El Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador buscan mediante una acción de protección, con medidas cautelares, suspender definitivamente el Concurso de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para la selección y designación de siete jueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que lleva adelante el Consejo de la Judicatura (CJ).
Ante la existencia de supuestas irregularidades y la poca transparencia en el proceso, el presidente de estos dos organismos, Paúl Ocaña, presentó la mañana de este miércoles, 29 de noviembre, este recurso en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Para Ocaña lo que se pretende es meterle la mano a la justicia y designar jueces a dedo en el máximo órgano de justicia ordinaria del país.
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Entre las irregularidades que menciona el titular de los abogados del país está el que en unos casos se hayan aplicado rigurosamente las normas del concurso y en otros no. Como ejemplo tomó el caso de una participante que actualmente es jueza de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y que por no presentar la documentación dentro del tiempo especificado se le calificó con cero, pero a otro postulante que también tenía la misma situación sí se lo calificó la documentación entregada a destiempo.
Otra situación en la que no ve mucha transparencia es en la designación del Comité de Expertos elegido para el concurso. Según Ocaña, los profesionales escogidos no tienen la experticia necesaria, sino más bien estarían ahí para centrarse en temas más políticos.
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También la repetición de la prueba de confianza para los postulantes que quieran llama mucho la atención al representante de los abogados de Pichincha y el país. De acuerdo con Ocaña, el que algunos participantes vuelvan a rendir la prueba de confianza y no todos violenta el principio de igualdad formal y material. “Esto empaña este concurso de jueces que toda la sociedad civil y quienes estamos dentro del sistema judicial necesitamos que sea transparente, claro y creíble”.
Ocaña lamenta que el CJ, presidido por Wilman Terán, pese a las críticas continúe con el concurso. A lo que se refiere es, por ejemplo, a las observaciones y preocupaciones sobre partes del proceso realizado dentro del concurso hechas por parte de la Misión Internacional de Observadores, liderada por los juristas Jaime Arellano y Diego García Sayán.
“Muchas personas hemos levantado la voz e incluso una Comisión Internacional está analizando el tema, con Diego García Sayán a la cabeza. Pero nosotros ya hemos presentado una acción de protección, que es la vía judicial para suspender el concurso. Por eso las medidas cautelares llevan la solicitud de la suspensión definitiva. (...) Quieren poner jueces a dedo y eso es evidente. Es evidente cuando les piden que nuevamente den la prueba de confianza. ¿La pregunta que salta es que las personas que querían que vayan como jueces no sacaron la nota que deseaban y por eso pedían que vuelvan a rendir esta prueba de confianza?”, afirmó Ocaña.
El presidente de la Federación y Abogados del Ecuador piensa que si esto se toma con seriedad, a más tardar el viernes la jueza a cargo del caso podría estar resolviendo el tema.
Para los solicitantes de la acción de protección, lo que debe existir es un borrón y cuenta nueva del concurso, pero ya no con este CJ. Para Paúl Ocaña, el actual pleno de la Judicatura debe dar un paso al costado porque todos han sido cuestionados. “Dos exvocales están con llamamiento a juicio, dos están con una formulación de cargos pendiente, uno de ellos con una investigación por lavado de activos. Qué creíble es para la sociedad que ellos sean los que van a designar a los nuevos jueces”.
Actualmente 190 postulantes siguen en carrera dentro un proceso que se inició el 28 de julio pasado con la fase de convocatoria. Tentativamente se cerraría el concurso el 1 de febrero de 2024 con la emisión del informe final y resolución de ganadores. (I)