La Función Judicial, una más que se suma a la crisis de institucionalidad del Estado ecuatoriano

Una nueva crisis se abre en el escenario político originada en la Función Judicial, enmarcada en una pugna entre la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ).

A eso de las 11:35 de este 20 de mayo, el Consejo de la Judicatura anunció que dictó una medida de suspensión por 90 días en contra del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, por presunta infracción gravísima de manifiesta negligencia señalada en el Código Orgánico de la Función Judicial, tras una denuncia relacionada con supuesto retardo en tramitación de un caso de extradición.

La información difundida en la cuenta de Twitter institucional no detalló los aspectos de dicha denuncia. Sin embargo, Saquicela advirtió que se trata de una “metida de manos en la justicia”, de la que ahora él es una víctima de persecución porque lo van a suspender para luego destituirlo del cargo y dar paso a la impunidad, describió también en Twitter.

Desde ese mismo espacio, Saquicela confirmó que había sido notificado con la suspensión en sus funciones, para que no prospere el trámite de extradición del expresidente de la República, Rafael Correa. “Quieren impunidad, (pero) cuando hay verdad y derecho, no hay temor”, añadió.

Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esta crisis se habría originado el 24 de abril, durante el encuentro que mantuvieron los presidentes de la República, Guillermo Lasso, con los titulares de la CNJ, Iván Saquicela, y Fausto Murillo, de la Judicatura, cuyo objeto era discutir soluciones a las decisiones judiciales con las que se otorgaron habeas corpus a sentenciados por delitos de corrupción y narcotráfico.

Una de esas garantías jurisdiccionales se concedió al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, que le permitió abandonar la cárcel de Latacunga, en donde cumplía penas por asociación ilícita y cohecho. No obstante, este 20 de mayo, la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena echó abajo la sentencia del juez de Manglaralto Diego Moscoso y dispuso la captura de Glas para que sea trasladado al centro de rehabilitación a continuar con el cumplimiento de la pena.

“Preocupa esta pugna que se está viendo en la justicia, en donde los mezquinos intereses políticos están haciendo de las suyas. Eso de amenazar y sancionar al presidente de la Corte es inaceptable, es caer en el juego político de algunos actores”, cuestionó Alarcón.

La suspensión de Saquicela se da, además, en un contexto en el que decidió retirar la terna que remitió el 22 de febrero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que designe al vocal faltante de la Judicatura, luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado, quien presidía dicho organismo en delegación de la CNJ.

Ello, porque el artículo 179 de la Constitución establece que la Judicatura se compondrá por delegados enviados por la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría Pública, de la Asamblea Nacional, del Ejecutivo y de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá.

Después de casi 90 días de enviada esa terna, el Consejo de Participación Ciudadana no ha iniciado el proceso de designación, y su presidente, Hernán Ulloa, justificó la inexistencia de un reglamento que especifique los requisitos e inhabilidades que deben acreditar los candidatos.

Empero, está vigente un reglamento que se aprobó a inicios del 2021 y que se elaboró para elegir al vocal que remplace a Aurelio Moreno que renunció en el 2020.

En ese entonces, el expresidente de la República, Lenín Moreno, reclamó su derecho de que se elija a un representante de su terna, por lo que hasta demandó al CPCCS ante la justicia ordinaria. Así, en abril del 2021, se escogió a Xavier Muñoz como vocal principal y a Solanda Goyes como suplente con ese reglamento.

Saquicela reclamó este 17 de mayo por la inacción y advirtió a Ulloa de incurrir en una clara vulneración al Estado constitucional, la independencia judicial e incumplimiento de funciones que podría ser fiscalizada por la Asamblea Nacional.

Asimismo, responsabilizó al CPCCS de las fallas y problemas institucionales que devengan respecto de las actuaciones del Consejo de la Judicatura al no estar conformado de acuerdo con lo que determina la Constitución.

Ulloa, en declaraciones públicas ese mismo 17 de mayo, defendió al Consejo y declaró que con la entrega de la terna por Saquicela el 22 de febrero, “se vio afectado con una imposición, con una presión indebida para la designación de esta autoridad”.

Consejo de Participación Ciudadana no resuelve qué hacer con elección de vocal de la Judicatura, pese a tener un reglamento vigente para solicitar la terna a la autoridad correspondiente

Mientras tanto, la Judicatura está presidida por Fausto Murillo (elegido por la Asamblea Nacional), en remplazo de Maldonado, pues quien era su suplente Álvaro Román no se ha posesionado y defiende su derecho de presidir el organismo.

Incluso, en las últimas horas envió una comunicación al Consejo de Participación Ciudadana para exigir que se abstengan de nombrar a una nueva autoridad, en tanto se resuelve la acción extraordinaria de protección que interpuso ante la Corte Constitucional (CC) para ser principalizado y presidir el órgano.

Su argumento es que el CPCCS de transición dispuso en la resolución de designación de los vocales de la Judicatura de enero del 2019, que Román sea el remplazo de Maldonado, aunque él provenía de la terna de la Fiscalía del Estado.

Mauricio Alarcón asegura que la Judicatura está funcionando “incompleta” y que no cuenta con el representante de la Corte Nacional de Justicia, por lo que debe procederse con la designación. Y, “aunque el presidente de la República, Guillermo Lasso, haya dicho que no mete la mano en la justicia, hay que tener en cuenta que sus declaraciones en contra de Saquicela han traído como consecuencia buena parte de lo que estamos viendo”, opinó.

La referencia es a las recientes declaraciones de Lasso durante su espacio de entrevistas de los martes, en el que demandó de Saquicela que “se ponga firme, porque él es el responsable de la Función Judicial y debe solucionar los problemas que le corresponden”.

Otra observación a Saquicela la hizo el 3 de mayo, cuando le pidió que las “solicitudes de extradición salgan a tiempo”. Esto, después de que la CNJ solicitó la extradición de Rafael Correa desde Bélgica, pero semanas antes el Gobierno de ese país había resuelto otorgarle la condición de asilado político.

Presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, asegura que continuará tramitando la extradición de Rafael Correa, pese a supuesta existencia de un asilo político

Para el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y ex procurador del Estado Gustavo Medina, por el momento, no se “evidencia una real metida de mano en la justicia” y cree al contrario que esta pugna en la Función Judicial se debe a la desinstitucionalización del Estado, con las pugnas políticas al interior de la Asamblea Nacional, a la que se suman otras instituciones de control que tienen autoridades encargadas y subrogantes.

“Esto es un hito más de la crisis que ha motivado el caos legislativo e institucional, y se da como parte de la crisis moral, social y económica que vivimos”, manifestó.

Explicó que la metida de mano en la justicia se configura de dos formas: dictando leyes que mengüen la independencia y autonomía de la Función Judicial y realizando gestiones para influir en el sentido de las decisiones de los tribunales, las que “han sido recurrentes en nuestro país”.

A su criterio, la salida de esta nueva polémica no se dará en el corto o mediano plazo. “Hay que emprender la posibilidad de una reforma constitucional; hay una necesidad de una reforma legal para ordenar un poco este caos legislativo, pero hay que, fundamentalmente, luchar por la restauración moral”, expresó Medina. (I)