Presiones e interferencias por parte del Gobierno nacional en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a fin de modificar el reglamento para designar al contralor general del Estado, fueron reveladas en la segunda sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que sustancia el pedido de juicio político a los siete consejeros, acusados de incumplir funciones.

A la primera parte de las comparecencias acudieron los integrantes de la Comisión Técnica del CPCCS: Enrique Gómez y Wilson Gallardo, quienes actuaron en el proceso para la selección del superintendente de Ordenamiento Territorial. Aclararon que ellos revisaron los documentos presentados por Pablo Iglesias para su designación y que en ninguna parte de los documentos acreditados se advertía un conflicto de interés del aspirante con el expresidente del CPCCS Christian Cruz.

Incluso dijeron que revisaron información presentada por el candidato, y además contrastaron con las páginas oficiales del Servicio de Rentas Internas sobre la existencia de una empresa afín al expresidente del CPCCS Christian Cruz, pero que no encontraron información, tomando en cuenta que Pablo Iglesias hizo algunos trabajos de asesoría para Cruz.

Continúan comparecencias dentro del juicio político a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Cambios al reglamento

Luego se produjo la intervención de Guido Egas, coordinador de la veeduría para designar al contralor del Estado, quien denunció que la actual mayoría del CPCCS no estaba habilitada para cambiar el reglamento para la selección de esa autoridad de control; que no conocía esas reformas; que únicamente se enteró de que era de iniciativa de una fundación.

Advirtió que en el reglamento se cambió el número de preguntas de 2.000 a 60; que se incorporó un examen oral cuya calificación es subjetiva; que el software para incluir información de los aspirantes tenía alteraciones, y que la valoración era inconsistente.

Pero cuando fue interrogado por el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, admitió que en el anterior reglamento las 2.000 preguntas eran entregadas a los aspirantes, y que ahora las 60 preguntas que deben contestar los candidatos son reservadas.

Alejandro Gallo, integrante de la comisión técnica para la designación del contralor, reveló que el Gobierno, a través del equipo asesor de Aparicio Caicedo y Karen Sichel, entregó los cambios que debían introducirse en el reglamento para designar al contralor. Reveló también que hubo presión e incluso amenazas a la anterior presidenta del CPCCS, Sofía Almeida.

“A mí el Gobierno estaba, en una especie de chantajes y amenazas, indicándome que, si no cedíamos a sus presiones, iban a destituir a la presidenta Sofía Almeida para ellos conformar una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana que sea obediente y complaciente a ellos. Pero, como no cedimos a ello, se dio el golpe de Estado”, afirmó Gallo. Luego de que se concretaron esas amenazas —añadió— denunció el hecho ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional el 16 de marzo de 2022.

Que luego de la salida de Almeida, el nuevo presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, planteó los cambios al reglamento que fueron sugeridos desde el Gobierno, y fueron aprobados, a más de Ulloa, por los consejeros María Fernando Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Las reformas que se realizaron al reglamento fueron las mismas que se pretendían, en la administración de Sofía Almeida, imponer desde Carondelet, dijo Gallo, tras afirmar que “estos cambios eran exigidos por Aparicio Caicedo y su asistente Karen Sichel”.

Tras ser interrogado por los consejeros, Gallo admitió que él fue a Carondelet, a reuniones con los asesores presidenciales; que los cambios al reglamento fueron entregados en octubre de 2021, es decir, cinco meses antes de que se produjeran los cambios, en la nueva administración del CPCCS. Además, reconoció que fue asesor de la expresidenta Sofía Almeida. (I)