.

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El 7 de noviembre del 2021, apenas diez días después de que el Ministerio de Defensa y la FAE colocaron el radar en el cerro de Montecristi, se había producido una explosión que dejó inservible el artefacto, que tenía como misión la vigilancia y control de avionetas, helicópteros u otros aparatos utilizados para actividades ilícitas, como el transporte de droga.

El Ministerio de Defensa contrató con Interoceánica la póliza del equipo electrónico con una vigencia de septiembre del 2021 al 17 de septiembre de 2022, para los bienes de la defensa de las Fuerzas Armadas y los equipos electrónicos de la Armada, por una suma de $ 90′978.406.

En febrero del 2023 el excomandante de la FAE Gabriel García Urbina presentó un reclamo administrativo en la Superintendencia de Compañías en contra de la aseguradora por su negativa a pagar estos $ 2 millones.

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Este valor se reclama para poder pagar el alquiler de un nuevo radar temporal para vigilancia en la zona de Manabí y Santa Elena, que quedó descubierta luego del presunto atentado a la antena de Montecristi que está en investigaciones.

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El objeto de la indemnización es por «costos de operación», lo que permitiría arrendar por un año este radar de vigilancia primaria a una transnacional llamada Advanced Navigation Positioning Corporation (ANPC), que costaría $ 2 millones.

La Intendencia Nacional de Seguros aceptó el pedido de la FAE, pero la empresa apeló en agosto de 2023. Sin embargo, no canceló los montos económicos de indemnización pese a que la Ley General de Seguros dispone que «el incumplimiento del pago ordenado será causal de liquidación forzosa de la compañía aseguradora. La interposición de acciones o recursos judiciales no suspenderá los efectos de la resolución que ordena el pago».

La FAE reclamó que la aseguradora se niega «rotundamente» a realizar el pago e insistió en la liquidación forzosa.

Después de la explosión del radar, la Fuerza Aérea inició los trámites para recuperar $ 7,2 millones de la póliza de seguro, que permitiría pagar la compra de un nuevo radar a la empresa de origen español Indra.

Aunque su construcción implicaría un tiempo de 18 meses para que entre en funcionamiento.

Por su parte, la empresa aseguradora esgrimió que el siniestro sería indemnizado bajo un límite establecido en la póliza, por el delito de sabotaje y que es equivalente a $ 5 millones. En su defensa, también indicó que los reclamos de la FAE se presentaron de forma extemporánea.

En octubre pasado, la Superintendencia de Compañías negó el recurso de apelación de Interoceánica. Mientras, la Fuerza Aérea recurrió a recursos de amparo en la justicia ordinaria sin tener una respuesta.

En Ecuador hay radares ubicados en Esmeraldas, Napo y por territorios de la península de Santa Elena.

La antena ubicada en Montecristi daba cobertura a zonas de Santa Elena y Manabí y tenía un alcance aproximado de 240 millas.

La compañía Interoceánica informó que «en ningún momento se ha negado el reclamo presentado» ante la Superintendencia y que «nunca se ha negado a realizar el pago».

No obstante, alegó en una comunicación oficial que Interoceánica «aún no ha recibido los documentos que habiliten y respalden el valor límite a cancelar a favor del asegurado, el Ministerio de Defensa. Una vez que cuente con los respaldos y realice los análisis correspondientes la aseguradora procederá conforme lo que establece la ley y la póliza de seguro».

Añadió que seguirá todas las instancias legales establecidas dentro del proceso iniciado por la FAE ante el siniestro ocurrido y, una vez que se agoten, Interoceánica procederá como la ley lo determina.

De forma paralela, las investigaciones judiciales a catorce miembros de la FAE por la explosión del radar se encuentran en la etapa de formulación de cargos.

En septiembre pasado se instaló la audiencia a cargo del juez Leiver Quimís, en el que la Fiscalía provincial reformuló el tipo de delito que, en un primer momento se definió por sabotaje y lo cambió a omisión dolosa. Se amplió la fase de investigación por 30 días. (I)