La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa a 93 legisladores para determinar si incumplieron las medidas cautelares otorgadas a favor de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, cuando modificaron el orden del día el 26 de abril, día que se integró la comisión pluripartidista que procesa una denuncia en su contra por incumplimiento de funciones.
Personal de la Policía Nacional de apoyo a la Fiscalía acudió este 6 de mayo hasta el Palacio Legislativo para notificar a los legisladores de que supuestamente, según la denuncia presentada por Guadalupe Llori, habrían cometido el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. No encontraron a todos en sus despachos por lo que la notificación la dejaron en ventanilla de gestión documental.
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En la sesión 772 del pasado 26 de abril, el pleno de la Asamblea con 93 votos aprobó una moción presentada por la legisladora Marcela Holguín, de la bancada UNES, para que se incorpore en el orden del día una moción para integrar la comisión pluripartidista que conozca la denuncia presentada por el asambleísta del PSC Esteban Torres en contra de Guadalupe Llori, por supuesto incumplimiento de funciones. Esa comisión fue conformada por cinco miembros y con el respaldo de 81 votos. Al momento avanza en el trámite de la denuncia.
Frente a la decisión del 26 de abril, la presidenta de la legislatura presentó una denuncia en contra de los 93 asambleístas que a su criterio violaron las medidas cautelares que concedió el Tribunal de Garantías Penales el 5 de abril, para evitar que el pleno del Parlamento debata y resuelva una moción para crear una comisión ad hoc que investigue sus actuaciones como presidenta. Según la demandante, las medidas cautelares estaban vigentes cuando se instaló la sesión 772 el 26 de abril.
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Esa posición contrasta con la decisión de los 93 asambleístas que dieron paso a la conformación de la comisión. La legisladora Marcela Holguín (UNES) explicó que el 29 de marzo el asambleísta Fausto Jarrín (UNES) se abstuvo de plantear el cambio del orden del día que pretendía crear la comisión pluripartidista en vista de que existía una medida cautelar presentada por Guadalupe Llori.
Que el 25 de abril pasado, la Defensoría del Pueblo informó que se cumplieron las medidas cautelares, por lo tanto, dijo Holguín, la Asamblea podía presentar un cambio en el orden del día, pues las medidas cautelares ya habían sido cumplidas y notificadas por la Defensoría.
Holguín, que coordina al bloque UNES, dijo que miran con preocupación el hecho de que una vez más se intente judicializar la política en el país y que la justicia esté a merced de intereses particulares de determinadas personas, pero no se ponga a trabajar por los intereses de la ciudadanía en materia de inseguridad y regresión de derechos.
“Queremos saber si la justicia va a seguir actuando de esta manera, de forma absolutamente parcializada e interviniendo en otras funciones del Estado, y si va a procesar a 93 asambleístas por cumplir su trabajo”, preguntó Holguín.
Dirigiéndose a Guadalupe Llori, la legisladora Holguín dijo que no le tiene miedo, que seguirán trabajando en función de sus atribuciones y que con lo solicitado a la Fiscalía lejos de amedrentar lo único que hace es fortalecer el trabajo en defensa de la institucionalidad. Recordó además que los legisladores tienen inmunidad por sus acciones dentro de la Asamblea.
También desmintió que Llori haya planteado a la bancada UNES una salida digna de la presidencia de la Asamblea, como lo aseguró en una entrevista con EL UNIVERSO. Según Holguín, lo único que querían desde el inicio es la conformación de una comisión de evaluación de su gestión. “A mí la presidenta no me ha dicho que quiere sentarse conmigo para tratar de tener una salida digna, qué mejor dignidad el hecho de presentarse ante una comisión, dar la cara y con pruebas decirle a la ciudadanía si es o no culpable de lo que se la está acusando”, subrayó la legisladora de Pichincha.
Darwin Pereira, del grupo de asambleístas rebeldes de Pachakutik, dijo que es un hecho sin precedentes que la Fiscalía notifique a 93 legisladores con el inicio de una indagación previa tras la denuncia presentada por la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, cuya investigación será reservada.
Comentó que esta acción judicial no asusta en lo más mínimo, porque la Fiscalía lo que hace es atender el requerimiento, cuando bien puede aprovechar todo el aparataje penal para atender y seguir a la delincuencia. Los 93 legisladores tendrán que contratar 93 abogados, mientras que Guadalupe Llori lo hace con el abogado de la Asamblea.
El coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, precisó que la notificación de la Fiscalía se realiza a los 93 legisladores, porque fueron los que votaron por el cambio en el orden del día; sin embargo, la violación de las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales corresponde a 81 asambleístas que fueron los que votaron por la conformación de la comisión a pesar de que sabían y conocían que estaban vigentes las medidas.
Salazar dijo que no es correcto sostener que las medidas cautelares ya no estaban vigentes el 26 de abril, por el hecho de que había un informe de la Defensoría del Pueblo, cuando el único que puede revocar es el Tribunal de Garantías, y es así que 24 horas después revocó las medidas; entonces, en el momento de conformar la comisión pluripartidista se comete el presunto delito e incumplieron con la decisión de la autoridad legítima competente.
El jurídico del Parlamento aclaró a los 93 legisladores sospechosos de cometer un delito que no los puede defender, que cada uno tiene su asesor jurídico o debe contratar un abogado, porque él es “procurador de la Asamblea Nacional y no de los asambleístas, y que es una denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea que tiene otro tipo de atribuciones”.
Fiscalía cumple con investigar
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, en redes sociales salió a aclarar que ella cumple con investigar todas las denuncias presentadas por cualquier ciudadano.
Que en el caso de la denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, el 26 de abril, por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, Fiscalía inició una investigación previa que es una fase preprocesal que permite recabar elementos de cargo y descargo, con la finalidad de descubrir si se ha cometido o no un delito.
Aclaró que la Fiscalía no interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado, ante lo que ella llamó comentarios malintencionados e infundados y sin base jurídica que han circulado, con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política.
Salazar comentó que es importante mantenerse vigilante de las actuaciones de todas las funciones e instituciones del Estado con la finalidad de no permitir que se politice la justicia ni se juegue con la fe pública. Por eso, hizo un llamado a los políticos y dirigentes del país para que no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema de justicia y al derecho penal en conflictos que escapan de su competencia y que deben resolverse por otras vías. (I)