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Tras las pugnas por la presidencia del CPCCS que se dieron en febrero del 2022, los jueces advierten sobre la posible «desnaturalización» de estos recursos.
El pronunciamiento de la Corte se dio después de que la mayoría del actual CPCCS declaró nulas las actuaciones de los cuatro vocales destituidos.
La nueva mayoría de la institución anuló designación de Roberto Romero como superintendente de Bancos y todo accionar de exconsejeros desde el 18 de noviembre.
Los jueces parten de un recurso que planteó el exvocal del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, quien intentó evitar la interpelación en el 2020.
La decisión de destituir como jueza a Larissa Ibarra fue tomada por un voto de mayoría del pleno del Consejo de la Judicatura.
La Ley de Servicio Público establece que un ciudadano destituido no puede asumir un cargo por dos años y su reintegro no puede ser a la misma institución.
Se analiza la elección de Xavier Muñoz en la Judicatura, a quien incluso lo investiga la Fiscalía; también se observa la elección de Pablo Iglesias en el SOT.
El Consejo de Participación Ciudadana que debe designar a las autoridades de control se quedó sin sus autoridades porque incumplió una sentencia de la CC.
La Corte Constitucional decidió que Álvaro Román Márquez ocupe el cargo de presidente temporal de la Judicatura mientas se elige a uno de la cuarta terna.
Él acata, pero no comparte lo resuelto por el Tribunal de Arbitraje; David Rosero asegura que volverá al organismo, pues no perdió sus derechos políticos.
En la Judicatura se ha dispuesto que se hagan las acciones de personal de Álvaro Román como presidente temporal y de Fausto Murillo como vocal titular.
El 3 de febrero pasado Fausto Murillo fue posesionado como presidente temporal del Consejo de la Judicatura en reemplazo de María del Carmen Maldonado.
El CPCCS no designó al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. La CC ordenó que Álvaro Román asuma la presidencia del órgano en lugar de Fausto Murillo
El titular del CPCCS se quejó ante la Corte Constitucional; mientras, el exjuez Hernán Salgado espera que se destituya a los siete consejeros.
Hernán Ulloa asegura que no ha incumplido la sentencia de la CC de designar al presidente del CJ y reclama que los asambleístas incumplieron sentencia de Lindao
La sanción para los funcionarios que incumplen sus dictámenes es la destitución de sus cargos, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución.
La Corte Nacional de Justicia denuncia irregularidades en el Consejo de Participación Ciudadana al tratar las ternas y pide sanciones para los consejeros.
La Corte Nacional denunció atropellos por parte del Consejo de Participación para “evitar y boicotear” la designación del presidente de la Judicatura.
La diligencia se realizará de manera virtual a las 10:30 del 12 de enero, previo a resolver si se cumplió con una sentencia en la que ordenó designar al vocal.
En su respuesta a la Corte Constitucional, Hernán Ulloa abre esa posibilidad; pero, hay cinco consejeros en campaña y una suplente renunció a su cargo.