Inasistencia de abogados de Maribel Barreno, vocal de la Judicatura, provoca que por cuarta ocasión no se instale audiencia por tráfico de influencias

El cambio de abogado de defensor de la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno, presentado solo minutos antes de la hora fijada para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso denominado Vocales, obligó al juez Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a no instalar la mañana de este viernes, 22 de septiembre, la diligencia por cuarta ocasión en menos de un mes.

Barreno, junto con su compañero de pleno en la Judicatura Juan José Morillo, y el juez de Pichincha Vladimir Jhayya, son procesados por el delito de tráfico de influencias. La investigación contra ellos arrancó el 15 de junio de 2022, luego de conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la vocal Barreno pedía aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución.

Al menos cinco escritos presentó Barreno entre el jueves último y la mañana de este viernes al despacho de Macías. En uno de los escritos, la vocal pedía que el juez Macías se excuse de seguir en el caso porque, para ella y su defensa, el magistrado había perdido la imparcialidad en este caso y mantenía una enemistad manifiesta contra la procesada. Macías resolvió rechazar la petición al definirla como improcedente y resaltando que la causal invocada ya fue resuelta por el juez Felipe Córdova.

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La vocal Barreno anteriormente había ya presentado una demanda de recusación y una queja administrativa por manifiesta negligencia contra Macías. Ninguna de estas dos acciones avanzó, pues fueron rechazadas la primera por un juez de la CNJ y la segunda con 17 votos en el pleno de la Corte Nacional. El juez Macías asegura que su imparcialidad dentro del caso estaba intacta y sus actuaciones se han regido por lo que dice la Constitución y ley.

Las restantes cuatro solicitudes tenían que ver con pedidos para diferir la causa porque sus dos primeros abogados no podían asistir a la diligencia: la primera por tener una cita para un implante dental y el segundo abogado por tener otra audiencia este mismo viernes, pero a las 14:30. En los siguientes pedidos, Barreno, notificada del relevo de su defensa a los dos abogados, colocaba a otro, Juan Carlos Salazar, y pedía que se difiera la diligencia para que el nuevo defensor tenga el tiempo adecuado para inteligenciarse del expediente.

A esta convocatoria asistió de forma presencial el juez Jhayya y su defensa, mientras que de manera virtual el vocal Murillo y sus dos abogados. En cambio, ni Barreno ni su nuevo abogado se presentaron en la sala para fundamentar sus pedidos de que no se instale la audiencia. Incluso, Macías consultó a la secretaria si no estaba conectada vía telemática la vocal procesada, pues quería escuchar directamente de ella lo que tenía que decir sobre los pedidos hechos.

“Con sorpresa, una vez más nos encontramos ante una acción dilatoria para que no se instale esta audiencia. Me permito corregir al señor secretario: que no han sido tres, sino cuatro las ocasiones para que se realice esta audiencia: el 25 de agosto, el 7, el 11 y el 22 de septiembre. (...) Como habían solicitado el diferimiento y no tenían una razón lógica para justificar esta ausencia, mediante una argucia adicional se presenta un nuevo defensor desautorizando a los dos: a la señora que se iba a implantar la muela y al abogado que tenía la audiencia a las 14:30; y, sin embargo, le autoriza a un defensor que no se ha presentado”, indicó la fiscal general, Diana Salazar.

La Fiscalía General y la Procuraduría General del Estado le solicitaron al juez Macías que no difiera la diligencia, sino que más bien le dé un tiempo adecuado de media hora o una hora al defensor público que estaba en la audiencia para que se empape del expediente y asuma la defensa de la vocal ausente. La abogada de la Procuraduría fue más allá y pidió que los abogados que no asistieron sean sancionados.

Jesús López, abogado de Jhayya, señaló que ellos estaban listos para la audiencia, pero resaltó el derecho que tiene su cliente a una justicia expedita, célere y a que ya se dilucide la situación jurídica de su representado. De su parte, Julio César Vasco, abogado del vocal Morillo, dejó en manos del juez la decisión por tomar ante los pedidos presentados por Maribel Barreno, pero recordó que el primer diferimiento se dio por pedido de la fiscal Salazar, el segundo por temas relacionados con los abogados de Vladimir Jhayya y el tercero solicitado por ello al haber recibido un informe a poco tiempo de la audiencia.

Más de 30 minutos le tomó al juez Macías decidir no instalar la audiencia. Explicó que le causa admiración el que no haya asistido a la diligencia ninguno de los abogados, pese a que existía la vía telemática para conectarse. Respecto a los documentos para justificar el tema médico, el magistrado dijo que no estaban avalados por ninguna instancia de la red pública de salud.

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“Más allá de las inconsistencias en los pedidos de los defensores y las varias peticiones consecutivas que se ha evidenciado buscan dilatar esta audiencia, porque hay que ser honestos, que eso es lo que ocurre: son muy consecutivas, dejo en claro a la partes procesales, inclusive a quien hace las peticiones, que sí existe una garantía de imparcialidad en este juzgador, lo que me hace reflexionar que, pese a que el doctor Pául Guerrero, defensor público, está presente y hay un defensor que está autorizado recientemente, debo garantizar aunque sea que se presente a comparecer en defensa de Maribel Barreno, quien ni siquiera se ha presentado para escuchar la decisión que estoy adoptando”, explicó Macías.

Para garantizar el derecho a la defensa de Barreno, el juez Macías decidió no instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero aclaró que, al ser un derecho de todos los procesados el que se dilucide su situación jurídica, la nueva audiencia quedaba señalaba para el próximo miércoles, 27 de septiembre, a las 08:30.

Dispuso además que los tres abogados que no asistieron a la audiencia sean sancionados con una multa de dos salarios básicos unificados ($ 900) y que el defensor público, Paúl Guerrero, está convocado de foma obligatoria y presencial para que asuma la defensa de cualquiera de los tres procesados que no acuda a la diligencia con sus abogados de confianza. (I)