La fiscal Diana Salazar pide al juez del caso Las Torres que llame a juicio a los trece procesados por delincuencia organizada

En calidad de autores del delito de delincuencia organizada, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, que llame a juicio a los trece procesados dentro del denominado caso Las Torres. El pedido fue hecho por Salazar, la tarde de este viernes, al término de la exposición de los más de 100 elementos de convicción que mantenía para fundamentar su dictamen acusatorio.

Para Salazar, todos son autores del delito investigado, pero los líderes de la “organización delictiva” fueron el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y el excontralor Pablo Celi; mientras que los colaboradores serían Esteban Celi, hermano del excontralor, el exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana, el empresario Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Adolfo Agusto Briones, hermano del fallecido exsecretario de Presidencia José Agusto Briones, Natalia Cárdenas, Roy Calero y Martha Barrezueta.

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Fiscalía acusó a los líderes de la organización por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que deja una pena para los mismos de siete a diez años de cárcel; y a los colaboradores los acusó en base al mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión.

En relación con las medidas cautelares, la fiscal Salazar solicitó al juez Córdova que sean ratificadas las mismas, tanto en el carácter personal como en el carácter real. Inicialmente la Fiscalía dijo mantener cerca de 289 elementos de convicción, entre comunes y particulares, contra los procesados en esta causa.

La delincuencia organizada que persigue la Fiscalía habría ocurrido entre el 2017 y el 2020 a partir de instancias como la Contraloría General de Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República del gobierno de Lenín Moreno. En estas tres instancias habría operado un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas.

Como parte de su intervención, la Fiscalía anunció la prueba pericial, testimonial y documental que usará si el juez Felipe Córdova decide llamar a juicio a los procesados.

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Ahora será el turno de que intervengan los abogados de la Procuraduría General de Estado. Ellos deberán fundamentar la teoría del caso, los elementos con que cuentan para llevar adelante la acusación particular y las pruebas que usará en una posible audiencia de juzgamiento. Luego participarán los abogados de Petroecuador, otra acusación particular en la causa.

La audiencia continúa hasta el momento con la participación de los abogados de la Procuraduría. (I)