Diana Salazar, como embajadora de Ecuador en Argentina, conocerá sobre la extradición de Hernán Luque Lecaro, procesado en el caso Encuentro

Una vez que Diana Salazar renunció al cargo de fiscal general y fue casi inmediatamente nombrada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ecuador en Argentina, la ahora representante diplomática de alto rango entre las funciones de enlace entre ambos Estados (temas diplomáticos, negociación de acuerdos, promoción de intereses de Ecuador) tendrá en sus manos el colaborar con los trámites de extradición activa que solicite la justicia ecuatoriana a su similar de Argentina.

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Según criterios de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la extradición es la institución jurídica en virtud de la cual un Estado entrega a otro Estado a una persona que se encuentra en el territorio del primero y que es reclamada por el segundo para su juzgamiento en materia penal o para el cumplimiento de una sentencia de este carácter ya dictada.

La naturaleza de este mecanismo es de carácter procedimental y no es sancionatorio, no establece criterios de culpabilidad o inocencia ni impone penas. Su objetivo es obtener la entrega de la persona requerida a fin de que pueda ser juzgada o cumpla la pena impuesta en su contra.

Uno de esos casos que están en marcha será el relacionado con Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y uno de los cinco procesados en el caso Encuentro que mantienen un llamado a juicio en suspenso por estar prófugos de la justicia. El 8 de febrero de 2024, el exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso fue detenido con fines de extradición por agentes de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) mientras caminaba por la calle Gurruchaga, en Buenos Aires (Argentina).

Inicio del proceso de extradición contra Hernán Luque Lecaro

Inmediatamente el juez anticorrupción Renán Andrade a cargo del caso Encuentro solicitó formalmente la extradición del procesado por el delito de delincuencia organizada y entregó los documentos necesarios, los cuales justifican la existencia de elementos de convicción que fundamentan la orden de prisión preventiva contra Luque Lecaro. El pedido fue realizado al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, quien es la autoridad central en el tema de extradición.

La presidencia de la CNJ dirigió la solicitud de extradición, adjuntando la información que fundamenta el pedido, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para que a través de sus diplomáticos en Argentina hagan llegar la información a sus pares en territorio argentino y, a su vez, de ahí a representantes del Poder Judicial de ese país para que se procese el pedido hecho contra Luque Lecaro.

Dentro del proceso de extradición contra el exlíder de la EMCO, tres meses después de la detención y la entrega de la información requerida para la extradición, el 16 de mayo de 2024, la jueza Eugenia Capuchtti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 de Buenos Aires, en primera instancia, dio paso a la extradición solicitada por la justicia de Ecuador contra Luque Lecaro.

Esa decisión no se pudo concretar debido a que inmediatamente la defensa argentina del solicitado apeló la decisión, dejando el procesamiento congelado hasta este momento (mayo de 2025). El expresidente de la EMCO ha asegurado en Argentina que es víctima de una “persecución política” y que, de llegar a Ecuador, las cárceles del país no le brindan las garantías de seguridad necesarias.

La información judicial del caso Luque Lecaro fue entregada al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues al ser la cabeza diplomática ecuatoriana es la instancia que recibe y canaliza las solicitudes de extradición a través de canales diplomáticos. También los funcionarios de Cancillería son quienes analizan la documentación presentada por el órgano de justicia que solicita la extradición para verificar que cumpla los requisitos legales procedimentales establecidos en los tratados de extradición y legislación interna ecuatoriana.

El papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Ecuador en Argentina

En esa medida, las autoridades de la Embajada de Ecuador en Buenos Aires (Argentina) serán quienes recepten toda información que llegue desde la justicia ecuatoriana solicitando información sobre el estado de un determinado proceso de extradición o entregando información extra sobre el solicitado que pueda servir para la mejor resolución de la causa.

Una vez la doctora en Jurisprudencia de 43 años que se mantuvo en el cargo de titular de la Fiscalía General del Estado por más de seis años, Diana Salazar, asuma como embajadora en Argentina, será la oficina diplomática que esté a su cargo la que deba dar asistencia a los pedidos de extradición que lleguen de Ecuador y continuar colaborando con procesos que están en trámite.

El titular de la Corte Nacional, José Suing, conoce bien el proceso de extradición de Hernán Luque Lecaro, ya que el ecuatoriano fue detenido en Argentina en vísperas de que él asumiera como presidente del más alto órgano de justicia ordinaria del país. Es más, fue la autoridad que dio paso y solicitó de parte de la justicia ecuatoriana la extradición del requerido en el caso Encuentro.

Suing aclara que en este caso se está a la espera de la decisión que adopte el juez o el tribunal de la Corte Suprema de Argentina. Cualquiera de estas autoridades tendrá que tomar la decisión de ratificar la decisión que ya está tomada por la juez de instancia en la extradición, lo que habilitará el camino para que el solicitado sea trasladado a Ecuador y puesto en manos de la justicia para continuar con su procesamiento penal.

De ser la respuesta contraria, es decir, que no concede la extradición, reconoce José Suing, Luque Lecaro se quedará en Argentina.

Un punto que aclara el presidente de la CNJ en el tema de la extradición, no solo con Argentina, sino a cualquier otro país del mundo, es que este es un proceso que no depende enteramente de lo que hagan las autoridades de justicia y diplomáticas de Ecuador, sino que la mayor parte está en manos de la justicia del país al que se le solicita la extradición.

Esto debido a que la extradición es un proceso en el que se le debe dar a la persona solicitada el derecho a defenderse, y eso incluye la interposición de recursos, como la apelación planteada por la defensa de Luque Lecaro en Argentina ante las decisiones que el procesado o su defensa crean que no están ajustadas a derecho o a la realidad de los hechos. “La extradición es un procedimiento sui géneris; parece juicio, pero tiene también partes administrativas y demás”, explica Suing.

Entre las acciones que pasarán por manos de la oficina consular que estará liderada por Diana Salazar estarán los “recordatorios” que el presidente de la Corte Nacional dice que envía cada dos meses a la justicia Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para saber cómo avanza el proceso de extradición y señalando que Ecuador está pendiente de ese trámite.

José Suing reconoce que es hasta ahí donde puede llegar y que el resto está en manos de las administraciones de justicia de Argentina o de cada uno de los países a los que el Ecuador ha solicitado una extradición.

Como parte del caso Encuentro y al igual que Hernán Luque Lecaro, Leonardo Cortázar y Gabriel Massuh están a la espera de que se resuelva un trámite de extradición desde Panamá y Colombia, respectivamente.

Otros procesados en el caso Encuentro, detenidos para extradición

El 20 de marzo pasado, en Panamá fue detenido por agentes de Interpol el empresario Leonardo Cortázar. Él mantenía una difusión roja vigente con fines de extradición debido a la orden de prisión preventiva que le fue ordenada dentro del proceso penal en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.

Cortázar fue llamado a juicio en el caso Encuentro junto con Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso; Antonio Icaza Morla, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Hernán Luque y los empresarios Gabriel Massuh, Karen C. y Ericka F., estas dos últimas quienes supuestamente habrían sido beneficiarias de contratos en el sector eléctrico.

De este grupo, únicamente Carrera e Icaza fueron juzgados y sentenciados el 20 de noviembre pasado. El primero como líder de la organización recibió diez años de prisión, mientras que Icaza, nueve años y cuatro meses de cárcel como colaborador de la estructura delictiva investigada.

Por otra parte, Gabriel Massuh, alias Turco y otro de los llamados a juicio en Encuentro, a finales de enero pasado fue detenido en Bogotá (Colombia) al ejecutarse una difusión roja de Interpol con fines de extradición.

Cortázar, quien fue detenido en su casa ubicada en ciudad de Panamá, en el sector Juan Díaz, Costa Sur, y Massuh han sido ubicados por la Fiscalía como operadores del empresario asesinado Rubén Cherres, amigo de Carrera y otro de los líderes de esta estructura. Para Luque Lecaro, Cortázar, Massuh, así como para Karen C. y Ericka F., la etapa de juicio está en suspenso debido a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia. (I)