Para el fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, la ejecución material de los hechos investigados en el caso de la presunta detención irregular y tortura de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), recayó en personas subordinadas a la estructura militar jerarquizada, quienes ejecutaron la captura, custodia, interrogatorio y ocultamiento respondiendo a órdenes y control del mando institucionalmente preestablecido.
La mañana de este miércoles 5 de noviembre, el fiscal Alarcón en su alegato de inicio anunció que se demostrará, con base en las pruebas recabadas, la responsabilidad de los seis procesados en una causa que investiga violaciones de derechos humanos que, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad ante la actuación coordinada de estructuras estatales -cadena de mando-, inteligencia, custodia e interrogatorio, apoyo médico y operativo contra personas tratadas como “enemigos internos”.
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“Esta sistematización habría sido adoptada por Ecuador bajo doctrinas surgidas en América Latina entre décadas de 1970 y 1980, legitimando estructuras especializadas de inteligencia, operaciones encubiertas, recopilación y archivo de información sobre civiles, detenciones clandestinas y técnicas de interrogatorio físico y psicológico. Eso permite ejecutar ataques planificados, sostenidos y con vocación de permanencia contra sectores identificados como disidencia política estudiantil, sindical o militante”, se explicó desde la Fiscalía en un comunicado.
Lo que Fiscalía anunció que probará en la audiencia de juzgamiento
Desde la Fiscalía se ofreció probar que existió una estructura estatal sistemática como una política de Estado direccionada al combate del “enemigo interno”; que el 10 de noviembre de 1985, Luis Alberto Vaca Jácome, Susana Valeria Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez fueron detenidos, sin orden judicial, en Esmeraldas por personal militar y llevados al Batallón Escuela de Ingenieros n.º 1 Montúfar.
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Alarcón también dijo que demostrará en la audiencia de juzgamiento que la madrugada del 11 de noviembre de 1985, las tres víctimas fueron trasladadas al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), en Conocoto, donde permanecieron en custodia militar y fueron sometidas a interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas y tratos crueles durante 17 días; que Luis Vaca permaneció desaparecido, fuera de toda protección judicial, durante aproximadamente dos años, bajo custodia de miembros de inteligencia militar, siendo liberado en Ibarra; y que las víctimas y sus familiares a consecuencia de estos hechos sufrieron una afectación a su derecho a la libertad, a la integridad, a la dignidad humana y a otros derechos.
A cinco días de que se cumplan 40 años de que se habría dado la presunta detención irregular y tortura de Vaca, Cajas y Jarrín, por parte de supuestos miembros de seguridad del Estado ecuatoriano, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló, la mañana de este miércoles 5 de noviembre, la audiencia de juzgamiento contra Luis Eduardo P., Manuel Marcelo D., Juan Raúl V., Mario Ricardo A., Nelson Bolívar E. y Fernando Ignacio R.
El caso Vaca-Cajas-Jarrín se inició judicialmente en octubre del 2013, tres años después de que el informe de la Comisión de la Verdad (2010) reportó la existencia en el Ecuador de 118 casos -incluidos los casos Vaca, Cajas y Jarrín- en los que habrían existido delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos, entre los años 1984 y 2008.
Seis meses después de iniciada la instrucción (marzo de 2014), la jueza de la Corte Nacional Lucy Blacio llamó a juicio a nueve personas, en su mayoría oficiales militares y policiales, todos en servicio pasivo: Luis P., Jorge A., Fernando R., Marcelo D., Juan V., Mario A., Nelson E., Guillermo R. y Édgar V., excomandante de Policía.
La Fiscalía los involucra en el delito de tortura, violencia sexual y desaparición forzada contra los tres exintegrantes de AVC. Según el relato que sostiene Fiscalía General, el 10 de noviembre de 1985, Vaca, Cajas y Jarrín fueron detenidos en Esmeraldas por militares, quienes les pidieron sus identificaciones y sin una orden judicial los llevaron al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, Pichincha.
Las autoridades de la época negaron las detenciones, pero la Fiscalía, a través de reportes de Inteligencia, conoció que sí sucedió.
Cajas y Jarrín, señalan documentos oficiales, estuvieron arrestados durante quince días, en los que habrían sufrido torturas físicas, psicológicas y sexuales. Mientras que Luis Vaca continuó en situación de desaparición forzada durante tres años, hasta que fue liberado (1988).
Los roles cumplidos por los que acusa la Fiscalía
En su alegato de inicio, el fiscal general subrogante describió de manera individualizada las irregularidades y los hechos en los que habrían participado los seis procesados por presuntos crímenes de lesa humanidad:
1.- Luis Eduardo P. R., ministro de Defensa, 1984-1986. Se le atribuye responsabilidad de mando a nivel político-militar superior sobre el sistema de inteligencia militar que ejecutó las detenciones ilegales de civiles, detenciones fuera de control judicial, interrogatorios coercitivos y suprimió toda intervención de la justicia ordinaria a las víctimas.
2.- Manuel Marcelo D. A., director de Inteligencia del Ejército, 1987-1988. Se le atribuye responsabilidad en la dirección operativa de la información generada por las unidades de inteligencia del Ejército, como el Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM) y Contrainteligencia Quito (CIQ), en las cuales se ejecutaron las detenciones prolongadas de manera clandestina de personal sin orden judicial.
3.- Juan Raúl V. V., comandante del AEIM, 1984-1987. Se le atribuye responsabilidad en la custodia clandestina de las víctimas dentro del AEIM. Como comandante tenía conocimiento y control del lugar donde se mantuvieron estas personas y el deber de conocer quién entraba y quién permanecía y qué trato se les daba.
4.- Mario Ricardo A. W., comandante del AIM, 1987-1990. Se le atribuye responsabilidad en la continuidad de la retención ilegal y la prolongación del plagio, desaparición forzada de Luis Vaca, manteniéndolo fuera de toda supervisión judicial y disponiendo su manejo como “objeto de inteligencia”.
5.- Nelson Bolívar E. G., jefe de la unidad de Contrainteligencia Quito CIQ, órgano operativo del AEIM. Se le atribuye responsabilidad por el control inmediato de personas detenidas como “objetivos de inteligencia” en el manejo de accesos, traslados y “liberaciones condicionadas”, y en la ejecución práctica de órdenes de custodia e interrogatorio.
También habría ejecutado conductas de manera indirecta en contra de las víctimas.
6.- Fernando Ignacio R. B., médico del AEIM, 1984-1987. Se le atribuye responsabilidad directa dentro del esquema de interrogatorio y sometimiento físico y psicológico de personas detenidas clandestinamente, incluyendo intervenciones dirigidas a quebrar la resistencia de las víctimas y el conocimiento del uso de sustancias aplicadas como el denominado “suero de la verdad”.
“Los hechos relatados por la Fiscalía General del Estado constituyen el delito de lesa humanidad en atención al principio de control de convencionalidad y a la figura jurídica de doble subsunción. Cabe recalcar que, según el derecho penal y el derecho penal internacional, la persecución de estos delitos es imprescriptible, no es susceptible de amnistía y obliga al Estado a investigar, juzgar y sancionar. Además, los hechos que se investigan responden a un patrón sistemático que impide la prescripción irretroactiva de la Ley penal o cualquier circunstancia excluyente de responsabilidad”, se explicó desde Fiscalía. (I)