El juicio político contra la aún vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Solanda Goyes es al momento el último capítulo de una serie de procesos de fiscalización que se han planteado contra integrantes en funciones y exfuncionarios que han sido parte del pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial dentro del periodo 2019-2025.