Una vez que ya ha sido notificado el Consejo de la Judicatura (CJ) con el auto de llamamiento a juicio de los ahora inhabilitados vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, procesados por el delito de tráfico de influencias, la Dirección General del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial asegura que cumplirá en su “integralidad y de manera inmediata” lo dispuesto en sentencia por el juez de la Corte Nacional Walter Macías.

La madrugada de este jueves, el magistrado nacional, luego de una jornada de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, resolvió llamar a juicio a Barreno y Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhayya. Según el juez, existen los elementos suficientes para presumir la participación de los tres acusados en una injerencia y presión contra un juez que llevaba una acción de protección solicitada por la expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori para evitar su destitución.

“La Dirección General (del CJ), en virtud de sus atribuciones previstas en el artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, cumplirá en su integralidad y de manera inmediata de conformidad con los procedimientos administrativos de rigor la orden judicial de la autoridad competente”, indicó la Judicatura mediante un comunicado público.

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Lo que le corresponde acatar al Consejo de la Judicatura es proceder con la confirmación de la inhabilidad para seguir en el cargo dispuesta en la sentencia de Macías contra Morillo y Barreno, como vocales del CJ en lo administrativo, y Jhayya, quien será inhabilitado en lo jurisdiccional como juez provincial de Pichincha.

En el artículo 77, numeral tres, del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla de las inhabilidades, explica que no puede ser nombrado o desempeñar un puesto o cargo en la Función Judicial quien hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto.

Las autoridades del Consejo de la Judicatura ya habrían dispuesto a las áreas técnicas instrumentar inmediatamente las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto legalmente en sentencia del caso Vocales. Lo que se esperaría es que se elaboren y emitan las respectivas acciones de personal relacionadas con los tres acusados y así se ejecute el mandato jurisdiccional dictado por Macías.

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El juez Macías dispuso, además, que se oficie al Ministerio del Trabajo para que registre la inhabilidad por auto de llamamiento a juicio de los tres procesados: dos como coautores (Barreno y Morillo) y uno como cómplice (Jhayya). A más del director general del CJ, el magistrado ordenó que sea notificado con esta sentencia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como autoridad nominadora de los vocales de la Judicatura.

También se decidió informar a la Contraloría General del Estado para que lleve adelante las acciones pertinentes. Macías advirtió a todos los estamentos de las instituciones mencionadas que en el caso de incumplir este mandato caerían en la conducta establecida en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, delito que genera penas que van de uno a cinco años de cárcel.

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Otro de los temas en los que deberá existir una resolución del CJ es titularizar a los vocales suplentes de Barreno y Morillo, aunque en el caso de este último en el Consejo de Participación Ciudadana no se ha avanzado en la designado de quien reemplace al vocal alterno Jaime de Veintimilla, quien renunció de forma irrevocable en enero pasado. (I)