El juez Javier De la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ordenó las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica cada ocho días en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo y del juez de Pichincha Vladimir Jhayya, quienes son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias en torno a supuestas injerencias en una acción de protección que en 2022 planteó la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori para evitar su destitución del cargo.

La audiencia de formulación se desarrolló el miércoles 7 de junio, en una extensa jornada. La Fiscalía denominó al proceso como Caso Vocales, investigación que es liderada por la fiscal general, Diana Salazar, quien presentó 43 elementos de convicción.

La teoría fiscal se fundamenta en un audio y fotografías de una reunión mantenida entre los acusados y una jueza –que grabó el encuentro y ahora es testigo protegida– en una oficina particular del vocal Juan José Morillo, en donde se habla de acciones para favorecer el recurso que interpuso Llori y además se menciona un supuesto reparto de notarías, sobre la situación legal del exvicepresidente Jorge Glas, la participación en el tema del presidente de la CNJ, Iván Saquicela, entre otros hechos.

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Originalmente, Salazar solicitó que se dicte prisión preventiva para los vocales Barreno y Morillo, señalados como presuntos autores del delito, con el argumento de que al estar en libertad se pondría en riesgo el fin procesal del juicio, ya que los sospechosos podrían realizar acciones a su favor valiéndose de la autoridad que poseen.

En cambio, para el juez Jhayya, quien es señalado en calidad de cómplice, la fiscal general pidió inicialmente medidas de presentación periódica, prohibición de salida del país y el uso del grillete electrónico, al no representar riesgo procesal. Pero después, a pedido de la defensa, aceptó que no se le defina el uso del dispositivo electrónico porque ha colaborado con la investigación.

El juez que lleva la causa no acogió el pedido de prisión preventiva ni el uso de grillete. De la Cadena señaló que la Fiscalía no logró justificar sus pedidos ni cumplir con algunos de los requisitos que legalmente se requieren para la aplicación de la privación preventiva de la libertad, así como el uso del dispositivo electrónico.

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Lo que sí aceptó el magistrado De la Cadena fue la petición de retención y prohibición de enajenar bienes por un monto de $ 5.100, con la finalidad de garantizar el pago de multas y la reparación integral. La etapa de instrucción fiscal en este caso durará 80 días.

El plazo para las presentaciones periódicas que deben cumplir los sospechosos empezará a regir desde el viernes 9 de junio.

Durante la audiencia, los abogados defensores de los imputados desvirtuaron las acusaciones y descalificaron el testimonio anticipado de la jueza que es testigo protegida.

Los representantes de los vocales pusieron en duda la veracidad de la grabación y señalaron que la fiscal Diana Salazar no ha hecho más que soltar “conjeturas” y “comentarios maliciosos”. Dolores Vintimilla, abogada de Maribel Barreno, señaló que existe persecución política contra su clienta.

En tanto, el abogado Geovanny Flores, defensor de Juan José Morillo, aseguró que no existen elementos suficientes ni claros en contra del vocal de la Judicatura. Agregó que el audio ha perdido valor al haber sido expuesto a varias copias, las cuales fueron entregadas a autoridades de la Función Judicial que estaban suspendidas, de la entonces Asamblea e incluso de medios como La Posta.

En tanto que Jesús López, representante del juez Jhayya, insistió en que su cliente no tiene relación con la causa que se investiga. (I)

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