La bancada legislativa correísta Unión por la Esperanza (UNES) podría plantear su solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso este viernes, mientras dos bloques se desmarcan del informe ‘El gran padrino’, elemento que serviría de base para dar paso a esa estrategia con la que se buscaría destituir a la autoridad. El argumento: solo querían hacer un llamado de atención a Lasso.

Pese a que el expediente ‘El gran padrino, delitos de la administración pública y contra la seguridad del Estado’ que elaboró la Comisión ocasional por la verdad, justicia de la Asamblea Nacional se aprobó con 104 voluntades, por el momento dos bancadas -que inicialmente lo respaldaron con su voto- esgrimen haber reflexionado sobre su contenido y replantearon su apoyo.

La presidenta de la comisión ocasional, Viviana Veloz (UNES) informó este martes que están trabajando en la elaboración del texto de la solicitud de juicio político para presentarla ante la presidencia de la Legislatura y se determine su eventual calificación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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Ese hecho podría ocurrir el próximo viernes, aunque todavía están definiendo quiénes serían los legisladores que asumirán la defensa del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y, no se descarta que podría ser Pedro Zapata, miembro del Partido Social Cristiano (PSC), que integró dicha comisión.

Veloz aseguró que habrá el respaldo necesario para este propósito, por lo que, también empezarán a recolectar las 46 firmas que requieren para ajustarse a los requisitos legales y que, con los sustentos necesarios sea remitido a la Corte Constitucional (CC) para que emita el dictamen de admisibilidad de ser el caso.

La solicitud de juicio político se estaría construyendo con expertos en materia constitucional “perfeccionándolo” con base en el informe de ‘El gran padrino’ y determinar si se adecua a las causales del artículo 129 de la Constitución, en cuyo numeral 1 se establece el enjuiciamiento por delitos contra la seguridad del Estado; o, por el numeral 2, relacionado con delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

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En el caso de que el caso llegue hasta la CC y evitar que sea rechazado, Veloz aseguró que adjuntarán las 46 firmas de respaldo, cuáles son las normas que, supuestamente, haya incumplido Lasso y que deberá tener conexión con los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además que, “esto parte del principio de oportunidad, cuando el mandatario perdió la confianza de sus mandantes y tiene carácter subjetivo y a esas normas son las que estamos adecuando para la solicitud de juicio”, precisó Viviana Veloz.

Las pretensiones de esta bancada se dan en una esfera en que los bloques de Pachakutik (PK) y de la Izquierda Democrática (ID) habrían sopesado el contenido del informe que aprobaron el 4 de marzo, pero que tres días después lo cuestionan.

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El legislador de la ID, Alejandro Jaramillo, justificó que votaron por el expediente ‘El gran padrino’ para hacer un “llamado de atención al presidente Guillermo Lasso para que rectifique” la conducción de su gestión; pero, se dieron cuenta que el documento habría sido ‘mutilado’ y que no acoge las causales legales para proceder con un enjuiciamiento presidencial.

“Nos han hecho perder 40 días los correístas y también los del PSC y esta comisión multipartidista... 40 días para sacar un informe patojo que no tiene los elementos suficientes. ¿Cuál es la participación que tiene el presidente de la República con los sectores estratégicos, con las empresas públicas? Por qué esto no presentaron hace 40 días y dejan de estar amenazando y anunciando esto. Pusimos los votos el sábado para que el presidente de la República rectifique todo este accionar, este desgobierno que vive el Ecuador”, dijo Jaramillo.

Añadió que harán un análisis interno; sin embargo, este no deja de ser un informe que está “mal armado, mal estructurado sin que existan todas las consistencias que se necesitan para un juicio político. No hay que vender humo al país, no hay que engañarle al pueblo, no hay ningún juicio”, aseveró.

A estos hechos, le sumó que hay quienes están “frotándose las manos”, como el presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, de llegar a prescindirse de Lasso o del vicepresidente del Gobierno, Alfredo Borrero.

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“(...) De qué sirve destituirle a Lasso si van a continuar Borrero o, el que también se está frotando las manos, el presidente de la Asamblea. Se encuentra enquistada esta corruptela, que si nos vamos a los audios, también hay asambleístas del correísmo inmiscuidos”, manifestó Jaramillo.

En su análisis, las investigaciones se hicieron de manera selectiva y criticó a los legisladores por los posibles errores en configurar delitos en contra de la administración pública con la comisión por omisión. “Por favor, deben aprender a leer: al presidente de la Asamblea deben darle una Constitución y la Ley de la función Legislativa porque no pueden, sueltos de huesos, armar este informe hecho a la maldita sea”.

En coincidencia con Jaramillo se pronunció la legisladora de Pachakutik, Jéssica Castillo, quien narró que en su bloque llamó la atención que se haya, supuestamente, suprimido las páginas 141 y 142, en el que se menciona a actores políticos que estarían involucrados en hechos de corrupción.

“Esto ha sido un show político ante la ciudadanía”, mencionó Castillo que, al ser cuestionada de por qué entonces votaron a favor del informe, opinó: “votamos a favor por la cuestión política, no podemos decirle al país que no existe corrupción, que no existe narco-políticos, por eso en la bancada estamos haciendo los análisis”.

Añadió que están coordinando con la ID para definir una postura en conjunto y si es viable un juicio político o no. “No podemos bajo un show político sancionar y, en este momento, no hay los votos para un juicio político, los votos eran solo para el informe de El gran padrino. La Corte Constitucional nos va a decir a los asambleístas que leamos y nos informemos. A un estudiante de derecho le dará vergüenza leer un informe con esos argumentos”, manifestó la legisladora.

Por su parte, Viviana Veloz aclaró que “no se ha mutilado nada” de ese informe y que “esta es una acción de los politiqueros, que cuando hablan de que se ha mutilado, quizás sea una cortina de humo para seguir protegiendo al presidente Lasso. Nos estamos enfrentando a una persona que tiene poder político y económico”, respondió a sus críticos.

El legislador oficialista Juan Fernando Flores (BAN) increpó que el expediente no constituye elementos y causales que puedan establecer una acción en contra del Presidente, pues se incorporaron “memes o elementos falsos que demuestran que no existió ninguna investigación”.

“Ahora, los legisladores se están dando cuenta de que más allá de haber votado por un informe, simplemente le dieron legalidad a algo que no tiene sentido. El juicio político no se presenta porque no hay quién lo haga, nos damos cuenta que no hay un hecho constituido que responsabilice al presidente. Ahora se arrepienten de su votación”, expresó Flores.

Cree que los asambleístas no se prestarán para que la Corte Constitucional “analice un chiste como ese informe” y se pregunta “por qué mintieron durante 40 días”.

“¿Qué esperaban? Que las movilizaciones generen presiones y con eso presionar a la Corte Constitucional… No solo el correísmo se queda solo, sino también asambleístas como Mireya Pazmiño (antes PK). Hay legisladores que quieren la desestabilización y otros que están rectificando y no porque nosotros tengamos razón, sino que se dan cuenta de que su tesis se basó en mentiras y constituyó un proceso de desestabilización para el cual no nos prestamos”, insistió Flores.

En tanto, el edificio de la Asamblea Nacional, en el centro norte de Quito, notaba la ausencia de los asambleístas, pues el pleno y las diferentes comisiones permanentes sesionaron de manera virtual y lo harán hasta el próximo jueves, cuando se realizará una sesión en Manabí. (I)