Las garantías a la estabilidad laboral fueron el centro de los reclamos de la sociedad civil ante la Corte Constitucional (CC) en contra de las disposiciones de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), que modificaron la Ley Orgánica de Servicio Público y otras 18 normas, en el marco del tratamiento de 26 demandas de inconstitucionalidad.