“Resultado de la lucha hay muchos criminalizados, muchos quienes en estos momentos incluso ya están con procesos de juicio. Por lo tanto, nadie ha salido a luchar por vandalismo, al menos de nosotros. Este proceso debe quedar limpio sin ningún compañero, en este caso que esté criminalizado por las protestas sociales. Eso sí le pido, presidente de la República, ministro (del Interior) que paremos esta situación, paremos el racismo, el odio”.

La aspiración de que no se procese judicialmente a los detenidos en el contexto de las movilizaciones de junio del 2022 fue exteriorizada por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la noche del lunes último, dentro de los diálogos, que al momento están en punto muerto entre el sector indígena y el gobierno de Guillermo Lasso, por las movilizaciones que ya llevan 16 días de vigencia en todo el Ecuador.

El objetivo del sector indígena es que se cumplan los diez puntos que exigen; mientras que el Gobierno busca desactivar un paro nacional que deja millones en pérdidas a nivel nacional.

El penalista y profesor universitario Pablo Encalada cree que con este pedido se está buscando una salida jurídica a un problema político. Aunque reconoce que para este caso hay herramientas que superan la participación del sistema de justicia: amnistías e indultos, aquí lo que se debe entender es que si se está frente a hechos delictivos la justicia debe funcionar, activar los sistemas y debe sancionar penalmente, ya sea con un dictamen de inocencia o de culpabilidad.

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Amnistías se basan en análisis de delitos presentados como lucha social, derecho a la resistencia y administración de justicia indígena

Recordó que en marzo de 2022 la Asamblea Nacional decidió amnistiar, entre otros, hechos que se produjeron durante las protestas sociales de octubre de 2019. En ese hecho, señaló el abogado, lo que ocurrió es que operaron mecanismos de perdón político a favor de los procesados e investigados, los cuales superan al tema de la justicia y en los que la Función Judicial (FJ) no tiene responsabilidad sobre ello.

Encalada piensa que uno de los factores que inciden en la reincidencia de los delitos es la impunidad. “Nada alienta más a la reincidencia de los delitos que la impunidad. Si la gente ve que por cometer esos delitos hay amnistías, la gente asume que no va a pasar nada por esos actos, que tienen patente de corso para realizar cualquier acción violenta en el marco de una manifestación pública”.

Con corte al 27 de junio último, la Policía Nacional informó que en quince días de movilizaciones un total de 144 personas habrían sido aprehendidas por hechos ocurridos en el contexto de las manifestaciones. En cambio, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras organizaciones aliadas señalaron que al 27 de junio se han registrado 147 detenciones a nivel nacional.

Uno de los casos por los que ya existe un procesamiento penal fue el abierto el pasado 14 de junio contra Leonidas Iza por el delito de paralización de un servicio público. Él fue detenido un día después de que se inició el paro nacional. La causa se resolverá mediante un procesamiento, es decir, en una sola audiencia que se dará en Latacunga el 4 de julio próximo.

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Policías y antimotines montan guardia durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Foto de archivo. EFE/ José Jácome Foto: José Jácome

Para el ex defensor público general y abogado de varios de los procesados por la quema del edificio matriz de la Contraloría en octubre del 2019, Ernesto Pazmiño, no es procedente, legalmente, ni prudente, políticamente, que se procese penalmente a los detenidos en estas protestas sociales, ya que existiría una eximente de responsabilidad penal, en razón de que las detenciones de ciudadanos se producen en un escenario de conflictividad política, y en el ejercicio de un derecho constitucional; y, lo contrario, sería criminalizar el derecho constitucional a la protesta.

“Lamentablemente en estos escenarios, como ocurrió en octubre del 2019, los ciudadanos que protestan son enjuiciados penalmente, pero por los muertos y heridos no existe ningún juicio penal iniciado contra policías o militares, solo investigaciones previas que nunca terminan”, explicó Pazmiño.

El constitucionalista Stalin Raza apuntó que el Ejecutivo no se puede comprometer a cumplir la aspiración de Leonidas Iza, porque no es un tema que dependa del Ejecutivo, sino de la Función Judicial. Él indica que si la Fiscalía encuentra responsables e inicia procesos y la FJ adelanta estos, el Ejecutivo no puede comprometerse en absoluto a que esos procesos queden truncos, no se inicien o no continúen, pues es una cuestión que le pertenece a la FJ estrictamente.

Eventualmente, cree Raza, a lo que podría comprometerse el presidente Lasso es a no presentar la denuncia o no presentar acusaciones en contra de las personas que sean procesadas por la Fiscalía o la Función Judicial.

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“Cada función tiene que trabajar de manera independiente, los poderes del Estado tienen que trabajar de manera independiente. El Ejecutivo no podría comprometerse a algo que no le corresponde. (...) Esto es parte de la mala experiencia que se vivió con el tema de las amnistías. Después de que ocurrieron los hechos de octubre del 2019, las personas que fueron procesadas por esos hechos fueron amnistiadas, ni siquiera se permitió que la FJ realice su trabajo y determine si había o no responsabilidad en la participación de ellos en los actos”, afirmó Raza.

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Pazmiño anotó que sí se podría llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y él mismo podría decir que el Gobierno ni ninguna otra institución pública presentarán denuncia o acusación contra los detenidos en la protesta y las dos partes exhortar o sugerir, a la Fiscalía y a los jueces que conocen las acciones judiciales iniciadas, para que aplicando los principios de objetividad y oportunidad y por tratarse de hechos cometidos en un escenario de conflictividad política desistan de las acciones iniciadas.

A criterio del constitucionalista Raza, el pretender que no se continúe con el procesamiento de hechos que podrían constituir un delito termina afectando la administración de justicia, la credibilidad del Gobierno, la institucionalidad y la seguridad jurídica. “Eso envía un pésimo mensaje de que en Ecuador grupos de poder pueden realizar actos vandálicos y pueden quedar impunes. Este es un pésimo mensaje para futuras ocasiones. (...) La impunidad es el peor mensaje que se puede enviar desde la Función Judicial, absolutamente, desde toda la institucionalidad”. (I)