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Comienza segunda investigación a la expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori, esta vez por gestionar cargos públicos

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional procesa una denuncia presentada por el asambleísta Bruno Segovia, ex-Pachakutik.

La asambleísta Guadalupe Llori, representante de la provincia de Orellana, enfrenta una segunda investigación ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Cortesía Foto: CRISTIAN CAGUA

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El Comité de Ética de la Asamblea Nacional conoció una segunda denuncia presentada en contra de la expresidenta del Parlamento Guadalupe Llori, del bloque Pachakutik, acusada de gestionar cargos públicos en la provincia de Orellana, a la que representa.

La denuncia la presentó el asambleísta Bruno Segovia (antes de Pachakutik), quien solicita su destitución por incurrir en la prohibición contemplada en el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relativo a la prohibición que tiene un asambleísta de gestionar nombramientos de cargos públicos.

Gobierno y Pachakutik bloquean destitución de Guadalupe Llori, acusada del cobro de diezmos a sus colaboradores

Esta es la segunda denuncia que enfrenta Guadalupe Llori; la primera la presentó la legisladora de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) Johana Ortiz, por supuesto beneficio de diezmos que eran pagados por sus colaboradores de despacho a través del alquiler de un vehículo de lujo para su movilización en territorio cuando ella era presidenta de la Asamblea.

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Este proceso aún no concluye en el pleno del Legislativo, tras una moción de reconsideración de la moción que presentó Ortiz para que se destituya del cargo de asambleísta a Llori. La sesión 815 fue suspendida y aún no existe fecha para que se vuelva a tomar votación; se necesitan 92 votos, y el sector de oposición solo alcanzó 82 voluntades.

El presidente del Comité de Ética, José Chimbo, explicó que está corriendo el plazo de diez días para que tanto el acusador como la acusada presenten las pruebas de descargo; este vence el próximo 5 de diciembre.

Luego, habrá ocho días para recabar la información solicitada por el legislador que presentó la denuncia contra Llori; posteriormente, se procederá a calificar las pruebas y habrá una sesión para la práctica de esas pruebas y recibir la versión de testigos para, finalmente, presentar el informe correspondiente.

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El asambleísta Bruno Segovia comentó que posee prueba documental respecto de nombramientos de personas que constan en una lista de alrededor de 20 personas, que van desde la gobernadora hasta tenientes políticos, personas vinculadas con Pachakutik y exfuncionarios de la Prefectura que gozaban de la confianza de la expresidenta de la Asamblea.

El representante del Azuay recordó que la denuncia nació de una confesión que Llori le hizo en el despacho de la presidencia de la Asamblea cuando empezó el actual periodo legislativo. Ahí le dijo que tenía conflictos con la prefecta de Orellana, Magaly Orellana. “Para que vea quién soy yo: puse hasta el último teniente político en la provincia”, le habría señalado.

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Luego de que surgieron las denuncias de corrupción, el legislador Segovia recordó la confesión de Llori y comenzó a investigar el caso. Pudo determinar las conexiones de los cargos provinciales con la asambleísta Guadalupe Llori Abarca, como el hecho de que su alterna era gobernadora; el procurador de la alianza, su asesor; y una prima de su yerno, también funcionaria pública.

Pese a las pruebas, Bruno Segovia duda mucho de que haya los 92 votos para destituir del cargo a Llori; considera que primará el espíritu de cuerpo.

El tema es —añadió— que, si se va Guadalupe Llori del Parlamento, “tienen que ponerse en fila algunos legisladores”, porque hay algunas denuncias desde el mismo Gobierno sobre pedidos de dinero y puestos en el Estado, puestos y nombramientos en algunas provincias. (I)

Redacción
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