Para la Fiscalía General del Estado, la “empresa criminal” investigada dentro del caso Metástasis se gestó desde el 25 de mayo de 2020, el mismo día en que Leandro Norero Tiwa, sus hermanos Israel y Johanna y su esposa, Lina Romero, fueron detenidos en un operativo a consecuencia de una investigación por lavado de activos, la cual habría sido realizada en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos.

De eso daría cuenta la explotación de varios celulares pertenecientes a Norero, los cuales fueron utilizados por él desde el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, hasta el 3 de octubre que fue asesinado en el contexto de una masacre que se dio en ese lugar, luego de una pelea entre integrantes de grupos de delincuencia organizada (GDO). Los equipos fueron encontrados en su celda y entraron en cadena de custodia como parte de una investigación por el delito de sicariato.

A partir de la detención, la seguridad dentro de la cárcel, la libertad y, sobre todo, la impunidad, se habrían convertido en los beneficios centrales a conseguir por parte de Leandro Norero, sostuvo la fiscal general, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada contra 31 sospechosos.

Publicidad

Según la Fiscalía, Norero y los suyos tenían algo claro: las metas, por obvias razones, eran imposibles de alcanzar sin la integración de un grupo estructurado que concierte. Los celulares que mantenía alias el Patrón, como se conocía a Leandro Norero, le habrían servido para desde la cárcel montar un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad.

“El privado ve la libertad manteniendo comunicación con toda su trama de delincuencia”, explicaba la fiscal Salazar, al tiempo que aseguraba que la organización había unido para concretar sus fines dos armas letales para toda institución democrática: la corrupción judicial y la delincuencia organizada.

Fiscalía ubica a Wilman Terán como colaborador de la ‘empresa criminal’ liderada por Leandro Norero

Desde el momento de la detención, Norero conformó una estructura con frentes para el financiamiento, la dirección, la planificación, las cuales se conjugaban con la participación y aporte de quienes formaban parte de la “cúpula criminal: Helive Paúl A. B.., alias Estimado o Larry, y Javier Alexander N., alias Novi o Novita. De la indagación preliminar se habría desprendido que cada uno de ellos mantuvo intervenciones principales dentro del propósito de cometer varios delitos para conseguir los beneficios de seguridad en la cárcel, libertad e impunidad de Leandro Norero y sus familiares.

Publicidad

La Fiscalía ubica a Helive Paúl A. B. como el encargado de direccionar y planificar sobornos a funcionarios judiciales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Coordinaba la compra de votos de la Corte Nacional para la libertad del hermano de Leandro Norero, Israel Norero. Salazar le recalcaba al juez nacional Felipe Córdova que en el edificio de la Corte Nacional, donde se daba la audiencia, ahí se había fraguado uno de los hechos delictivos analizados por el que se pensaba pagar $ 450.000.

La solicitud de acciones ilegales de alias Estimado o Larry también alcanzaron a las Cortes Provinciales de Justicia de Manabí, de Cotopaxi, de Guayas y de la Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas. La idea era concretar varios fraudes procesales destinados a justificar los activos ilícitos de Leandro Norero, planificar alteración de evidencias, articular la infiltración en miembros de la Policía, planificar delitos en contra de la eficiente administración pública, por medio, por ejemplo, dijo Salazar, del Gobierno autónomo descentralizado de Manta, en coordinación con el ahora fallecido alcalde Agustín Intriago.

Publicidad

Quién era Leandro Norero, cuyo asesinato originó investigación del caso Metástasis, que llevó a detención de funcionarios

Se habrían gestionado para ciertos casos la distribución y pago de dinero a la organización, así como planificaron sicariatos a periodistas y atentados a la fiscal titular del caso de lavado de activos contra Norero, llegando incluso a solicitar hacerse cargo del crimen.

“Sobre esto último, señor juez, se va a dar cuenta durante el desarrollo de esta audiencia cómo la mano de la organización llegó a efectuar seguimientos por medio de georreferenciación a fin de consumar el asesinato a la funcionaria fiscal, a la funcionaria que no pudieron corromper, porque su círculo sí fue corroído, poniendo el aparataje estatal a merced, a servicio de la delincuencia”, indicó.

QUITO (14-12-2023).- Audiencia de formulación de cargos contra 31 personas procesadas en el caso Metástasis. Momentos en que llega el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, uno de los procesados, a la Corte Nacional de Justicia. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Entre los objetivos también habría estado el cambiar la evidencia incautada (un teléfono celular de color rojo) en el operativo original del lavado de activos. Es decir, se planificaba cambiar y borrar la evidencia, así como un sinnúmero de intervenciones más.

Por su parte, Javier Alexander N. A., alias Novi o Novita, es visto por la Fiscalía como el artífice principal de la coordinación de la red de influencias con el Poder Judicial, pero en la provincia del Guayas. Las investigaciones apuntan a que él intervino directamente en la oferta, pago y negociación de sobornos a cambio de beneficios de orden judicial, no solo para Leandro Norero, sino también de sus familiares. dentro de varios procesos penales, como el de lavado de activos, que es la génesis del caso Metástasis, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Publicidad

Para alcanzar sus objetivos, la organización buscó la desnaturalización del habeas corpus, la revisión de medidas cautelares, la presentación de acciones de protección.

Existiría evidencia de que alias Novi, como miembro principal del grupo organizado, entregó una cadena de alrededor de $ 8.000 a la fiscal María A., también procesada, a cambio de reformular el tipo penal del caso por tenencia ilegal de armas. También se lo relaciona con una reunión que mantuvo con el entonces juez Ronald G., otro de los investigados en esta causa, para entregarle los documentos de arraigo sobre los cuales se iba a justificar su decisión de sustitución de medidas para uno de los familiares de Norero dentro del caso de lavado de activos. “Es decir, señor juez, los abogados del grupo criminal se reunían con el juez que tenía a cargo la causa de Leandro Norero. Y no solo es este abogado, aquí faltan más abogados que están en calidad de prófugos hasta esta hora”.

Para la Fiscalía, la dinámica en la que actúan estos integrantes del grupo delictivo permitiría “entender las razones de las decisiones jurisdiccionales, de aquellas que nos sorprendemos, que vemos en los titulares a través de los medios de comunicación, de esas libertades o decisiones escandalosas que la sociedad ecuatoriana ha tenido que presenciar, perturbada, sin tener idea de toda la podredumbre que había por detrás de estas”.

En concreto, para que surta efecto todo lo planificado desde la cabeza del grupo criminal organizado, se entendió que dicho brazo operacional debía ser el sistema judicial, concluyó la fiscal general.

Además de Helive Paúl A. y Alexander N., también son procesados en el caso Metástasis el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el general de la Policía Pablo R., oficial que ocupó cargos en el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y en la dirección Nacional Antinarcóticos; los jueces Richard G., Santiago Z., Ángel L., Gustavo M., Glendas O., Adolfo G. y Emerson C.; así como Álex P., Daniel M., Daniela B., Gabriel S., Mayra S., José S., María A., Jhon C., Lenín M., Alexander I., Héctor P., Christian Ch., Gabriel G., Armando R., Vicente F., Kevin P., Sofía G., César A. y Braulio M. (I)