La Contraloría General del Estado inició un examen especial a la Corte Constitucional (CC), relacionado con la administración del talento humano y el pago de nómina de los últimos cuatro años.
Esta acción de control —que se notificó oficialmente el 15 de agosto de 2025— se suma a una disposición del Gobierno de Daniel Noboa para que desalojen el edificio en el que laboran los nueve magistrados, aunque se dio marcha atrás en ese pedido.
Esto ocurre en tanto el pleno de la Corte Constitucional tramita decenas de demandas de inconstitucionalidad en contra de tres leyes promovidas por el presidente de la República, que considera urgentes para declarar el conflicto armado interno.
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Así también, el mandatario espera la calificación de la constitucionalidad de una propuesta de enmienda a la Constitución, de cuyas cinco preguntas una apunta a someter a juicio político a los magistrados.
El 15 de agosto, la directora de Auditoría de Administración Central de la Contraloría, Kathy Vargas Vera, notificó al presidente de la CC, Jhoel Escudero Soliz, del inicio de un examen especial a la administración del talento humano y pago de nómina del 1 de junio de 2021 al 31 de julio de 2025.
El objetivo, precisó la funcionaria, es comprobar que la CC cumpla las disposiciones legales y reglamentarias a la administración del talento humano y verificar la propiedad y veracidad de los gastos relacionados con la administración del talento humano y pago de nómina.
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Previamente, el 8 de agosto, se remitió a la CC una solicitud de información de las personas que actuaron en 24 cargos, entre ellos los jueces de la Corte, el presidente y vicepresidente, secretario, directores y demás.
También, que entreguen el proceso mediante el cual la Comisión Calificadora designó a los magistrados.
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Que se precise en qué meses o años se registró un “mayor incremento” de puestos, informes de los procesos de vinculación, desvinculación y jubilación; cuántos concursos de méritos y oposición se hicieron; los nombramientos permanentes.
Las escalas de remuneraciones, de control de personal. En total, 17 puntos de solicitud de información.
Actualmente, en la CC hay 283 funcionarios, y en el 2024 tuvo un presupuesto que ascendió a los $ 10′732.922.
En las últimas horas se conoció que el Ministerio de Energía y Minas, cuya titular es Inés Manzano, decidió terminar un convenio con la CC por el que se le permitía ocupar el edificio Tamagar, ubicado en el sector de La Mariscal, en Quito.
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El ministerio notificó el 19 de agosto al presidente Jhoel Escudero que tenía un mes para “desalojar y liberar absolutamente” el edificio, ya que se daba por terminado un convenio suscrito en el 2019.
No obstante, horas después se envió otra notificación en la que dejaba “insubsistente” la orden de desalojo.
Desde el 4 de agosto de 2025, la Administración de Daniel Noboa arrancó una serie de actividades en contra de la Corte Constitucional y sus jueces, luego que suspendieron la aplicación de varios artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública, antes de dar trámite a una serie de demandas de inconstitucionalidad impulsadas por sectores de la sociedad civil ante una posible afectación a los derechos constitucionales.
En las vallas y vías de la capital se difundió propaganda en contra de los magistrados, en la que se los acusaba de ser responsables de los asesinatos de las bandas criminales, entre otros descalificativos mencionados por ministros de Estado.
Simultáneamente, el jefe de Estado convocó a una protesta de rechazo a los jueces el 12 de agosto, a la que asistieron partidarios y militantes de su movimiento político (ADN), que recorrió varias calles de Quito hasta llegar al edificio de la CC.
En el trayecto de la manifestación se colocaron estructuras metálicas que sostenían lonas gigantes que exponían las caras de los nueve jueces y sus nombres. (I)
