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Nueve asambleístas amazónicos esperan asumir el cargo para fiscalizar al Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica.
Guillermo Lasso indicó que la región amazónica constituye un pilar fundamental para el desarrollo del Ecuador.
El delito de tráfico de influencias es sancionado en el Código Orgánico Integral Penal con penas privativas de la libertad que van de los tres a los cinco años.
Durante el gobierno de Guillermo Lasso, cuatro personas han sido delegadas del jefe de Estado para presidir el Consejo.
La extitular de la Asamblea dijo que el presidente Guillermo Lasso conoce de su trabajo y lealtad. Llori indicó que asumirá los gastos de su nueva función.
El movimiento político aseguró que tiene acuerdos con la administración de Guillermo Lasso.
La exasambleísta de Pachakutik fue nombrada en el cargo a través del decreto 780, suscrito por el presidente Guillermo Lasso.
La Fiscalía apunta como presuntos autores a los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo y como cómplice al juez de Pichincha Vladimir Jhayya.
El 4 de mayo último, la formulación de cargos se difirió porque el juez Walter Macías fue recusado por la vocal Maribel Barreno ante una enemistad manifiesta.
El 14 de mayo, el pleno del Legislativo debe renovar a las autoridades del Consejo de Administración Legislativa para los próximos dos años.
El Consejo de Participación Ciudadana que debe designar a las autoridades de control se quedó sin sus autoridades porque incumplió una sentencia de la CC.
El Comité de Ética de la Asamblea Nacional procesa una denuncia presentada por el asambleísta Bruno Segovia, ex-Pachakutik.
El Consejo de Administración Legislativa calificó una denuncia por supuesto tráfico de cargos públicos cuando ejerció la presidencia del Parlamento.
En el pleno se registraron 82 votos a favor de la moción planteada por la legisladora Johana Ortiz (UNES), que denunció el caso y pidió su destitución.
El presidente de la Asamblea Nacional tiene cinco días para poner a conocimiento la resolución al pleno del Parlamento.
La legisladora Johana Ortiz (UNES) presentó la denuncia de que la expresidenta de la legislatura se habría beneficiado del cobro de diezmos.
El Comité de Ética se reinstalará este 8 de noviembre para continuar con la práctica de prueba que involucra a la expresidenta del Parlamento.
La etapa de comparecencias y práctica de pruebas se iniciará el próximo 7 de noviembre.
La sesión del Comité de Ética del Parlamento fue convocada para el 24 de octubre a partir de las 12:00.
Según la denuncia, cuando ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional habría percibido otros ingresos de fondos públicos.