Desde hace un año y tres meses, el último expresidente de la República, Lenín Moreno, está fuera del poder; y, en esa condición, está enfrentando cinco investigaciones previas abiertas en Fiscalía General por delitos penales. Dos de esas causas fueron abiertas mientras Moreno era primer mandatario, y las tres restantes llegaron cuando él dejó la Presidencia y el país.

Desde mediados del 2021, Moreno no se encuentra en el país. Él viajó en agosto de 2021 por motivos familiares y de trabajo a Miami (Estados Unidos), y luego se informó que desde finales de enero se radicaría en Asunción (Paraguay) para liderar la oficina del Comisionado para Asuntos de Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La cronología de los casos contra Lenín Moreno nace en marzo de 2019, cuando la Fiscalía General abre una investigación previa por el caso conocido como INA Papers. La indagación tiene relación con supuestas irregularidades atadas a empresas offshore y a personas del entorno cercano al entonces presidente Moreno.

Ronny Aleaga pide investigar al expresidente Lenín Moreno y a exministra María Paula Romo por una supuesta participación en la ‘repartición de hospitales’

La denuncia en esta causa la colocó en calidad de asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga, e incluyó como antecedente la investigación periodística titulada ‘El laberinto offshore del círculo presidencial’, publicada el 19 de febrero de 2019.

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A mediados del 2021, la fiscal general, Diana Salazar, respecto a este caso señaló que se estaría ampliando la indagación en la Fiscalía, pues existiría evidencia de que el caso es parte de “un andamiaje”, de una “estructura” que va más allá de los hechos analizados inicialmente. “No solamente tiene relación con el tema INA Papers; esto va mucho más allá de personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de este proyecto Hidroeléctrica Coca Codo Sinclaire, construida por la empresa china Sinohydro Corporation”, dijo Salazar.

Dos años después, en marzo de 2021, el entonces defensor del Pueblo, Freddy Carrión, hoy sentenciado a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual, presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad ocurridos supuestamente durante las protestas registradas en octubre de 2019.

El principal sustento de la acusación que hace Carrión es un informe de la denominada Comisión de la Verdad que señalaría presuntas graves violaciones a los derechos humanos de quienes participaron en las protestas de octubre de 2019, las cuales se produjeron luego de que el Gobierno de Moreno emitió un decreto que elevaba el precio de los combustibles.

Carrión sostenía que la gravedad de los elementos encontrados por la comisión generaba indicios de responsabilidad suficientes sobre delitos de lesa humanidad. La denuncia apuntó no solo a Lenín Moreno, como presidente, sino también a los entonces ministros de Gobierno y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, respectivamente, y a la cúpula policial que estaba al frente de las protestas.

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La tercera denuncia que recibía Moreno llegaba nuevamente desde un integrante de la RC. Para junio de 2021, el entonces legislador por Pichincha de la alianza UNES, Fausto Jarrín, pedía a la Fiscalía que se investigue al expresidente, a la exministra Romo y a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por una supuesta entrega de gases lacrimógenos y proyectiles de distintos tipos para el uso de la fuerza pública boliviana contra la población civil y la participación en el golpe de Estado en Bolivia en el 2019.

“Presentamos la denuncia por haberle entregado sin ninguna justificación pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al Gobierno de facto de Yanine Añez (en Bolivia) en 2019. Con lo cual claramente el Gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en Bolivia, como la entonces ministra Romo reprimió a la ciudadanía en Ecuador en octubre de 2019″, explicó Jarrín.

La entonces comandante de la Policía, la general Tannya Varela, rindió versión en este caso y aseguró que la Policía de Ecuador prestó a su similar de Bolivia, en 2019, como parte de la cooperación internacional existente, armamento no letal, como gases lacrimógenos, pero no municiones ni material de guerra.

Ya estando en Paraguay, en febrero pasado Moreno dijo que había visto acusaciones en su contra, “cada una más torpe que la otra”, pero que las estaba desvirtuando donde corresponde: en Fiscalía. Advertía mediante un video colgado en su cuenta personal de Twitter: “Pronto las haré públicas”.

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Por esas mismas fechas en que Moreno aseguraba que las denuncias contra él no tenían ningún asidero, la Fiscalía abría una nueva investigación previa y esta vez tentativamente por el delito de peculado.

La también asambleísta de la RC Pamela Aguirre aseguraba que en el mandato del presidente Moreno desaparecieron más de 8.000 bienes del museo del Palacio de Carondelet, e indicaba que el mandatario no había registrado ni entregado los obsequios que recibió como presidente.

Comandante Tannya Varela niega que la Policía ecuatoriana haya entregado a Bolivia material de guerra en 2019

La denuncia estaba dirigida a Moreno, debido a que —según la denunciante— él debía ser el encargado de “salvaguardar los bienes públicos”. El exmandatario sostiene que son “fanáticos de la Revolución Ciudadana” quienes inventaron el cuento de que habían desaparecido bienes patrimoniales.

En este caso, el lunes 25 de julio pasado, la Fiscalía ingresó al departamento del expresidente Moreno, el cual está localizado en el norte de Quito. La inspección se relacionaba con las piezas patrimoniales supuestamente desaparecidas. Al día siguiente, agentes fiscales llegaron hasta el Palacio de Carondelet para continuar con diligencias dispuestas dentro de la fase reservada de investigación previa.

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El legislador Aleaga, el 5 de mayo pasado, volvía a la Fiscalía para denunciar al expresidente Moreno. Esta vez pedía a la Fiscalía que investigue dentro de la trama de corrupción por la supuesta repartición de hospitales en Ecuador a Moreno, a Romo, al ahora exlegislador por la provincia de Manabí Daniel Mendoza y a otros entonces funcionarios públicos.

Un total de 28 anexos con la desmaterialización de chats encontrados en dispositivos electrónicos del exlegislador Mendoza, condenado por el delito de delincuencia organizada relacionado con el proyecto de construcción del hospital de Pedernales, sirvió de base para que se indaguen hechos que configuren un posible delito de tráfico de influencias.

Según Aleaga, en los chats desmaterializados estaban en comunicación la ministra Romo, el legislador Mendoza y el presidente Lenín Moreno. El legislador correísta asegura que estos elementos tenían que ser parte del proceso en que fue sentenciado el exlegislador Mendoza, pero —apuntó— “misteriosamente no están dentro de ese proceso”. (I)