Los atentados perpetrados contra funcionarios e instalaciones del sistema judicial fueron el motivo que convocó a una reunión de las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), así como de representantes de la Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, Policía Nacional y el gremio de magistrados y jueces.
El encuentro se desarrolló la tarde del lunes en Quito. Entre las resoluciones que se adoptaron se destaca que el pleno del Consejo de la Judicatura impulsará la inmediata aprobación del Protocolo a la Integridad Física y Vida de los Servidores de la Función Judicial, informó el Departamento de Comunicación del consejo. No se adelantaron detalles del contenido ni alcances de dicho protocolo.
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Además se solicitará al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) que en la próxima reunión se trate como punto prioritario la situación de los servidores judiciales.
Capturan a dos sospechosos de explosión en Unidad Judicial de Portoviejo
El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, señaló que desde febrero de 2023 la Función Judicial ha sido blanco de varios “ataques sistemáticos y generalizados”, que se han producido a través de amenazas de bombas en unidades judiciales de Pichincha, Manabí, Imbabura, Los Ríos y Guayas. Mencionó que se provocó un incendio en la Unidad Judicial Civil de Esmeraldas y que una persona privada de la libertad fue asesinada en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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Recordó que un juez de Manabí fue atacado, un fiscal de Durán fue asesinado y una explosión en la Unidad Judicial Penal de Portoviejo causó heridas a tres personas, entre ellas una menor de edad.
Según Terán, los ataques que se han registrado “son eventos que no pueden ser analizados de manera aislada”.
Ante esta problemática, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, comentó que es necesario mantener un espacio de coordinación entre las entidades de la Función Judicial a fin de estructurar acciones que permitan detener los atentados.
En representación de los jueces intervino Alberto Montenegro, quien comentó que existe preocupación para proteger a los ciudadanos y juzgadores.
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La última arremetida ocurrió el 7 de julio en el Complejo de Santo Domingo, donde explotó un artefacto de tipo granada que fue lanzado por un sujeto que se movilizaba en un vehículo sin placas, según información de la Policía.
Al día siguiente, la Policía capturó a Ángel Daniel M. V. y Jorge Eduardo A. M., presuntos implicados en el ataque. El comandante de la institución, Fausto Salinas, reportó que entre los indicios encontrados están dos vehículos, uno de los cuales habría sido utilizado para este ilícito. (I)