Abogados y sociedad civil ‘cierran filas’ en defensa de la institucionalidad de la Corte Constitucional

Treinta y un abogados que integran el Foro por la Democracia, la Corporación de Estudios para el Desarrollo y otras agrupaciones de la sociedad civil suman respaldos hacia los jueces de la Corte Constitucional (CC) frente al anuncio del Gobierno nacional de impulsar cambios constitucionales para que puedan ser llevados a juicio político en la Asamblea Nacional.

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La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), que preside el expresidente de la República Osvaldo Hurtado, previno que la iniciativa del jefe de Estado, Daniel Noboa, de proponer una pregunta de consulta popular para que los nueve jueces de la CC puedan ser sometidos a los juicios políticos de la legislatura ahuyenta la inversión privada y extranjera del país y, por ende, a la creación de plazas de trabajo.

“La pregunta de la consulta popular que busca dar paso a que los jueces constitucionales puedan enfrentar juicios políticos (pregunta que muy probablemente contará con el apoyo del correísmo) atenta contra la calidad institucional del país y significa una amenaza a la división de poderes, elemento esencial de la democracia”, expresa una opinión de Cordes, difundida este viernes, 8 de agosto.

La corporación cree que esto podría ser “un nuevo golpe a la débil institucionalidad, que no solo socavará las bases del sistema democrático, sino que también puede provocar que la inversión privada nacional y extranjera que el propio presidente Daniel Noboa busca atraer, recelosa ante un sistema jurídico incapaz de controlar eventuales excesos de los gobiernos de turno, siga siendo insuficiente, lo que derivará en que el empleo formal continúe estancado como lo está desde hace varios años”.

“La Corte cumple una función de asegurar que las reglas del juego democrático se respeten, aun cuando puedan resultar incómodas para quienes detentan el poder. Llevarlos a juicio no persigue fines democráticos ni compatibles con la independencia judicial”, apuntó un comunicado del Foro por la Democracia, firmado por 31 abogados y difundido este fin de semana.

Académicos, exjueces de la Corte Constitucional, abogados en libre ejercicio y representantes de agrupaciones de la sociedad civil suscribieron este documento, en el que consideran que este intento de llevar a juicio político a los magistrados parecería ser un mecanismo de “presión para que se resuelvan a favor” del régimen decenas de demandas planteadas en contra de leyes de iniciativa de Daniel Noboa.

Entre mayo y junio, el mandatario envió tres iniciativas de ley de carácter económico urgente que reforman más de 20 leyes existentes con el argumento de enfrentar a los “grupos armados organizados (GAO)”, como se ha denominado a las bandas criminales.

Las leyes orgánicas de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública se aprobaron por el bloque de mayoría de la Asamblea Nacional, Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados.

La CC, el 4 de agosto pasado, admitió a trámite varias de esas acciones de inconstitucional y dictó medidas cautelares provisionales —que suspenden los efectos de las normas— hasta resolver el fondo de los reclamos ciudadanos.

Esto provocó la reacción de Noboa, que un día después anunció que emprenderá una consulta popular de siete preguntas, entre ellas que los jueces de la CC puedan ser sometidos a juicio político por los asambleístas.

Adicionalmente, llamó a su militancia y simpatizantes a unirse a una protesta que hará este martes, 12 de agosto, a las 11:00 hacia la sede de la Corte, en Quito, y que partirá desde el conocido puente del Guambra, en el centro-norte de la ciudad.

Asimismo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional de Ecuador, que fundó Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la CC y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), expresó su “profunda preocupación” a estas iniciativas que podrían afectar la institucionalidad e independencia del órgano jurisdiccional.

“La Corte es el pilar fundamental para la garantía de los derechos, el control del poder público y la preservación del equilibrio”, se detalla en un comunicado público, en el que además se hace un “llamado respetuoso a las autoridades a canalizar sus discrepancias mediante mecanismos institucionales”.

Estos pronunciamientos se suman a los de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade) —que agrupa a 100.000 profesionales—, que este viernes salió en defensa de la institucionalidad de la CC.

“A pesar de aciertos y desaciertos que podría tener la Corte Constitucional, siempre vamos a velar por la institucionalidad del país. Esto implica que se garantice el principio de separación de poderes y esto es parte neural para un país democrático. Por eso, las decisiones que tome la Corte Constitucional, que han sido en derecho, deben ser respetadas”, dijo Paúl Ocaña, presidente de la Fenade, en una declaración de prensa de este viernes, 8 de agosto.

El jurista rechazó que se califique a la actual CC de “correísta”, en referencia a una afinidad al exmandatario Rafael Correa; y, al contrario, aclaró que la institución rechazó varias acciones planteadas por políticos del movimiento Revolución Ciudadana (RC), por ejemplo, en el caso Sobornos 2012-2016. (I)