Fiscalía busca que se sancione a exjueces que obtuvieron beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de condenados por asesinatos, violación...

Para el fiscal general encargado, Wilson Toainga, no es nada nuevo lo ocurrido en el caso Plaga, es decir, el secuestro del que ha sido víctima la justicia ecuatoriana por parte de organizaciones delictivas y políticos que, según la Fiscalía, se han enquistado desde las más altas esferas del sistema judicial en el país.

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Desde el pasado lunes 14 de julio, los jueces Manuel Cabrera (ponente), Javier de la Cadena y Hernán Barros, todos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), instalaron la audiencia de juzgamiento contra seis personas acusadas del delito de delincuencia organizada. Los procesados son los exjueces Efraín Montero, Patricio Calderón, Efraín Luzuriaga, Javier Guzmán y Carolina Sarama y el exsecretario de la unidad del cantón Paján (Manabí) Gary Palma Cedeño.

En estos días de diligencia se ha escuchado la acusación de Fiscalía contra los procesados, quienes supuestamente habrían obtenido beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de ciudadanos privados de la libertad sentenciados por delitos graves, como asesinatos, delincuencia organizada, tráfico de sustancias sujetas de fiscalización, tráfico de migrantes y violación, entre otros.

Entre el lunes y martes último, el fiscal Toainga ha presentado a la sala de juicio a quince personas, entre testigos y peritos. El tercer día de diligencia, este miércoles 16 de julio, la acusación de Fiscalía empezó a reproducir testimonios anticipados entregados por varios de los ya sentenciados en el mismo caso, los cuales se acogieron al procedimiento abreviado y obtuvieron una sentencia reducida.

“Estas prácticas delictuales y corruptas cometidas desde las más altas autoridades han tenido como consecuencia la contaminación descentralizada de sus dependencias encargadas de impartir justicia al común de los ciudadanos, convirtiendo el abuso del derecho en una dinámica delictual e incluso normalizada en las actuaciones tanto de operadores de justicia, abogados de libre ejercicio, funcionarios públicos y personas privadas de la libertad”, explicó Toainga.

Para la Fiscalía, el caso Plaga representa el verdadero nivel de contaminación estructural en la justicia, el cual se ha dispersado a lo largo del Ecuador a través de una “estructura delictual” liderada por los abogados en libre ejercicio Christian Romero Moya, el sentenciado Lenín Javier Vimos y el prófugo de la justicia Jonathan Aguinda.

La teoría acusatoria señala que este grupo organizado gestó la liberación e impunidad de varios privados de la libertad a cambio de obtener beneficios económicos. Para alcanzar este objetivo se habrían valido de la colaboración de varias personas tanto en la función pública como privada. Uno de los líderes y trece colaboradores reconocieron su participación y responsabilidad en los hechos investigados, se acogieron al procedimiento abreviado y fueron sentenciados.

“Estos catorce sentenciados, entre ellos, abogados, personajes públicos, jueces, policías, reconocieron haber colaborado con los líderes de la organización para la ejecución de un mecanismo jurídico sistemático, mediante el cual, aprovechándose del habeas corpus, acciones de protección con medidas cautelares, medidas cautelares autónomas y aplicación del principio inter comunis, permitieron la libertad ilegítima de personas privadas de la libertad de distintos lugares del país y recluidos por delitos graves, como asesinatos, delincuencia organizada, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico de migrantes y violación, entre otros, a cambio de beneficios económicos por sus decisiones”, indicó Toainga en su alegato de inicio.

Esa dinámica delictiva llevó a que, además de los colaboradores ya mencionados y sentenciados, también se identifique la colaboración de Palma, Montero, Calderón, Luzuriaga, Guzmán y Sarama para alcanzar las finalidades que planteaba la organización analizada.

Lo que la Fiscalía busca probar contra los seis enjuiciados en Plaga:

El fiscal Wilson Toainga aseguró que con suficiente prueba pericial, testimonial y documental, la Fiscalía General en esta audiencia probará:

1.- Que Gary Palma laboró en la Unidad Multicompetente de Materias no Penales y Adolescentes Infractores, con sede en el cantón Paján, Manabí, como secretario del juez sentenciador en el caso Plaga, Simón Oswaldo García Tello.

- Que Gary Palma conjuntamente con el juez sentenciado García Tello tramitaron varias medidas cautelares con el efecto inter comunis que permitieron la libertad de varias personas privadas de la libertad. A cambio de estas resoluciones Gary Palma recibió dinero por parte del líder sentenciado de la organización, esto es, Lenin Javier Vimos, que fue transferido a su esposa y su hermana.

2.- Que los procesados Efraín Montero, Patricio Calderón y Galo Efraín Luzuriaga fueron jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

- Que en el ejercicio de sus funciones como jueces provinciales, los procesados Montero, Patricio Calderón y Galo Efraín Luzuriaga, a través de un habeas corpus, resolvieron la libertad de un ciudadano, quien se encontraba privado de la libertad por el delito de tráfico ilegal de migrantes en la ciudad de Quito.

- Que los certificados médicos que se usaron como prueba para entregar el habeas corpus al ciudadano en cuestión fueron adulterados.

- Que la decisión de los jueces Montero, Calderón y Luzuriaga se dirigió a cambio de beneficios económicos gestionados a través de líderes de la organización como Christian Romero, procesado en Plaga que mantiene la calidad de prófugo.

3.- Que el procesado Javier Guzmán laboró como juez en la jurisdicción del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas,

- Que en ese rol de juez fue colaborador de la organización,

- Que Guzmán, a través de la aplicación indebida del habeas corpus, resolvió la excarcelación de un ciudadano sentenciado por un delito de violación.

- Que la decisión otorgada por el exjuez Guzmán fue a cambio del soborno de $ 10.000.

4.- Que la procesada Adriana Sarama trabajó como jueza en la Unidad Judicial del cantón Milagro, provincia del Guayas,

- Que en el ejercicio de sus funciones como jueza de la Unidad Judicial del cantón Milagro, Guayas, otorgó un habeas corpus en favor de la conviviente del líder del GDO Los Lobos alias Brazudo, autor del asesinato de Leandro Norero,

- Que la decisión de la jueza Adriana Sarama se otorgó debido a la gestión promovida por los líderes de la organización Christian Romero y Lenin Vinos.

“Al cierre de esta audiencia se establecerá con suficiencia técnica que los ciudadanos Gary Palma, Efraín Montero, Patricio Calderón, Galo Efraín Luzuriaga, Javier Guzmán y Adriana Sarama, como jueces y secretarios judiciales, respectivamente, colaboraron con esta estructura delictiva para la liberación de personas privadas de la libertad a través del cometimiento de delitos con penas mayores a cinco años a cambio de obtener beneficios de orden económico”, señaló el fiscal Wilson Toainga.(I)