Con un techo presupuestario por los $ 253.000 contaría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para cubrir la organización de los concursos públicos de oposición, méritos e impugnación ciudadana de selección de las autoridades de ocho organismos de control del Estado.

El Consejo de Participación Ciudadana aprobó este 27 de septiembre la proforma presupuestaria para el 2023, para lo que el Ministerio de Finanzas asignó un techo que asciende a los $ 7′430.482.

De este rubro, $ 6′346.090 se estiman para los ‘egresos en personal’, relacionado con las remuneraciones de los servidores del organismo; otros $ 831.000 para ‘bienes y servicios de consumo’; y $ 253.391 que irán a una partida denominada de egresos corrientes, que se creó para los concursos y el pago de las dietas de los comisionados ciudadanos.

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El organismo está llevando a cabo ocho concursos de selección de autoridades mediante comisiones ciudadanas, que agrupan a cinco representantes elegidos por la ciudadanía u organizaciones sociales y cinco representantes de las funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

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La ley del Consejo en su artículo 65 establece que quienes sean comisionados percibirán dietas correspondientes al 3,3 % del salario mensual de un consejero.

Sobre esa base, en este 2022 está previsto que tres comisiones ciudadanas se conformen para iniciar con los concursos públicos para designar a los titulares de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública y una más para elegir a los dos vocales principales y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En tanto que para el 2023 se prevé la integración de las comisiones que designarán a los titulares de la Defensoría del Pueblo, a dos jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), los 25 delegados de la sociedad civil ante los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI), para los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y los dos delegados ante el Comité Nacional de Desarrollo Fronterizo.

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En total, el CPCCS estima que se requeriría del Ministerio de Finanzas un monto presupuestario que bordea el $ 1′300.000.

Esta proforma presupuestaria por los $ 7,4 millones se aprobó por la mayoría del Consejo, con los votos de los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.

Los vocales de minoría Sofía Almeida, Javier Dávalos y David Rosero se abstuvieron al cuestionar que la planificación estaba mal elaborada y no contempla los recursos necesarios para organizar dichos concursos.

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Dávalos por ejemplo anotó que “no hay una hoja de ruta” para avanzar; mientras Rosero advirtió que los $ 253.000 es insuficiente, pues “no se tiene una idea clara de cuánto cuesta cada proceso”.

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Criticó a los consejeros de mayoría porque pese a que se “entregaron” al gobierno de Guillermo Lasso, este presupuesto demuestra que “los recursos no fueron asignados”.

Más crítica fue Sofía Almeida que los acusó de “ineficientes” por no gestionar los valores que se requieren para el funcionamiento del Consejo y al contrario, lo que ella advierte es que se quiere “dejar sin recursos” para organizar los concursos de selección de las autoridades.

Lamentó que en esta programación se aumentó $ 1 para el pago de horas extras de los servidores del Consejo, que hay vehículos para la movilización de los vocales que están dañados y que incluso ella debe poner de su “pecunio” para pagar los daños que sufre el vehículo que la moviliza.

De su lado, el presidente Hernán Ulloa defendió el techo presupuestario planteado y que con su administración se ha mejorado la gestión del presupuesto, pues se pudo pagar las horas extras de los conductores “que estuvieron un año pidiendo de rodillas que se haga efectivo el pago y jamás tuvieron empatía con esta problemática”.

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Ofreció que para los concursos públicos los valores se reducirán de, por ejemplo, $ 70.000 que se estimaba en la presidencia de Almeida, a $ 5.000.

En esa línea, pidió al área administrativa que elabore un informe “pormenorizado” de cómo se ha invertido el presupuesto en los ocho meses que él lleva en la presidencia del organismo, frente a cómo se llevaba con su antecesora.

Reveló que hay una “denuncia verbal” que ha llegado a su despacho, de un ciudadano al que se le habría adjudicado un contrato en la administración de Sofía Almeida y quien era el director administrativo había, supuestamente, realizado exigencias de que se entreguen valores a nombre de otro consejero.

Almeida se defendió y respondió que fue en su administración que se gestionó para pagar las horas extras adeudadas a los conductores. “Estas palabras sueltas al aire del consejero Hernán Ulloa no podemos permitir como funcionarios, no podemos permitir que se desprestigie nuestra honra. Si hay alguna cosa que el consejero tenga que hacer, tiene que denunciarlo como corresponde a las autoridades y no basarse en comentarios que le hicieron en la institución. Demuestre con documentos sus aseveraciones”, le increpó. (I)