La acusación sobre un supuesto incumplimiento de funciones por parte de cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el proceso de designación del contralor general del Estado, se desvaneció durante la etapa de sustanciación de pruebas por parte de los interpelantes.
La Comisión de Fiscalización procesa un juicio político en contra de los siete vocales del CPCCS: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos. La petición de juicio la formularon cuatro legisladores de Pachakutik: Mireya Pazmiño, Ángel Maita, Ricardo Vanegas y José Chimbo.
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En la sesión de este 25 de octubre, la interpelante Mireya Pazmiño (Pachakutik) no pudo argumentar la causal para el enjuiciamiento respecto a la atribución del CPCCS de hacer modificaciones al reglamento para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
Su cuestionamiento estaba dirigido a los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Y este se basó en que las modificaciones al reglamento se realizaron cuando se había iniciado el proceso de selección de la autoridad de la Contraloría, pero fue increpada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de que indique si ya se hizo la convocatoria a los aspirantes para la selección del contralor general del Estado.
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Pazmiño afirmó que “eso es irrelevante” y se limitó a señalar que el proceso se inició cuando se conformaron las veedurías ciudadanas y que luego de esa acción se realizaron modificaciones al reglamento.
“Una cosa es la etapa previa del concurso y otra distinta es el concurso como tal”, afirmó el asambleísta Fernando Villavicencio.
Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la mesa de Fiscalización, también dijo a Pazmiño que indique cuál es la ley que han incumplido los cuatro consejeros del CPCCS por la cual son enjuiciados políticamente.
Pazmiño indicó que es el artículo 38 numeral 4 de la ley que rige al Consejo, que se refiere a las atribuciones del organismo: “Organizar las comisiones ciudadanas de selección, dictar las normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia y la ejecución de los actos, de acuerdo con la Constitución y la presente ley”.
Cordero volvió a preguntar en qué parte de la norma que los rige existe la prohibición expresa de reformar un reglamento, que es el hecho que menciona.
Pazmiño contestó: “No necesita de prohibición expresa, es derecho público y aquí tenemos nosotros que ya se organizaron las comisiones ciudadanas, ya dictaron la norma para el proceso y fue promulgado en el Registro Oficial, en las atribuciones no le habilita modificar el reglamento luego de que haya sido modificado”.
La legisladora Ana Belén Cordero volvió a refutar: “Si usted habla de derecho público, tiene que estar expresamente prohibido”.
La asambleísta interpelante contestó: “No tiene que estar prohibido en derecho público, en derecho público se hace lo que está escrito”.
Insistió en que el concurso para elegir al contralor se inició con la conformación de la comisión de veeduría, y no pudo mostrar la resolución con la convocatoria de candidatos a contralor del Estado.
Sin embargo, el presidente de Comisión, Fernando Villavicencio, ordenó la lectura del artículo 17 del título IV del reglamento, sobre el Concurso Público de Méritos y Oposición, y concluyó que “de acuerdo con el reglamento vigente, el concurso empieza con la convocatoria”. Que una de las facultades que tiene el CPCCS es dictar las normas.
Roberto Cuero, delegado de UNES en la Comisión de Fiscalización, habló de que existe confusión en qué momento arranca el concurso para designar al contralor del Estado, y afirmó que en la ley del CPCCS hay requisitos. Y preguntó a la asambleísta Mireya Pazmiño sobre el inicio del concurso, y ella sostuvo que se inicia cuando se realiza la convocatoria para la conformación de las veedurías ciudadanas, esto es, 12 de agosto de 2021.
El interpelante Ángel Maita (PK), por vía telemática, se refirió a las dos causales de juicio por falta de transparencia en el concurso para designar al superintendente de Ordenamiento Territorial y por cambiar las reglas de juego del concurso para la designación del contralor, y afirmó que al respecto su coidearia Mireya Pazmiño hizo una exposición amplia.
Dijo que es innegable que los consejeros acusados han incumplido sus funciones porque han mantenido diálogos indebidos con postulantes a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con unos audios difundidos sobre conversaciones telefónicas entre la consejera Ibeth Estupiñán, la aspirante Gianella Jácome y el abogado Fausto Lupera.
No hay concurso
El presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, afirmó que no existe un incumplimiento de funciones, que en lugar de someterlos a un enjuiciamiento político por esas razones, deberían ser reconocidos como personas que han actuado eficientemente para brindarles seguridad jurídica en el proceso de designación del próximo Contralor del Estado.
Que el acto de interpelación es oportuno para orientar y desvanecer las razones que los convoca a un procedimiento político. Hay que dejar en claro, añadió Ullloa, que el Cpccs, puede derogar reglamentos, crear y reformar hasta antes de la convocatoria a un concurso. Y aclaró que “todavía no inicia el concurso, que el Consejo de Participación no ha hecho una convocatoria para que la gente se postule para Contralor General del Estado”.
La vicepresidenta del Cpccs, María Fernanda Rivadeneira, afirmó que se ha demostrado que no son ciertas las aseveraciones de la asambleísta, Mireya Pazmiño, y la prueba principal es la certificación de que la convocatoria al concurso de postulación de ciudadanos para designar al Contralor del Estado aún no se ha realizado.
Que el proceso de conformar la veeduría ciudadana y reformas al reglamento, son previos al inicio de la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
Este 26 de octubre, la mesa de Fiscalización recibirá a los interpelantes Ricardo Vanegas y José Chimbo, del bloque Pachakutik, quienes presentaron sus acusaciones contra los siete consejeros del CPCCS, relacionadas con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, y un supuesto conflicto de interés para la designación del defensor del Pueblo, César Córdova. (I)