Con la inhabilidad para seguir en el cargo de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) resuelta por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías, para Maribel Barreno y Juan José Morillo, luego de que ambos, la madrugada de este jueves 28 de septiembre, fueron llamados a juicio por el delito de tráfico de influencias, lo que resta es titularizar a los vocales suplentes de Barreno y Morillo en el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Yolanda Yupangui Carrillo es la vocal suplente de Barreno, quien de origen fue propuesta dentro de una terna enviada por la Fiscalía General del Estado, cuando Paúl Pérez Reina era el fiscal general encargado; mientras que Jaime Veintimilla fue hasta enero pasado el suplente de Morillo, vocal que llegó en 2019 al CJ como parte de la terna propuesta por la Defensoría Pública.

Estos vocales titulares y suplentes fueron seleccionados durante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, liderado por el hoy fallecido Julio César Trujillo, y posesionados por la Asamblea Nacional el 29 de enero de 2019.

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El 9 de enero de 2023, Veintimilla presentó su renuncia “irrevocable” a su cargo de vocal suplente de Juan José Morillo y fue aceptada por el Consejo de Participación Ciudadana. Ante esta situación, el CPCCS deberá realizar un procedimiento de selección mediante terna, contemplado en el Reglamento para la designación de los vocales del CJ en caso de ausencia definitiva de vocales principales y/o suplentes.

El 23 de agosto pasado, el pleno del CPCCS resolvió otorgar un plazo de cuatro días al titular de la Defensoría Pública, Ángel Torres, para que remita una terna con sus tres candidatos a ocupar ese cargo. Desde ese momento no se han conocido mayores avances dentro de ese proceso.

Mediante un comunicado de prensa, Juan José Morillo dijo que respeta la decisión jurisdiccional, aclarando que eso no significa que renunciará a ejercer todos los recursos que franquea la Constitución y la Ley. Anotó en lo referente a la inhabilitación del cargo que cumplirá de manera inmediata una vez que el CJ y las entidades públicas pertinentes formalicen los actos administrativos conforme lo dispuso el juez Macías.

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En lo que tiene que ver con medidas cautelares ordenadas para los procesados, Macías ratificó las de presentación periódica cada semana y prohibición de salida del país para Morillo y Jhayya; y para Barreno se le ordenó prisión preventiva y al momento está vigente a nivel nacional una boleta para la ubicación y captura de la abogada de 46 años. Esta vocal, previo a conocer la sentencia de Macías, habría solicitado acogerse a 30 días de vacaciones.

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“En la etapa de juicio probaré de manera técnica hasta la saciedad que no ha existido delito alguno y peor aún responsabilidad alguna, por lo que se ratifica mi estado de inocencia”, expresó Morillo.

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De acuerdo con el artículo 179 de la Constitución, el Consejo de la Judicatura se integra por cinco delegados y sus suplentes, que serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la CNJ, cuyo representante lo presidirá; por la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.

Desde febrero pasado, Wilman Terán preside la Judicatura, mientras que los vocales Fausto Murillo y Xavier Muñoz, delegados de la Función Legislativa y del Ejecutivo, respectivamente, completan el pleno al que hasta el miércoles último pertenecían Morillo y Barreno.

En medio de este procesamiento penal por tráfico de influencias contra dos miembros del pleno de la Judicatura, el 24 de agosto pasado, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CJ emitió un pronunciamiento jurídico en torno a las inhabilidades definidas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) para ser nombrado o desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial.

En el pronunciamiento, en la parte de conclusión y recomendación, se aseguraba que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica concluye que las y los vocales del CJ no pertenecen a ninguna de las carreras de la Función Judicial. “En este sentido, no les son aplicables las inhabilidades establecidas en el artículo 77 del COFJ. Las y los vocales del CJ, si bien son servidores judiciales tienen un régimen especial, propio del control y fiscalización única y exclusivamente por parte de la Asamblea Nacional”.

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Básicamente lo que se quería decir en este pronunciamiento jurídico es que en el caso de los vocales Barreno y Morillo no aplicaba lo dispuesto en el artículo 77, en especial el numeral tres, del COFJ, que habla de las inhabilidades e indica que no puede ser nombrado o desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial quien hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto.

Sobre este punto hubo un análisis en la resolución oral del juez Macías con la que llamó a juicio a Barreno, Morillo y Jhayya y los inhabilitó de seguir en el cargo. La decisión fue totalmente opuesta a lo dicho por Asesoría Jurídica del CJ.

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El magistrado inició su explicación recordando que la Constitución establece en su artículo 177 que la Función Judicial se compone tanto por órganos jurisdiccionales como órganos administrativos, es decir, como órganos jurisdiccionales tiene a la CNJ, las cortes provinciales, los tribunales y los juzgados de paz; mientras que en el artículo 178 de la Carta Magna se establece que el CJ es parte de la Función Judicial y es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

Ante ello, el artículo 77 del COFJ determina las inhabilidades para no poder ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial, entre las que está, en su numeral tres, que no puede ser nombrado o desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial quien hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto.

“Esta determinación legal (la inhabilidad) es una consecuencia jurídica de dictarse un auto de llamamiento a juicio. No establece distinción alguna respecto al cargo que ostenta en la Función Judicial. Ha quedado determinado que la Función Judicial también integra el CJ de la forma que está previsto en la Constitución. Por otra parte, el artículo 153, numeral uno, del COFJ indica la suspensión de la jurisdicción: la jurisdicción de los jueces se suspende por haberse dictado el auto de llamamiento a juicio penal en su contra (...) Existen escenarios que se constituyen en consecuencias jurídicas de emitir una resolución de auto de llamamiento a juicio e inhabilitan tanto a quienes pertenecen a la Función Judicial en el ámbito jurisdiccional, como en el ámbito administrativo, es decir, tanto los vocales del CJ como alguien que funge como juez de la Corte Provincial”, aclaró Macías.

Quito. 27/09/2023. La audiencia del caso Vocales se realizó en la Corte Nacional de Justicia. La fiscal general Diana Salazar emitió un dictamen acusatorio contra los vocales del CJ, Maribel Barreno y Juan José Morillo. Cortesía FGE/El Universo. Foto: El Universo

Una vez que ya ha sido notificado el Consejo de la Judicatura con el auto de llamamiento a juicio de los ahora inhabilitados vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, la dirección general del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial asegura que cumplirá en su “integralidad y de manera inmediata” lo dispuesto en sentencia por el juez de la Corte Nacional Walter Macías.

Desde la Judicatura ya se habría dispuesto a las áreas técnicas instrumentar inmediatamente las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del caso Vocales. Lo que se esperaría es que se elaboren y emitan las respectivas acciones de personal relacionadas a los tres acusados y así se ejecute el mandato jurisdiccional dictado por Macías.

El juez nacional dispuso que se oficie al Ministerio del Trabajo para que registre la inhabilidad por auto de llamamiento a juicio de los dos procesados como coautores (Barreno y Morillo) y el cómplice (Jhayya). Además del director general del CJ, el magistrado ordenó que sean notificados con esta sentencia el Consejo de Participación Ciudadana, como autoridad nominadora de los vocales de la Judicatura.

También se decidió informar a la Contraloría General del Estado para que lleve adelante las acciones pertinentes. Macías advirtió a todos los estamentos de las instituciones mencionadas que en el caso de incumplir este mandato caerían en la conducta establecida en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, delito que genera penas que van de uno a cinco años de cárcel. (I)