El parte policial del 10 de febrero pasado, el cual fue realizado dentro del denominado caso Goleada, en el que se revela la novedad de que Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, no usaba el dispositivo de vigilancia electrónico definido en el caso Triple A, es lo que le sirve de base a la fiscal Ruth Amoroso, de la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia, para solicitar al juez anticorrupción Renán Andrade que fije una fecha para en audiencia fundamentar la necesidad de que se revise esa medida cautelar.