Aumentar preguntas a la consulta de Daniel Noboa significará un nuevo análisis en la Corte Constitucional

De concretarse el envío de un cuestionario de cinco preguntas de consulta popular propuesto por el Gobierno de Daniel Noboa Azín, eso implicará que la Corte Constitucional (CC) abra un nuevo expediente y sortee un juez que analice la constitucionalidad de los textos y los ponga en debate del pleno para su pronunciamiento.

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Desde el 2 de enero, en el despacho de la jueza constitucional Teresa Nuques Martínez está en análisis el primer paquete de once preguntas sobre las que Daniel Noboa pide un pronunciamiento de constitucionalidad para llevar a cabo reformas legales al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y para reactivar los casinos y juegos de azar, que es una actividad prohibida mediante consulta popular desde el 2011.

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La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) da un plazo de 20 días para que la Corte se pronuncie.

Pero en las últimas horas, el mandatario anunció que enviaría preguntas adicionales, por pedidos de otros actores políticos.

La intención se reveló el jueves en una entrevista radial que dio en Guayaquil, en donde cumplió su agenda de trabajo para presidir una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) y en donde se reuniría con una de las bancadas de la Asamblea Nacional (a la que no mencionó) para conocer sus propuestas.

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, describió a Daniel Noboa como una persona “muy receptiva” a las inquietudes ciudadanas; y, por ello, habrá “cinco preguntas más, por lo menos”.

“Con él vamos a discutir cuáles serán las preguntas, porque no quiere saturar a la sociedad guayaquileña. En lo político buscamos comunicar de una manera muy fácil, que las preguntas sean entendibles. He sido profesora de derecho y por ahí vienen todas las críticas al legalismo y que debió decir tal cosa y no otra. No es fácil”, reconoció ante la prensa.

Dijo que no pretendían corregir su primera propuesta, sino que “se está preguntando a la ciudadanía para que ejerza su poder directo y nos diga un sí o un no claro. No nos enredemos en temas de técnica. Esto es político, es un empoderamiento de la ciudadanía”.

Justificó que estas cinco preguntas serían fundamentales y que Daniel Noboa no necesita hacer una consulta para legitimarse. “No es un pretexto para legitimarse en nada. Hemos recibido un país con grave problema de liquidez…”, expresó.

Se proyectaba que su consulta se votaría a finales de marzo o a inicios de abril, pero los plazos podrían alargarse por la posibilidad de nuevos textos.

Se conoció que ha habido acercamientos con autoridades de la Corte Constitucional para aclarar los tiempos, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe organizar obligatoriamente el referéndum para que el electorado decida sobre la enmienda al artículo 158 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas participen en las actividades de seguridad interna de forma complementaria con la Policía Nacional.

La Constitución en el artículo 442 establece que, una vez aprobada la enmienda en el Legislativo, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes.

No obstante, previamente la Corte Constitucional tendría que hacer un control constitucional de la convocatoria, en la que se verificará el cumplimiento de las reglas procesales para su realización; la competencia en el ejercicio del poder de reforma a la Constitución; y la garantía plena de la libertad del elector y el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.

La enmienda se aprobó el 21 de diciembre de 2022 en el pleno legislativo y, hasta el momento, no se ha notificado el expediente a la CC para su conocimiento.

En el caso de que el plebiscito presidencial tenga un dictamen favorable de la CC y se unifiquen con el referéndum, la Constitución y el Código de la Democracia ordenan que se informará al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones en quince días y la organice en 60 días.

Empero, aumentar el número de preguntas para una consulta no es un hecho nuevo. Sucedió en el mandato del expresidente Guillermo Lasso.

En septiembre del 2022, Lasso envió un primer paquete de preguntas que fueron observadas por los jueces. Finalmente calificaron ocho que se sometieron a referéndum, y se lo hizo coincidir con los comicios seccionales de febrero de 2023.

Un mes después, el 31 de octubre de 2022, el expresidente envió otra propuesta de tres preguntas de consulta para el control automático de constitucionalidad, cuyo objeto era reformar el COIP y la Ley de Régimen Tributario.

El proceso lo tramitó la jueza Carmen Corral, y desde el envío (el 31 de octubre) hubo un pronunciamiento del pleno 28 días después, es decir, el 28 de noviembre de 2022.

Los jueces reconocieron la realidad por la que atravesaba el país y los tiempos electorales, pero exhortaron a Lasso a presentar esos temas a la Asamblea Nacional a través de proyectos de ley.

Y a la Asamblea la exhortaron “a sintonizar con las necesidades urgentes del país y cumplir su rol de legislador responsable”. (I)