Una extensa y tirante jornada de catorce horas se vivió en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, durante las comparecencias de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), en la sustanciación del juicio político que empuja la bancada del correísmo, Unión por la Esperanza (UNES).

La motivación expuesta por la solicitante, la legisladora Viviana Veloz (UNES), es un supuesto incumplimiento de funciones por parte de los vocales Fausto Murillo, Juan José Morillo, Maribel Barreno y la exvocal María del Carmen Maldonado, en lo que fue la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el nombramiento de conjueces, así como por la falta de selección de fiscales provinciales.

La reunión empezó desde las 08:00 de este sábado, 13 de agosto, y se extendió hasta las 22:10, con la exposición de la expresidenta del CJ María del Carmen Maldonado.

Por evaluación de la Judicatura a exjueces de la Corte Nacional de Justicia el Estado tendría que pagar indemnizaciones

Minutos antes de las 21:00 se convocó a Maldonado, quien renunció a esa función en febrero pasado. Su comparecencia se dio de forma virtual, pues había presentado un certificado en el que se le diagnosticaba COVID-19.

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A ello se sumó, que pidió que su prueba de descargo sea leída por la secretaría de la Comisión, ya que se le había prescrito un reposo médico por problemas de salud en su voz.

En el documento se aseguró que la evaluación a los jueces del máximo organismo de justicia ordinaria se realizó con base en lo determinado en la Constitución y no se afectó la seguridad jurídica o la independencia judicial.

Alegó que la sentencia de la Corte Constitucional (CC), sobre la evaluación a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, no concluye que la Judicatura se haya arrogado funciones, se haya afectado los derechos de los evaluados o violentado el principio de independencia judicial. Por ello, solicitó que se archive el juicio político al “no existir incumplimiento de funciones”.

Veloz la increpó por enviar un escrito que parece una “sentencia prefabricada” y le hizo unas dos preguntas, a las que Maldonado le respondía que durante el día habían sido explicadas por sus excolegas.

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Por ejemplo, una de ellas era que explique bajo qué artículo legal se evaluó y removió jueces en el 2019, a lo que Maldonado pidió que sea lea el artículo 187 de la Constitución, en la que se dispone la evaluación y remoción de los magistrados en el caso de que en su evaluación no acrediten un alto rendimiento.

Veloz insatisfecha con la respuesta, prefirió no continuar con su pliego de preguntas, debido al estado de salud de la interpelada.

La legisladora proponente del juicio político, abrió esta etapa de la sustanciación de las pruebas de los interpelados entre las 08:00 y 11:30, y polemizó sobre la legalidad de las funciones del presidente del Consejo, Fausto Murillo, porque en la plataforma del Ministerio del Trabajo aún se registra su impedimento para ejercer cargo público.

Ella leyó su extensa intervención en la que recalcó que el Consejo de la Judicatura violentó la independencia judicial e incumplió la ley en ese proceso, cuyas increpaciones las basó en la sentencia de la Corte Constitucional (CC) de diciembre del 2020, cuando determinó que el reglamento que se usó en el 2019 para evaluar a jueces y conjueces fue inconstitucional.

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La asambleísta los señaló por haber violado el principio de independencia judicial y también por no haber realizado los procedimientos de selección de fiscales, pese a llevar tres años en sus cargos.

Murillo fue el primero de los vocales en intervenir. Recordó que fue removido de forma ilegal por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en abril del 2020; pero que el mismo Ministerio del Trabajo confirmó que no tenía impedimento para ejercer el cargo, a la vez que una sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha concluyó que los vocales del CJ no son funcionarios de la carrera judicial, sino de periodo fijo.

Tildó de “falacias” todas las argumentaciones sobre las que se sostiene el juicio político y zanjó que no se ha “invocado causal”.

En esa línea, les recordó que en la consulta popular del 2011, en la administración del expresidente Rafael Correa, se le dijo al país “que le autorice meter las manos en la justicia y desde el 2011 hasta el 4 de febrero del 2018 estaban metidas las manos en la justicia. ¿Las manos de quiénes? Las manos de quienes le vieron a la Función Judicial como un instrumento de persecución, de venganza, de dañar vidas”.

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Murillo los acusó de que esta interpelación tiene como objetivo “meterle de nuevo las manos a la justicia”. A ello articuló una acción extraordinaria de protección que había presentado el exlegislador correísta Fausto Jarrín (exinterpelante en el proceso), para que la Corte Constitucional revise la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, en el que los principales sentenciados son el exmandatario Rafael Correa y su exvicepresidente, Jorge Glas.

“Este juicio político es un pretexto para tomarse la administración de justicia. Los argumentos en la acción extraordinaria de protección son los mismos que están en este juicio político. Es cuestionar la intervención de los conjueces temporales y ¿para qué? Para afectar decisiones judiciales firmes. Esa acción fue inadmitida por la Corte Constitucional, pero ustedes mirarán el hilo conductor…”, ironizó la autoridad.

Veloz estaba ofendida. Lo acusó de que él es quien dice “falacias” y recurrió al artículo 179 de la Constitución, en el que se establece que el CJ se designa por ternas remitidas por la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia, la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública. Entonces, “el correísmo no quiere tomarse la justicia. ¡Eso es una falacia!”, le abucheó y pidió pruebas de su declaración.

Por evaluación de la Judicatura a exjueces de la Corte Nacional de Justicia el Estado tendría que pagar indemnizaciones

Murillo le dijo que una prueba de ello fue que cuando se lo removió del cargo se hicieron cambios en las unidades judiciales de Samborondón en Guayas, y lo que se buscaría es “tener jueces”.

Veloz lo interrumpía molesta e insistió en que “de ninguna manera la Revolución Ciudadana (movimiento político liderado por Rafael Correa) podría tomarse la Judicatura”, por cómo está prevista su conformación en la Constitución.

Respecto de la causal de no haber designado fiscales, Murillo le indicó que desde el 2019 la Judicatura ha experimentado recortes presupuestarios que han impedido iniciar con esta designación, pero que en el 2023 está programado dar paso a una elección de 400 fiscales.

A eso de las 15:30 inició la comparecencia de la vocal Maribel Barreno quien defendió las actuaciones del organismo en la evaluación de los jueces de la CNJ, pues no se arrogaron funciones, dijo.

Para Barreno esta interpelación, pretendería provocar que la Comisión de Fiscalización se “convierta en una instancia judicial ad hoc para revisar el contenido del fallo de la Corte Constitucional”. Recalcó también que no se ha procedido con los procesos para designar fiscales por los recortes presupuestarios que se han hecho a la institución.

En el turno de Juan José Morillo, también defendió la legalidad en el proceso de evaluación de los jueces y la designación de conjueces temporales, de la que dijo “no fueron designados a dedo”, como acusaba la legisladora interpelante Viviana Veloz, quien los responsabilizó de “destruir” el sistema de justicia.

De todas maneras, este sábado culminó la etapa de sustanciación en este juicio político, con la fase de actuación de pruebas en la que fueron convocadas a comparecer más de un centenar de personas.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, explicó que terminada esta fase, tienen cinco días para elaborar el informe con la recomendación al pleno de la legislatura de proceder con el enjuiciamiento político o archivarlo. Aunque no descartó que solicite una prórroga de cinco días al presidente Virgilio Saquicela, por la cantidad de documentos que deben analizarse.

El asambleísta opinó que en el expediente se harán recomendaciones para “mejorar la justicia” y que se haga una reforma legal respecto de la conformación del Consejo de la Judicatura.

“Este juicio deja una memoria documental de los niveles de corrupción de la justicia en el país, no solo del actual Consejo, sino de la justicia y de las judicaturas y cortes anteriores”, manifestó. (I)