Juicios políticos a Diana Salazar y Guillermo Lasso, en el radar de la Asamblea

Ni bien se instaló la Asamblea Nacional el viernes 17 de noviembre, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) ratificó su intención de llevar a juicio político a la fiscal general, Diana Salazar.

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También ronda en los pasillos la idea de retomar o no el enjuiciamiento contra el presidente saliente, Guillermo Lasso, que se suspendió con la muerte cruzada. Aún ninguna organización ha confirmado que lo impulsará.

Para la RC el juicio a la fiscal “es una prioridad”; mientras que con Lasso no se ha cerrado la posibilidad de reactivar el proceso.

El Partido Social Cristiano (PSC) y la alianza oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) no tienen la intención de enjuiciar a Diana Salazar o continuar la interpelación contra el mandatario saliente.

Las diferencias respecto del juicio a la fiscal son un tema sensible en las tres organizaciones, que se unieron en mayoría para nombrar a las autoridades de la Asamblea.

Ya hubo un cruce de comentarios encendidos entre Henry Kronfle, actual presidente de la Asamblea, y el exmandatario Rafael Correa, máximo líder de la Revolución Ciudadana, a inicios de noviembre.

En lo que respecta a ADN, el presidente electo, Daniel Noboa, también descartó el apoyo de su bancada al juicio contra la fiscal. Y tampoco se ha pronunciado por la situación de Lasso. La posición de Noboa sobre la fiscal recibió críticas de Rafael Correa.

La asambleísta Mónica Palacios (RC) reiteró que el correísmo sí buscará impulsar el juicio a Salazar. Además, consideró que sí debería reactivarse el caso de Lasso.

Abogados constitucionalistas consultados por este Diario, José Chalco y Diego Paredes, ven poco probable que la RC sume los votos para destituir y censurar a la fiscal; solo el correísmo insiste en eso con vehemencia.

En cambio, sobre el juicio a Lasso los expertos tienen opiniones opuestas. Paredes indicó que basta con que cualquier asambleísta plantee la moción para someter a votación.

Por el contrario, Chalco argumentó que no es viable legalmente, porque en esta nueva Asamblea no está uno de los dos interpelantes, tampoco varios legisladores que dieron su firma de respaldo o que integraron la Comisión de Fiscalización que tramitó el pedido y analizó las pruebas.

La salida de Diana Salazar, un objetivo del correísmo

La Revolución Ciudadana quiere la presidencia de la Comisión de Fiscalización y, con eso en sus manos, impulsar el juicio contra la fiscal general del Estado.

La legisladora Pamela Aguirre sería la carta del correísmo para presidir la Comisión de Fiscalización, confirmó Palacios el día de la sesión inaugural de la Asamblea. El juicio a Diana Salazar “va a ir”, sentenció.

“Nosotros somos parte de la comisión, si se llega a ese acuerdo de fiscalización. Y lo que vamos a perseguir, lo que queremos es el juicio a la señora fiscal. Es una prioridad”, remarcó.

Diana Salazar fue designada fiscal general del Estado en 2018 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición. Su nombramiento está blindado por la Corte Constitucional (CC). La fiscal procesó a Rafael Correa y otros exfuncionarios de su gobierno en el caso Sobornos 2012-2016, por el cual el expresidente fue condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado.

Si bien los integrantes del movimiento Revolución Ciudadana aseguran que hay suficientes razones para el juicio, aún no precisan cuáles serían las causales.

La asambleísta Paola Cabezas aseguró que “hay muchos elementos”, pero prefirió no adelantar las razones hasta que se defina qué legislador será el interpelante; que podría salir de su bancada o de otra agrupación política, dijo.

“Creo que ella (Diana Salazar) tiene que responder, porque hay muchos temas que han estado bajo su responsabilidad y ha mirado para otro lado. El mismo caso León de Troya, Ina Papers (caso Sinohydro)... después de cinco años decidió formular para Lenín Moreno, cuando todo el mundo sabía que Lenín Moreno tenía plata en una cuenta, porque le habían entregado”, expresó Cabezas el viernes, en el Palacio Legislativo.

El constitucionalista Diego Paredes ve difícil que se obtengan los votos para llevar a la fiscal al pleno o no alcanzarán a completar a tiempo los requisitos para el trámite.

“Hay temas más urgentes. No creo que la Asamblea alcance a realizar los mecanismos para llevarle a juicio a la fiscal. Si el presidente Daniel Noboa cumple su palabra y manda un proyecto de ley por mes, los asambleístas van a estar vueltos locos haciendo leyes y trabajando”, comentó.

En el hipotético escenario de que todo fluya y Salazar sea destituida y censurada del cargo, eso no tendría repercusiones en la sentencia del caso Sobornos, aclaró Paredes.

Juicio contra Lasso en el aire

El juicio político contra Guillermo Lasso se frenó cuando se inició el debate en el pleno, luego de escuchar la defensa del presidente de la República y a los interpelantes. Al gobernante se lo acusó de presunto peculado en la renovación de contratos entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker.

Faltó cerrar el debate y que cinco días después se convoque a una nueva sesión para presentar la moción de censura y destitución.

Los interpelantes fueron Esteban Torres (PSC) y Viviana Veloz (RC), pero solo la asambleísta del correísmo fue reelegida y el viernes 17 de noviembre se convirtió en la primera vicepresidenta del nuevo Parlamento.

Pese a que el Partido Social Cristiano fue uno de los promotores del juicio, el bloque no lo reactivará. No obstante, hacerse a un lado y no retomar el tema no significa que el PSC haya superado su oposición contra Guillermo Lasso.

El rechazo del bloque socialcristiano hacia el mandatario quedó claro en el discurso que dio Henry Kronfle, al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional.

“A la muerte cruzada le debemos que al fin se vaya, para no volver, el responsable del desgobierno que vive el Ecuador”, exclamó Kronfle y recibió la ovación del pleno.

A criterio del abogado José Chalco no se puede reactivar ese juicio porque es una Asamblea diferente, con varios legisladores nuevos, y es necesario que estén todos los sujetos procesales que iniciaron la acción para continuar con el proceso. Este es un órgano colegiado, tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico, dijo Chalco.

“No se trata simplemente de llegar a una votación; esto es una barbaridad desde cualquier debido proceso”, comentó.

Para Diego Paredes, en cambio, sí se puede someter a votación, porque el proceso “está donde lo dejaron”, previo a la moción. Que haya una nueva Asamblea no es impedimento, porque el presidente de la República es susceptible de juicio político hasta un año luego de sus funciones.

La moción incluso podría darse luego de la posesión de Daniel Noboa, prevista para el 23 de noviembre, y censurar a Guillermo Lasso de ejercer cargos públicos, señaló el experto.

Para censurar y destituir al presidente de la República se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. (I)