“No podemos entrar en la mente de la colectividad y decirle qué debe pensar, pero existen herramientas de investigación que nos ayudan a entender la imagen que percibe el público sobre la entidad (…), en definitiva, la imagen es la cara visible de la institución”. Así justifica la Asamblea Nacional su reciente decisión de contratar un sondeo de opinión que le permita luego desarrollar estrategias de comunicación para mejorar su relación con la ciudadanía y su imagen en el país, una imagen que quedó más deteriorada tras la disolución de la entidad el 17 de mayo de 2023.

Ese día, el entonces presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 741, con el que resolvió “disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna” y llamar a la muerte cruzada, un mecanismo constitucional que destituye ambos poderes –ejecutivo y legislativo– y convoca a elecciones anticipadas. “Este enfrentamiento exacerbó la inestabilidad política y generó una crisis constitucional que afectó la imagen de la Asamblea Nacional”, señalan los documentos que avalan la contratación del sondeo ciudadano.

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La muerte cruzada –agrega la Asamblea– “reflejó una falta de consenso político y una ausencia de mecanismos efectivos para resolver disputas entre poderes del Estado en Ecuador. Este episodio contribuyó significativamente a la deteriorada imagen de la Asamblea, al percibirse como una institución incapaz de resolver conflictos de manera pacífica y constructiva, y priorizando intereses políticos sobre el bienestar del país”.

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Las estadísticas confirman que la aprobación de la Asamblea cayó en mayo del 2023, tras el decreto de la muerte cruzada, pero ni tanto, se ubicó en el 4,4 %, cuando un año atrás ya estaba en niveles del 8,6 %, pues la gran mayoría, más del 80 %, desaprobaba la gestión de la Asamblea (presidida entonces por Virgilio Saquisela), según el análisis que publicó la encuestadora Cedatos en su Estudio de Opinión Nacional con fecha del 22 de febrero de 2024.

La Asamblea no sesionó hasta que se posesionaron los nuevos legisladores y su presidente, Henry Kronfle, en noviembre de 2023, mes en que –según Cedatos– la aprobación de la Asamblea se ubicó en 34,6 % y llegó al 41,9 % el 22 de febrero pasado, el porcentaje más alto de aprobación que ha tenido desde mayo del 2022.

Qué hay de particular en este momento? Que están en una alianza con un Presidente que por ahora es popular, pero si la gente empieza a percibir que esa alianza Ejecutivo-Legislativa no está dando resultados, entonces puede revertirse de una colaboración positiva a un pacto en términos negativos. Si la gente percibe que el gobierno ya no funciona, que no da resultados en seguridad o economía, esa alianza se convierte en componenda.

César Febres Cordero, analista político

De hecho, Febres-Cordero cita los datos frescos de la encuestadora Perfiles de Opinión, en los que ya se observa una disminución de la aprobación de la Asamblea. A marzo de 2024, esta consultora ubica en el 65 % la desaprobación ciudadana, mientras que solo el 26 % considera como ‘buena’ la gestión de la Asamblea.

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De ahí que la actual administración legislativa busca contratar el sondeo ciudadano con la posibilidad de una posterior campaña para mejorar su imagen. El proceso de contratación se publicó en el portal del Sercop el pasado 7 de marzo y tiene previsto adjudicarse al contratista este jueves, 21 de marzo.

El presupuesto asignado para realizar la encuesta se ha fijado en $ 60.000, incluyendo el IVA, según se detalla en las certificaciones económicas. “El costo de contratar un estudio de consultoría se justifica por los beneficios esperados, que van más allá de lo económico y se reflejan en la mejora de la imagen y la legitimidad de la Asamblea Nacional”, señala la entidad.

Con el sondeo se busca encuestar entre 2.500 y 3.000 personas mensuales a través de canales digitales y virtuales, en las 24 provincias del país, de manera proporcionada y según edad o sexo. El cuestionario planteará preguntas encaminadas a que la población opine sobre la gestión de la Asamblea e identifique las principales necesidades y áreas de mejora.

“El conocer las opiniones y percepciones de la ciudadanía sobre el quehacer legislativo de las autoridades que dirigen la Asamblea Nacional y el país son importantes para la institución”, señala la entidad para “determinar los mensajes, grupos objetivos y canales de comunicación más adecuados para que la institución informe de sus actividades”.

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El contrato para el sondeo se encuentra en la etapa en la que se llega a un acuerdo con el contratista elegido, antes de la adjudicación. Para este caso, la Asamblea invitó directamente al estratega electoral y exasesor en el gobierno correísta, Álvaro Marchante Carrero, el único proveedor que presentó su oferta económica.

De origen español, Marchante se desempeñó durante casi dos años (2014-2016) como asesor en la Secretaría de la Gestión de la Política, cuando Viviana Bonilla dirigía esta entidad, creada en 2013 por Rafael Correa y eliminada por Lenín Moreno en 2017.

Marchante, gerente de la encuestadora Comunicaliza SAS, presentó un portafolio de trabajos en el que constan varios sondeos realizados para entidades como la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y empresas como la Industrial Bananera Álamos S. A. “Se eligió al citado profesional por su propuesta, calidad de servicio, experiencia acreditada y que cuenta con un sistema especializado (…), puede realizar la encuesta a un mayor espectro y obtener los resultados con mayor rapidez”, justifica la Asamblea. (I)