Información recabada en cuatro meses de instrucción fiscal en el caso Las Torres le hacen a la fiscal general Diana Salazar tener la certeza de que el 20 % de una factura que adeudaba Petroecuador a la empresa Nolimit C. A., por $ 20‘345.609,60, era el beneficio que pretendía obtener la “organización delictiva” en la que se asegura ejercían el liderazgo el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, el excontralor Pablo Celi y el fallecido exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, sobre quien se encuentra extinguida la acción penal.

Esta será la teoría que lleva Salazar a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada convocada por el juez Felipe Córdova para este martes 26 de octubre, a las 09:00, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El porcentaje del 20 % y la cifra de $ 20,3 millones las dio a conocer la fiscal general el 21 de septiembre último, durante la audiencia de procedimiento abreviado solicitada para Esteban Celi, hermano del excontralor, recurso que le fue negado por el juez Felipe Córdova al solo el procesado aceptar parcialmente la responsabilidad de los hechos y no la totalidad de lo señalado por la fiscal general en su acusación.

Pese a que la defensa del hermano del excontralor volvió a solicitar un procedimiento abreviado, finalmente al no existir un acuerdo entre la Fiscalía y Esteban Celi, Salazar retiró la solicitud de procedimiento especial y más bien pidió al juez que incluya a este procesado en la lista de doce acusados quienes enfrentarán un procedimiento ordinario.

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Entre 2017 y 2020 en Quito se formó un grupo estructurado a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, la Contraloría General (CGE) y la secretaría de la Presidencia de la República; es lo que según Salazar sucedió en este caso.

Todos ellos, decía, valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco habrían planificado obtener beneficios económicos como finalidad de su organización, a través de varios colaboradores entre funcionarios públicos y privados, coordinando, gestionando y planificando la comisión de delitos con penas mayores a cinco años.

Según la fiscal general, hacerse del 20 % no habría sido la única pretensión que mantenía el grupo estructurado para delinquir, pues aparentemente del éxito de esa exigencia dependía el inicio de otros pedidos, como por ejemplo, del 15 % de otro contrato relacionado con el proyecto La Libertad, cuyo monto era de $ 35 millones.

José Raúl de la Torre Prado fue asesor en Petroecuador y en 2019 fue detenido y sentenciado en Estados Unidos por ser parte de una trama de corrupción en la estatal petrolera ecuatoriana.

Como colaboradores de la estructura, decía la fiscal Salazar, habrían intervenido Natalia Cárdenas, José Raúl De la Torre y Roberto Barrera, ambos sentenciados en Estados Unidos por estos mismos hechos; el exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana; Martha Barrezueta, esposa de Barrera; Adolfo Agusto Briones (hermano del exsecretario de Presidencia), Roy Calero, Esteban Celi, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, su hijo Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.

“La organización se valió de diversos colaboradores que gestionaron los pagos que debía realizar el Estado a través de la empresa Petroecuador a la empresa Nolimit con la única finalidad de cristalizar la obtención de beneficios económicos, siendo ellos los ejecutores y emisarios de quienes ejercían su mando”, apuntó.

La factura adeudada de $ 20,3 millones se derivaba de entregables adicionales (producto, resultado o un servicio parte de un contrato) que entregó Nolimit a Petroecuador en el periodo 2017 al 2018.

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Sobre el liderazgo de Pablo Flores y Pablo Celi en la estructura

Salazar le explicó al juez Córdova cómo emergió el liderazgo de Pablo Celi y de Pablo Flores en esta trama de obtención de beneficios económicos a través de la empresa Nolimit.

Del entonces contralor subrogante dijo que aplicó una dinámica de vieja data en la CGE que se basaba en el desvanecimiento de glosas a cambio de pagos y la obtención de recursos económicos. En el caso de Nolimit por disposición del contralor Celi se desvanecieron seis glosas por un monto de $ 13‘691.608,36. Esteban Celi habría manejado documentación interna y estratégica de la CGE que le permitió tener el dominio y el conocimiento frente a los empresarios de Nolimit y así obtener los recursos económicos.

La investigación de Fiscalía señala que los hermanos Celi debían recibir $ 750.000 como beneficio derivado de ese 20 % por el que trabajaba la organización delictiva. Por ejemplo, se dijo, para que se le entregue a Esteban Celi $ 500.000, como parte del desvanecimiento, contó con la colaboración de Pedro Saona, quien facilitó la cuenta en Estados Unidos en la que se transfirió un monto de $ 110.000 y la diferencia se entregó a través de pagos menores y en efectivo directamente al hermano del ahora excontralor.

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Mientras que Salazar de Pablo Flores dijo que desde el inicio de su gestión como gerente general de Petroecuador, y con la colaboración de Barrera y de De la Torre, solicitó dineros en beneficio de la organización a la empresa Nolimit, a cambio del pago de planillas menores equivalentes al 5 % de su monto. El 3 % era destinado para Flores, mencionó Salazar, llegando a percibir, por ejemplo, $ 40.000 provenientes de José Luis De la Paz, accionista de Nolimit.

“Pablo Flores al igual que Pablo Celi, desde sus esferas en el ámbito público venían desempeñando las mismas dinámicas corruptas a la empresa Nolimit, a través de la colaboración de José Raúl De la Torre, enlace estratégico que permitía la obtención de los recursos ilícitos. Los miembros de esta estructura al percatarse de que su víctima en común tenía una deuda que cobrar con el Estado por un valor considerable, $ 20 millones, deciden confluir todas sus costumbres y aparatajes delictivos en uno solo, destinados en un mismo fin: hacerse de ese 20 % de aquellos $ 20 millones”, aseguró Salazar.

Quito. 2021/09/21. El excontralor Pablo Celi dialoga con su abogado Marcelo Ron durante la audiencia de procedimiento abreviado que solicitó su hermano, Esteban Celi, dentro del caso Las Torres. Cortesía/El Universo. Foto: El Universo

La posición de los abogados

Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, ha reiterado que no existen elementos concretos que revelen la participación de su defendido en la delincuencia organizada que se investiga, sino simplemente los dichos de personas como Raúl De la Torre, de quien dijo es una persona que ya ha sido condenada por delitos confesados y que se tomó no solo el nombre de su cliente, sino el de otras personas más para pedir dinero y cometer ilegalidades.

Encalada es abogado de uno de los 14 procesados en el caso por peculado que involucra al exalcalde de Quito Jorge Yunda, cuya audiencia de juzgamiento aún se realiza en el Complejo Judicial Norte, en la capital. Él asegura ha hecho conocer al juez Córdova de esta situación por dos ocasiones y cree que debe darse el diferimiento de la audiencia en el caso Las Torres, pues físicamente no puede estar en los dos sitios haciendo las defensas de sus clientes.

Por su parte, Marcelo Ron, abogado del excontralor, es claro en decir que cada persona debe responder por los actos que haya cometido y Pablo Celi, sostiene, no puede responder por lo que haya hecho su hermano Esteban. El abogado recordó que están a la espera de que se incorpore al expediente del caso una información pedida a una Corte de Estados Unidos respecto a si se ha mencionado el nombre de su cliente dentro de la investigación y el proceso seguido en ese país. (I)